|
|
 |
|
 |
 |
 |
| |
|
Noticia Extra
|
 |
Medidas extraordinarias para fiscalizar a las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento durante el fenómeno del Niño
El día de hoy la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) oficializó las "Disposiciones extraordinarias en materia de fiscalización aplicables a las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento en el marco del fenómeno de El Niño". La medida, adoptada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 048-2026-Sunass-CD, tiene como finalidad garantizar la continuidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, así como la adecuación temporal de determinadas obligaciones regulatorias a las condiciones excepcionales generadas por dicho fenómeno.
Noticia generada en nov. 17/26 (09:19 a. m.)
|
|
|
 |
|
 |
 |
Esta iniciativa es de la autoría del diputado Christian Aranda Vásquez, del grupo parlamentario Renovación Popular. El proyecto pasa por proponer la modificación del literal c) del artículo 44 de la Ley N.° 31557, que regula la explotación de los juegos y las apuestas deportivas a distancia, para incluir expresamente a la infraestructura turística entre los destinos del 75 % de los recursos que la norma asigna al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Esta propuesta mantiene sin cambios los porcentajes de distribución vigentes y no crea nuevas fuentes de financiamiento, fondos especiales ni entidades administrativas. Asimismo, no modifica las competencias de los distintos niveles de gobierno, ya que limita el uso de los recursos a las funciones que la legislación sectorial vigente reconoce al Mincetur.
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ Juegos y apuestas deportivas a distancia pagarán el 12 % de impuesto
 |
La aplicación de una derogación tácita no es razón suficiente para justificar una sentencia condenatoria por el delito de prevaricato
Al evaluar este caso, que versa sobre una sentencia por el delito de prevaricato, el Tribunal Constitucional considera que, queda claro que, en la fundamentación de la Sala Superior demandada, no se ha justificado adecuadamente las razones que sustentan la configuración del delito atribuido [prevaricato] ni se ha tenido en cuenta que, "en un supuesto de derogación tácita, existe un margen de interpretación y de aplicación que difiere de una derogación expresa, siendo este último supuesto, un caso manifiesto de contravención a la normatividad y que puede dar lugar al tipo penal de prevaricato. Por el contrario, en la derogación tácita dada la incompatibilidad sobreviniente entre las normas, existe una mayor probabilidad de que el juzgador incurra en un error de interpretación y no por ello, dicha conducta debiera ser catalogada como delito (...). En tal sentido, este tribunal estima que la resolución judicial en cuestión se encuentra desprovista de una suficiente, adecuada y razonable justificación. Y es que, a juicio de este colegiado, una sentencia condenatoria exige un estándar reforzado de motivación o más allá de toda duda razonable que genere la certeza suficiente y que se funde en razones objetivas y sustentadas en el ordenamiento jurídico. Razón por la cual, en el presente caso, se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales" (sic). Sobre la sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema (CS), el TC señaló que "dicho órgano jurisdiccional confirma la sentencia condenatoria en virtud de: (i) que el delito de prevaricato puede efectuarse ya sea que se trate de una derogación expresa o tácita y que (ii) se ha acreditado la conducta dolosa pues el beneficiario tenía la capacidad de saber que la ley en la que se basó se encontraba derogada (...). En ese orden de ideas, y en la línea de lo sostenido en el fundamento 33 supra, no resulta razonable que el argumento que atañe a la derogación tácita constituya razón suficiente para justificar una sentencia condenatoria por el delito imputado y, por ende, la privación de libertad del beneficiario. Razón por la cual, la resolución suprema antedicha también vulnera el derecho a la debida motivación" (sic). (V. P. Hernández Chávez)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La pena precisa de la "lesión o puesta en peligro" del bien jurídico penalmente tutelado (lesividad)
+ El derecho penal solo se utiliza cuando no funcionen otros medios del ordenamiento jurídico
+ El principio de lesividad no se encuentra expresamente contemplado en el texto constitucional
 |
Existe la motivación por remisión a dictámenes, decisiones o informes anteriores
Siempre que estos sean identificables, pues así se integran al acto, lo acompañan y son notificados al administrado. Esto se encuentra relacionado con la debida motivación del acto administrativo, que se puede sostener en dictámenes, decisiones e informes anteriores; esto es, el acto administrativo puede remitirse o ampararse perfectamente a lo que se ha encontrado en otros informes o dictámenes, a condición de que aquellos sean identificables; entonces, puede fundamentarse en los hechos establecidos en un determinado informe siempre y cuando este sea acompañado al acto administrativo y debidamente notificado al administrado. "El principio de verdad material establece como regla general que la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que servirán de motivo a sus respectivas decisiones y adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley para lograr dicho propósito. Siendo ello así, las actuaciones probatorias de las autoridades administrativas tienen que estar dirigidas a la identificación y comprobación de los hechos reales producidos y a constatar la realidad, independientemente de cómo dichos hechos hayan sido alegados y, en su caso, probados por los administrados participantes en el procedimiento" (sic). (V. P. Corante Morales)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
