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Noticia Extra
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Lineamiento para atender las solicitudes de emisión del informe técnico legal para acceder al reintegro tributario del IGV
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó los Lineamientos de alcance sectorial, LI N.° 0012-2026-Midagri/DVDAFIR-DGDAA "Lineamientos para la atención de solicitudes de emisión del informe técnico legal para acceder al reintegro tributario del IGV (Ley N.° 32434)" Versión 1, mediante la Resolución Ministerial N.° D000478-2026-Midagri-DM. La implementación de estos lineamientos estará a cargo de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología, y de la Dirección General de Desarrollo Ganadero.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:18 a. m.)
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Avanza una propuesta para crear en la Sunarp un registro de pueblos para colectivos indígenas y afroperuanos
Los congresistas Olver Peña Córdova y Luis Ángel Jibaja Ramos, integrantes del grupo parlamentario Juntos por el Perú, presentaron una iniciativa legislativa para crear el Registro de Pueblos en el Sistema Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), destinado a inscribir la personalidad jurídica de los sujetos colectivos amparados por el Convenio 169 de la OIT. Esta nueva herramienta organizará la información a través de cinco libros específicos: de pueblos indígenas u originarios, de pueblos afroperuanos, de comunidades campesinas y nativas, de rondas campesinas, y de organizaciones indígenas u originarias y afroperuanas. Esta propuesta otorgaría un carácter estrictamente declarativo a este registro, por lo que la inscripción no constituiría un requisito obligatorio ni condicionará el goce de la personalidad jurídica ni de los derechos reconocidos a dichos colectivos.
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
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La nulidad de un acto procesal solo puede decretarse si de por medio están comprometidos, con su inobservancia, derechos, principios o valores constitucionales
La nulidad de los actos procesales está sujeta al principio de legalidad; además, en un Estado Constitucional de Derecho, la nulidad de un acto procesal solo puede decretarse cuando de por medio se encuentran comprometidos, con su inobservancia, derechos, principios o valores constitucionales. En efecto, la nulidad de los actos procesales no se justifica en la simple voluntad de la ley. No admite una consideración de la nulidad por la simple nulidad, porque así se expresa o porque o es voluntad de la ley, sino porque, en el establecimiento de determinadas formalidades que se observen en dicho actos procesales, subyacen bienes constitucionalmente protegidos. Entonces, para el Tribunal Constitucional (TC), "la declaración de nulidad de un acto procesal requerirá la presencia de un vicio relevante en la configuración de dicho acto (principio de trascendencia), anomalía que debe incidir de modo grave en el natural desarrollo del proceso, es decir, que afecte la regularidad del procedimiento judicial. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad de un acto procesal viciado, únicamente procederá como última ratio, pues de existir la posibilidad de subsanación (principio de convalidación) por haber desplegado los efectos para el cual fue emitido, sin afectar el proceso, no podrá declararse la nulidad del mismo (...)" (sic). (S. S. Vergara Gotelli)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La nulidad de los actos procesales no se justifica en la simple voluntad de la ley
+ La declaratoria de nulidad de un acto procesal viciado únicamente procederá como última ratio
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Si el perjudicado por el delito se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso
En el proceso penal existe la posibilidad de la acumulación de la pretensión resarcitoria de naturaleza civil: la acumulación de la acción civil al proceso penal. Esta acción civil derivada del hecho punible le corresponde al Ministerio Público (MP) y, especialmente, al perjudicado por el delito; además, si este último se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso -artículo 11, inciso 1, del Código Procesal Penal-. Asimismo, según lo expuesto por la Corte Suprema (CS), "se ha previsto el ejercicio alternativo de la acción civil; así, el perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el órgano jurisdiccional civil. Sin embargo, una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional -artículo 12, inciso 1, del citado texto legal- (...)" (sic). (V. P. Carbajal Chávez)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ Mientras la responsabilidad penal es la responsabilidad por el hecho, la responsabilidad civil es la responsabilidad por el daño causado
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Hay inexistencia de motivación si la sentencia revoca la condena y absuelve a los imputados, pero no fija la responsabilidad civil
Para determinar la reparación civil, esta será evaluada en función de las normas sobre responsabilidad civil, tal como lo prevé el artículo 101 del Código Penal y según lo sostenido por el Acuerdo Plenario N.° 6-2006-CJ-116. Igualmente, explica la Corte Suprema (CS), se observarán cinco requisitos, los cuales se detallan en la Casación N.° 340-2019-Apurímac. Estos son:
"i. La existencia real de daños y perjuicios.
ii. La cuantía de estos, debidamente propuesta y acreditada, que se establece a partir de los efectos producidos por el hecho cometido -se requiere una estimación razonada de la cuantía por los daños generados-.
iii. La fundamentación de los hechos en función del dolo o la culpa, con independencia de su tipificación penal, salvo que se trate de los supuestos de responsabilidad de riesgo.
iv. La relación de causa-efecto entre los hechos y el daño o perjuicio ocasionado.
v. La persona imputable, que puede ser el autor directo y el autor indirecto -no rige el principio de personalidad propio de la pena-" (sic).