 |
La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo
Siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC), en el fundamento octavo de la sentencia recaída en el Expediente N.° 2192-2004-AA-TC, la Corte Suprema (CS) explica que "la motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático de Derecho. En un Estado constitucional democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso (...). Por lo tanto, el derecho a la motivación de los actos administrativos que forma parte del derecho al debido procedimiento administrativo, garantiza que la decisión dictada por la administración sea el resultado de un análisis razonado de los hechos y aplicación o interpretación de las normas que resulten pertinentes al caso; expresión que debe ser adecuada y suficiente para que no se configure un acto arbitrario que perjudique los intereses del administrado, lo cual, corresponde ser garantizado por la autoridad administrativa que la emite (...). En atención a lo expuesto, podemos establecer que la administración tiene la obligación de motivar sus decisiones administrativas, a fin de que los administrados puedan conocer las razones que han conllevado a la expedición de las mismas (...)" (sic). (V. P. Corante Morales)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La administración pública en un Estado constitucional democrático está subordinada al derecho
 |
En el feminicidio, el motivo por el que el sujeto activo le quita la vida a la mujer se halla en el incumplimiento de la víctima de un estereotipo de género que el sujeto activo le asigna como rol y mandato
Con lo establecido por el Acuerdo Plenario N.° 1-2016-CJ-116 y el Acuerdo Plenario N.° 9-2019-CIJ-116, la Corte Suprema (CS) recuerda que el delito de feminicidio establece como conducta típica que un hombre mate a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los contextos señalados en la norma. El elemento típico "por su condición de tal" es lo que determina la naturaleza de este delito, pues significa que el motivo por el que el sujeto activo le quita la vida a la mujer (sujeto pasivo) es porque aquella incumple un estereotipo de género que el sujeto activo le asigna como rol y mandato, que es reflejo de las estructuras de poder de una sociedad estereotipada que se mantiene en el tiempo. "Así, para la comprensión y adjudicación interpretativa de este elemento normativo del tipo 'por su condición de tal', se debe recurrir al marco jurisprudencial nacional, recaído por ejemplo en el Acuerdo Plenario 9-2019-CJ-116 (párrafo 20), donde señala que la agresión contra una mujer por su condición de tal es aquella que es perpetrada por el agente contra la mujer a causa del incumplimiento o imposición de estereotipos de género; y el Recurso de Nulidad N.° 453-2019, Lima Norte, donde se reafirmó esta interpretación del elemento 'por su condición de tal'; y en su fundamento 9 nombró los siguientes estereotipos de género frecuentemente asociados al feminicidio: la mujer es posesión del varón que es, o desea ser, su pareja; la mujer es la encargada de tareas de cuidado; la mujer es objeto de placer sexual; la mujer debe ser recatada en su sexualidad; la mujer deber ser femenina; la mujer debe ser sumisa frente al varón (...) (sic). (V. P. Terrel Crispín)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ Los estereotipos de género: no toda muerte de una mujer se configura como feminicidio
+ Los jueces deben evaluar si en un posible caso de feminicidio se presentan o no los llamados estereotipos de género
 |
Mientras el error de prohibición alude a la falsa apreciación de la realidad jurídica conocida, el error de tipo se relaciona con la falsa representación de la realidad (hechos)
La Corte Suprema (CS) descartó que, en el caso, no se aprecia una falsa percepción material o distorsión de la realidad, pues el encausado reconoce, en su calidad de fiscal adjunto provincial provisional del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo (sujeto activo), haber emitido la disposición fiscal de archivo definitivo (acción y objeto material) en la investigación penal seguida contra Ana (...), con conocimiento de su identidad y cargo como jueza (persona investigada). Entonces, para la máxima instancia judicial, "(...) el defecto no recaería en el hecho físico, sino cognitivo (alcance de la ley), pues su cuestionamiento gira en torno a circunstancias que habrían influido en su desconocimiento de la norma (...). De ahí que, cuando la defensa del encausado sostiene que este actuó bajo la creencia errónea de obrar conforme a derecho o alegando el desconocimiento del marco legal prohibitivo, describe conceptualmente un error de prohibición. Pues, el segundo párrafo del artículo 14 del CP refiere que dicho error recae sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal (generando una falsa apreciación de la realidad jurídica conocida) (...). Sobre el particular, cabe advertir que la Sala Penal Especial aplicó motu proprio (sin mediar requerimiento) los alcances del artículo 14, segundo párrafo, del CP (error de prohibición vencible), al estimar que el acusado, por ignorancia en el conocimiento eficiente de la norma, creyó que tenía autorización para pronunciarse sobre la investigación de una aforada, cuya circunstancia fue valorada a efectos de atenuar la pena (...). No obstante, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, el error de prohibición opera cuando no es posible imputarle al autor el conocimiento de la normativa jurídico-penal, debido a que solo quien conoce el orden normativo se encuentra en condiciones de adoptar una posición frente a este (...)" (sic). (V. P. Peña Farfán)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