En el caso, la sentencia de primera instancia determinó la responsabilidad penal y civil de los procesados -sobre este último extremo, genéricamente se indicó que la parte agraviada ha sido perjudicada por los hechos probados en juicio, originados por los acusados, por lo que se le ha causado un daño irreparable, lo cual debía ser indemnizado-. "En la sentencia de vista se revocó esta decisión y, reformándola, se les absolvió de la acusación fiscal y sin responsabilidad civil. Este último extremo no ha sido fundamentado -inexistencia de motivación-. De este modo, se constata que no se ha emitido pronunciamiento alguno sobre la reparación civil, según lo estatuye el inciso 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal (...). De lo antes expuesto, se verifica la inexistencia de motivación en cuanto al extremo de la reparación civil, por lo que corresponde anular la sentencia impugnada y disponer que el objeto civil materia de este proceso sea nuevamente dilucidado por otro Tribunal Superior, bajo los lineamientos establecidos en los fundamentos precedentes, así como lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado (...)" (sic). (V. P. Carbajal Chávez)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ Mientras la responsabilidad penal es la responsabilidad por el hecho, la responsabilidad civil es la responsabilidad por el daño causado
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Constancias de notificación deben contar con la certificación de su entrega o recepción
La Corte Suprema (CS) anotó que, en este caso, la entidad demandada imputa a la empresa accionante que no cumplió con haber puesto en conocimiento de los usuarios el corte eléctrico dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; a su vez; por su parte, la demandada refiere que a través de las comunicaciones considera haber puesto en conocimiento de los usuarios el corte acaecido el trece de junio del 2009, documentos que tienen como fecha el 15 de junio del 2009. Para la Corte Suprema, de las constancias presentadas por la empresa, "no se aprecia la certificación de su entrega o recepción, conforme lo exige el artículo 21 numeral 21.1 de la Ley N.° 27444, que regula el régimen de la notificación personal, por tanto, tampoco se ha cumplido con lo previsto en el artículo 131 numeral 131.15 de la acotada ley, lo que denota que el pedido de la demandante estaba incurso en causal de improcedencia, debidamente declarada por el organismo supervisor, motivo por el cual la demanda propuesta debió ser declarada infundada (...)" (sic). (V. P. Vinatea Medina)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
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Que se encuentren atuendos en un inmueble, que se tenga un contrato de arrendamiento y una declaración jurada de hace más de un año no acredita el arraigo domiciliario
La defensa sostiene que, en el caso, ya no existe peligro procesal puesto que se acreditan los arraigos domiciliario, familiar y laboral; además, mediante una serie de cuestionamientos (preguntas como ¿qué acto concreto se atribuía a su patrocinado?, ¿qué prueba había destruido?, ¿qué documento había ocultado?, ¿qué elemento probatorio había alterado?, ¿qué testigo había amenazado?, ¿qué perito había presionado o qué diligencia había impedido?) debe concluirse que no se está ante un reexamen de los presupuestos que, respecto el peligro de obstaculización, justificaron se imponga la medida coercitiva de prisión preventiva. Según el juez, en el caso, "la defensa manifestó que fiscalía habría realizado constataciones en los domicilios donde había vivido su patrocinado y que, en uno de los inmuebles, se encontraron sus pertenencias y los atuendos que utilizaba en sus presentaciones televisivas. Además, hizo alusión al contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en el jirón (...), junto con la declaración jurada de la arrendadora sobre su residencia en dicho lugar. Sobre el particular, cabe señalar que la evaluación del peligro de fuga en relación con el arraigo domiciliario, inicialmente realizado por este juzgado supremo, se sustentó en la inexistencia de certeza de un domicilio, pues en su declaración del hoy acusado (...) manifestó que pernoctaba en hoteles. El arraigo domiciliario, no se acredita necesariamente con el hecho que se encuentren atuendos en un inmueble, ya que podría ser uno al que concurre esporádica u ocasionalmente, más no acredita que una persona pernocte o permanezca rutinariamente y por ello sea fácilmente ubicable (puede ser propio o rentado); en conclusión, la suscripción de un contrato de arrendamiento y una declaración jurada de hace más de un año no acredita arraigo domiciliario (...)" (sic). (Juez de Investigación Preparatoria Checkley Soria)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ En la cesación de la prisión preventiva, el juez adicionalmente considerará las características personales del imputado, el tiempo transcurrido y el estado de la causa
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Que el proceso principal esté en etapa intermedia no implica, por sí mismo, que haya desaparecido la finalidad de la medida de coerción personal
Según la Corte Suprema (CS), "el hecho de que el proceso principal se encuentre actualmente en etapa intermedia no implica, por sí mismo, que haya desaparecido la finalidad de la medida de coerción personal; por el contrario, dicho contexto procesal evidencia que la complejidad del caso aún subsiste" (sic). En el caso, mediante resolución, se comunicó la conclusión de la investigación preparatoria y, posteriormente, mediante resolución, se corrió traslado por el plazo de diez días del requerimiento mixto formulado por el representante del Ministerio Público (MP) a los sujetos procesales, con lo cual el proceso ingresó a la etapa intermedia. "No obstante, esta circunstancia no desvirtúa la concurrencia del presupuesto previsto en el artículo 274 del CPP. Ello en razón de que el presente proceso no solo fue declarado complejo, sino que además existían diligencias de investigación pendientes de ejecución, conforme a lo dispuesto por el representante del Ministerio Público en la disposición de formalización de investigación preparatoria, situación que se mantenía vigente a la fecha de emisión del auto materia de apelación. En ese sentido, al 12 de marzo de 2026, la investigación preparatoria aún se encontraba en trámite. Asimismo, la especial dificultad del proceso se evidencia en que, aun encontrándose en etapa intermedia, mediante resolución del 17 de junio de 2026, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria consideró necesario ampliar el plazo inicialmente otorgado de diez días a treinta días para que las partes procesales emitan pronunciamiento respecto al requerimiento mixto. Por lo tanto, este Supremo Tribunal considera que, en el presente caso, se mantiene acreditado el presupuesto objetivo previsto en el artículo 274 del CPP, referido a la especial dificultad y prolongación del proceso (...)" (sic). (V. P. Maita Dorregaray)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
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El TF confirma la determinación sobre base presunta por pasivos ficticios evidenciados mediante cruces de información
El Tribunal Fiscal (TF) confirma la determinación sobre base presunta de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado, en aplicación de los artículos 64 numeral 2, y 70 del Código Tributario, toda vez que se acreditó la existencia de pasivos inexistentes al constatarse diferencias no sustentadas entre las cuentas por pagar comerciales registradas por la recurrente del caso en su Libro de Inventarios y Balances y los saldos reales confirmados por sus proveedores mediante cruces de información. Con relación a los contratos de cesión de crédito aportados para desvirtuar las diferencias, el colegiado indica que carecen de legalización o fecha cierta y fueron celebrados con posterioridad al ejercicio fiscalizado. (V. P. Flores Talavera)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La Sunat puede utilizar directamente la determinación sobre base presunta si se configura alguna de las causales previstas en el artículo 64 del CT
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El cuestionamiento de la validez de la decisión de la entidad de aprobar o no una prestación adicional correspondía ser conocido por el PJ
A juicio del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), de acuerdo con la anterior normativa de contrataciones del Estado, el cuestionamiento de la validez de la decisión de la entidad de aprobar o no una prestación adicional correspondía ser conocido, en principio, por el Poder Judicial. "Sin perjuicio de lo anterior, como ha sido anotado, incluso para la formación de los actos de ejecución contractual, cabía la posibilidad de aplicar supletoriamente determinadas normas generales del ejercicio de la función administrativa del Estado establecidas en la Ley N.° 27444. En tal medida, ante la ausencia o vicio en los elementos de validez que resulta aplicables a los actos de la administración en la ejecución contractual, correspondía a la entidad, en tanto responsable de las contrataciones a su cargo, evaluar la pertinencia de aplicar las figuras de control de legalidad de sus actos que contemplaba la Ley N.° 27444, tales como la declaratoria de la nulidad de oficio, de acuerdo con el caso concreto y en lo que hubiese correspondido, debiendo haber cautelado que dicha aplicación no hubiese implicado una transgresión a la normativa de contrataciones del Estado (...)" (sic) (Director Técnico Normativo Marín Huamán)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ Cada entidad evaluaba si aplicaba o no la declaratoria de la nulidad de oficio a la relación contractual con el contratista
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Servir anota algunos criterios para designar a los representantes del empleador ante el Comité de SST