 |
El Indecopi es competente para analizar los casos en los que el proveedor no haya cumplido con emitir los comprobantes de pago
Para el Tribunal del Indecopi, la obligación de entregar "un comprobante de pago existen dos (2) relaciones totalmente diferentes entre sí: (1) relación contribuyente-Estado y (2) relación consumidor-proveedor. Siendo que, en la primera, el estado fiscaliza la expedición de los comprobantes de pago, dado que se trata de una obligación tributaria, pero en la segunda, se tutela la expectativa del consumidor de recibir una constancia de pago conforme a las normas tributarias (...). Así, en el marco del deber de idoneidad, un consumidor espera contar con un documento formal exigido por las normas tributarias, es decir, un comprobante de pago, al margen de que existan otros documentos para acreditar el pago efectuado en el marco de la contratación de un producto o servicio (...). Lo anterior, en tanto constituye una garantía legal en toda contratación de bienes y servicios el que el proveedor de estos extienda un comprobante de pago formal al consumidor, documento que por excelencia ofrecerá a este todas las garantías y respaldo ante cualquier situación que pueda presentarse respecto del bien o servicio contratado (...). En especial, en materia de servicios de cuidado de vehículos, en los cuales el comprobante de pago cobra especial relevancia para probar la relación de consumo entablada entre el proveedor y el consumidor, pues a partir de este documento se podrá evaluar la responsabilidad de la empresa que vigilaba el vehículo del consumidor (...). En ese sentido, esta sala considera que, no basta con extender al consumidor un documento que, aun cuando permita acreditar el pago efectuado al proveedor, no constituya un comprobante de pago reconocido por las normas tributarias, siendo el comprobante de pago el documento regular y que por exigencia legal debe ser entregado a los consumidores (...). Por otro lado, cabe señalar que, si bien la falta de emisión y entrega de comprobante de pago constituye una infracción a la normativa tributaria, ello no excluye que una situación de ese tipo afecte las legítimas expectativas de un consumidor y constituya, a su vez, una infracción del deber de idoneidad previsto en el artículo 19 del Código, pues, tal como se ha señalado, forma parte de la garantía legal que determina la idoneidad del producto o servicio contratado y es una obligación que se enmarca en la relación proveedor consumidor, distinta de la relación Estado-contribuyente, como ha sido señalado anteriormente (...). Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si bien la Sunat fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones tributarias -entre ellas la emisión de comprobantes de pago que contengan información real y fidedigna- esta no brinda una tutela a los consumidores, como sí la brinda el Indecopi (autoridad con competencia primaria en materia de protección al consumidor), dado que dicha entidad no vela por los intereses de los usuarios ante una afectación concreta de sus derechos por parte de un proveedor (...). Aunado a lo anterior, a diferencia de Indecopi, la Sunat no se encuentra facultada para ordenar medidas correctivas en favor de los consumidores afectados ante una infracción cometida por parte de un proveedor, en lo que se refiere a la falta de entrega de los comprobantes de pago, lo cual implica que dicha entidad no cuenta con un mecanismo tuitivo que le permita velar por los derechos de los consumidores y ordenar la entrega de dicho documento (...). En síntesis, este colegiado considera que, en principio, el Indecopi es una entidad competente para analizar los casos en los que el proveedor no haya cumplido con emitir los comprobantes de pago, entendiéndose este, como un documento que no solo acredita el pago del producto o servicio, sino que, además, cumpla con los requisitos y características establecidas por la normativa tributaria (...)" (sic). (Pres. Montoya Alberti)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
 |
Improcedente la independización de un predio si el informe del área de catastro determina con certeza que se ubica fuera del ámbito del predio matriz indicado en el título
El Tribunal Registral (TR) declaró la improcedencia de la independización de un predio ubicado fuera del predio matriz. Según anotó la instancia registral, no corresponde independizar un predio cuando el informe del área de catastro determina con certeza que se encuentra ubicado fuera del ámbito del predio matriz indicado en el título. (V. P. Karina Rosario Guevara Porlles)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