Al amparo del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las entidades públicas pueden designar a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) únicamente entre el personal de confianza y el personal de dirección. En el caso del personal de dirección, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) recalca que esta condición no se limita a la denominación del puesto en los instrumentos de gestión, sino que abarca a todo servidor que ejerza formalmente la conducción de una unidad orgánica con poder de decisión y representación del empleador, priorizando las funciones sustantivas y la jerarquía efectiva del cargo por encima de su clasificación nominal. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil Sixto Joseph Barriga Albis)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ Si no se alcanza el consenso para elegir al presidente y secretario del CSST, se realiza un sorteo
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Ordenan a EPS garantizar tratamiento integral y oportuno a menor con enfermedad huérfana
Al decidir una acción de tutela, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la EPS accionada vulneró los derechos a la salud, vida digna, seguridad social e integridad física de un menor de 10 años de edad al no garantizarle de manera efectiva y oportuna el suministro del medicamento ordenado por el médico tratante ni la práctica del procedimiento requerido para el seguimiento de la enfermedad. Por lo tanto, le ordenó garantizar tanto el suministro oportuno, continuo e ininterrumpido del medicamento y la práctica del examen ordenado como el tratamiento integral de la condición de salud del menor. Así mismo, abstenerse de imponer cargas administrativas que, mediante dilaciones injustificadas, dificulten el acceso a las prestaciones en salud, especialmente cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional y de personas con enfermedades huérfanas. El alto tribunal reiteró que los menores de edad gozan de una protección constitucional reforzada en materia de salud, especialmente cuando se trata de enfermedades huérfanas. En ese sentido, advirtió, las entidades responsables de la prestación de los servicios de salud deben garantizar el acceso oportuno a los tratamientos, medicamentos, exámenes y tecnologías requeridas para el manejo de estas patologías. La prestación de los servicios de salud debe sujetarse a los principios de continuidad, oportunidad e integralidad. Los medicamentos prescritos no pueden ser suspendidos o retrasados por razones administrativas y las entidades encargadas de la atención no pueden trasladar a los usuarios las cargas derivadas de sus propios trámites internos, agregó. Al estudiar el caso concreto, la Sala determinó que no existían problemas de desabastecimiento del medicamento en el país y constató que la EPS accionada no demostró haber suministrado el medicamento ni haber garantizado la realización de los exámenes requeridos para el control y seguimiento de la enfermedad. (M. P. Carlos Camargo Assis)
Noticia generada nov. 12/26 (08:18 a. m.)
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Normas publicadas el 12 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 12 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 11 de noviembre del 2026.
Noticia generada en nov. 12/26 (08:00 a. m.)
Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19631
El servicio de cabotaje marítimo servirá para brindar ayuda humanitaria durante situaciones de emergencia
Mediante esta resolución ministerial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó, de forma excepcional y temporal, durante la vigencia de declaraciones de emergencia, a las empresas navieras, pesqueras, turísticas y afines al transporte marítimo, registradas y autorizadas por las entidades competentes, a prestar el servicio de cabotaje en los puertos y terminales portuarios autorizados para el transporte de pasajeros, bienes y productos para fines de ayuda humanitaria. Todo ello en el marco de lo establecido en el artículo 3° de la Ley N.° 30580, Ley que modifica la Ley N.° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, para promover el cabotaje en las operaciones de comercio exterior. Según esta Resolución Ministerial N.° 649-2026-MTC/01.02, para el caso de bienes de ayuda humanitaria, se debe aplicar la definición establecida en el numeral 2.4 del artículo 2° del Reglamento de la Ley N.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), aprobado por Decreto Supremo N.° 048- 2011-PCM.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:20 a. m.)
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09/07/2026
Resolución del Tribunal Fiscal
8/27/2026
Resolución Indecopi
10/30/2025
Jurisprudencia
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Dólar compra - venta
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S/ 3.710 - S/ 3.717
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Euro compra - venta
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S/ 3.838 - S/ 4.176
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Libra Esterlina compra - venta
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S/ -.- . S/ 4.654
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Salario mínimo
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S/. 1,230
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Asignacion familiar
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S/. 123.00
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UIT
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S/. 5,500
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