La presentación tardía de pruebas no garantiza su admisión, el contribuyente debe cumplir el plazo legal, justificar la omisión y garantizar o cancelar el monto en discusión
De conformidad con los artículos 125, 141 y 148 del Código Tributario (CT), el contribuyente debe presentar los medios probatorios nuevos dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contado desde la interposición del recurso de reclamación o de apelación, según corresponda. Asimismo, debe acreditar que la omisión de su presentación en la etapa anterior no le es imputable. Adicionalmente, cuando corresponda, el apelante debe cancelar el monto impugnado vinculado a las pruebas no presentadas o no exhibidas actualizado a la fecha de pago o presentar una carta fianza bancaria o financiera por dicho importe actualizada hasta por doce (12) meses. Este criterio, fue establecido por el Tribunal Fiscal (TF) en las RTF 08217-12-2023, 06528-4-2022, 09504-12-2023, 04658-9-2019 y 03113-1-2006, donde delimita la oportunidad y las condiciones bajo las cuales la administración tributaria y el TF admiten y valoran pruebas incorporadas con posterioridad. (V. P. Velásquez López Raygada)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La presentación de documentación probatoria debe indicar qué hecho pretende probar
 |
El Tribunal Registral delimita los criterios para inscribir una cláusula resolutoria expresa
En una Separata Especial del Diario Oficial "El Peruano" se publicó el precedente de observancia obligatoria aprobado en sesión extraordinaria del Pleno N.° 328 del Tribunal Registral, modalidad mixta, realizado los días 2 y 3 de noviembre del 2026, que establece lo siguiente: "Cláusula Resolutoria Expresa. Para su inscripción, la cláusula resolutoria expresa debe establecer como causa de resolución el incumplimiento por una de las partes de determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión, conforme al artículo 1430 del Código Civil, y no el incumplimiento de prestaciones genéricas. Si la cláusula accedió al Registro, no procede reexaminar si cumplió o no con dicha exigencia, en mérito al principio de legitimación. Para levantar una cláusula resolutoria expresa inscrita se requiere la presentación de instrumento público otorgado por la parte favorecida con la resolución o mandato de órgano jurisdiccional (...)" (sic).
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
 |
¿Cuándo corresponderá continuar con los siguientes postores en el orden de prelación de las ofertas?
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) precisó que, de acuerdo con el artículo 132 del reglamento, las actuaciones previstas en este artículo deben desarrollarse de manera secuencial, teniendo como punto de partida al postor que obtuvo el mejor puntaje total, siempre que su oferta económica supere la cuantía del procedimiento de selección. En ese supuesto, corresponde gestionar, en primer término, la ampliación de la certificación o previsión presupuestal y, de no contarse con los recursos necesarios, iniciar las negociaciones con dicho postor. Solo después corresponde continuar con los siguientes postores en el orden de prelación de las ofertas cuando: "i) el postor que obtuvo el mejor puntaje total no acepte la reducción de su oferta económica ni la reducción de prestaciones o condiciones del requerimiento; o ii) producto de la negociación, dicho postor reduzca su oferta económica a un monto que aún sea superior a la cuantía del procedimiento de selección, se vuelva a solicitar la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y/o previsión presupuestal a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, y, nuevamente, no se cuente con los recursos suficientes; en ese supuesto, también se puede optar por declarar desierto el procedimiento de selección. Por consiguiente, si la oferta económica del postor que obtuvo el mejor puntaje total no supera la cuantía del procedimiento de selección, no corresponde realizar actuaciones respecto de la oferta del segundo postor por el solo hecho de que esta exceda dicha cuantía; en particular, no resulta necesario gestionar una ampliación presupuestal para cubrirla ni negociar con este la reducción de su oferta económica (...)" (sic). (Director Técnico Normativo. Héctor Marín Huamán)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
 |
Servir precisa cuándo una cláusula de un convenio colectivo tiene carácter temporal
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisa que, conforme con el numeral 17.5 del artículo 17 de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal (LNCSE) y al literal c) del artículo 29 de los Lineamientos, aprobados por el Decreto Supremo N.° 008-2022-PCM, las cláusulas de los convenios colectivos tienen carácter permanente, salvo que las partes acuerden expresamente una vigencia temporal. En este último caso, la cláusula pierde sus efectos y deja de ser exigible cuando vence el plazo o se cumple la condición pactada. No obstante, Servir señala que, si bien las partes pueden establecer la temporalidad mediante una fecha de inicio y otra de término, no necesitan utilizar obligatoriamente esta fórmula, pues también pueden recurrir a otras modalidades, siempre que permitan determinar objetivamente cuándo comienza a surtir efectos la cláusula y cuándo deja de ser exigible. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil. Sixto Joseph Barriga Albis).
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La entidad pública debe verificar los requisitos específicos para otorgar los beneficios del convenio colectivo
 |
Cambio jurisprudencial: se admite el concurso de delitos por actos de violencia intrafamiliar
La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la pena de seis años y cuatro meses de prisión por violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, contra un hombre que ejerció violencia verbal y física contra su pareja. Se acreditaron tres actos autónomos dirigidos contra la misma víctima, ejecutados en distintos momentos, lugares y contextos, con diferentes motivos desencadenantes y diversos niveles de afectación. La Sala Penal había sostenido que cuando una persona maltrata física o sicológicamente de forma repetida a uno o varios integrantes de su núcleo familiar no había concurso material de delitos de violencia intrafamiliar, debido a que el bien jurídico protegido corresponde a la unidad y armonía familiar, por lo que las distintas agresiones se entienden integradas en un único hecho típico y un solo delito. La nueva interpretación jurisprudencial admite la posibilidad de un concurso homogéneo en el delito de violencia intrafamiliar cuando los distintos hechos de maltrato se erigen en autónomos e independientes entre sí, sin conexión con episodios anteriores. El análisis se realiza a partir del contexto específico de cada evento y de las dinámicas propias del núcleo familiar, para determinar si se trata de una sola conducta o de varias claramente diferenciadas. Y es que en el delito de violencia intrafamiliar es posible que, desde una perspectiva subjetiva, se fracture el designio del autor y se rompa la unidad de acción entre un episodio y otro, haciendo jurídicamente inviable el trato como una única conducta punible. Esto ocurre cuando los distintos actos de violencia conservan autonomía y responden a manifestaciones independientes de agresión susceptibles de valoración separada por el Derecho Penal. En ese entendido, solo en escenarios temporales, espaciales y modales claramente diferenciables cabe el concurso de conductas punibles de violencia intrafamiliar, al punto que cada uno de los hechos tenga sustento específico e independiente. No le asistió razón al casacionista, pues el criterio jurisprudencial vigente permite un concurso homogéneo y sucesivo de delito. (M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán)
Noticia generada nov. 17/26 (08:18 a. m.)
 |
Normas publicadas el 17 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 17 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 16 de noviembre del 2026.
Noticia generada en nov. 17/26 (08:00 a. m.)
Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19640
El 18 de diciembre del 2026 vence el plazo para participar en el proceso de la octava licitación del servicio de administración de cuentas individuales
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) amplió hasta el 18 de Diciembre del 2026 el plazo que tienen las empresas que deseen participar en el proceso de la octava licitación del servicio de administración de cuentas individuales a que se refiere la Ley N.° 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, para solicitar la opinión favorable de la citada entidad supervisora para participar en dicho proceso. Se trata de la Resolución SBS N.° 02735-2026, que modifica el artículo segundo de la Resolución SBS N.° 02398-2026 para efectos de la octava licitación del servicio de administración de cuentas individuales.
Noticia generada en nov. 17/26 (09:22 p. m.)
|
|
|
| |
09/07/2026
Resolución del Tribunal Fiscal
8/27/2026
Resolución Indecopi
10/30/2025
Jurisprudencia
|
|
|
Dólar compra - venta
|
S/ 3.710 - S/ 3.717
| |
 |
|
|
Euro compra - venta
|
S/ 3.838 - S/ 4.176
| |
 |
|
|
Libra Esterlina compra - venta
|
S/ -.- . S/ 4.654
| |
 |
|
|
Salario mínimo
|
S/. 1,230
| |
 |
|
|
Asignacion familiar
|
S/. 123.00
| |
 |
|
|
UIT
|
S/. 5,500
| |
 |
|
|
|
|
|