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La Cámara de Diputados impulsa una ley para acelerar la transformación digital del Estado
El diputado José Ricardo Yataco Torrealva presentó esta iniciativa legislativa para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de transformación digital en las entidades públicas a través de la promoción de una eficiente coordinación, seguimiento y evaluación de sus avances para mejorar los servicios digitales que brinda el Estado. Para ello, establece disposiciones de cumplimiento obligatorio para las entidades comprendidas en el ámbito del Sistema Nacional de Transformación Digital y dispone que estas articulen sus políticas, planes, programas, proyectos, plataformas, servicios, estándares y demás instrumentos conforme con las disposiciones del ente rector; en este sentido, abarcaría la Política Nacional de Transformación Digital y sus instrumentos de planificación, la interoperabilidad y el intercambio de información entre entidades públicas, la identidad y los servicios digitales, la gobernanza, gestión y aprovechamiento de datos, la seguridad y confianza digital, la gestión de documentos electrónicos y la digitalización de procedimientos administrativos, así como las ventanillas, plataformas y demás mecanismos digitales destinados a la prestación de servicios públicos.
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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La incorporación del mutuo disenso como causal de terminación del empleo público no viola principio constitucional alguno
En el caso de la incorporación del mutuo disenso como causal de terminación del empleo público, el Tribunal Constitucional (TC) considera que tal regulación no viola el principio constitucional, porque con esta causal no se obliga al trabajador público a renunciar o disponer de sus derechos previstos en la Constitución y la ley. "El mutuo disenso permite iniciar una negociación a fin de poner término a la relación laboral, sea en el ámbito público o privado, la misma que siempre dependerá del acuerdo de ambas partes. Ergo, no cabe aplicar la figura del mutuo disenso cuando el trabajador o empleado público no acepte acceder a la terminación del vínculo laboral en dicho contexto. En efecto, bajo el actual sistema legal, los servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada pueden concluir su relación laboral por la causal de mutuo disenso conforme lo establece el inciso d) del artículo 16 del D. S. N.° 003-97-TR. Los servidores públicos sujetos al régimen legal del Decreto Legislativo N.° 276, que como este colegiado ha expresado en reiterada jurisprudencia, constituye el estatuto de los servidores públicos y gozan de estabilidad laboral, también pueden optar por el mutuo disenso como una forma de término del empleo público, si así lo consideran, sin que ello signifique una modificación del régimen de estabilidad laboral del que gozan los servidores públicos reconocido por el Decreto Legislativo N.° 276. Un trabajador público que en vez de renunciar opta por el mutuo disenso puede obtener una serie de incentivos o ventajas de carácter económico, laboral o previsional, entre otros, dentro del marco de la Constitución y la ley. Por lo demás, en el supuesto de que existiese algún vicio de la voluntad del trabajador en la celebración del mutuo disenso, como la violencia o intimidación, entre otras, el acuerdo no tendrá efectos jurídicos. En tal sentido, acreditado el vicio de la voluntad los funcionarios responsables quedarán sujetos a las penalidades que contempla la legislación penal, administrativa, laboral y civil correspondiente. Por tanto, la causal del inciso c) del artículo 22 de la Ley N.° 28175 no vulnera el numeral 2 del artículo 26 de la Constitución, ya que en dicho supuesto el empleado público no renuncia a ningún derecho" (sic). (Pres. Alva Orlandini)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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Una supuesta práctica frecuente ("costumbre") no puede justificar una agresión o violencia laboral
En este caso, los hechos materia de análisis, y que sustentaron la falta grave imputada al demandante, ocurrieron el día 13 de diciembre de 2019, en el centro de trabajo, dentro de la jornada laboral, cuando los trabajadores implicados se encontraban en el patio de la Unidad de Bombas de la planta de Villa El Salvador, "en dichas circunstancias el demandante habría participado junto a otros compañeros en el incidente con el cual se generó un agravio al trabajador, al haber sido inmovilizado por las extremidades contra el suelo para que otro compañero le propinara correazos y puntapiés, práctica que los involucrados denominaban 'cuatreo', estos hechos quedaron registrados en audio y video, cuya actuación se realizó en audiencia de juzgamiento, siendo valorado por ambas instancias de mérito (...), habiendo tomado conocimiento de los hechos el empleador, los calificó como actos de violencia a un compañero de trabajo, y fue causal para la imputación de la falta grave prevista en el literal f) del artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N.º 003-97-TR, así como de la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo por supuesto abandono de puesto (incisos a y f), debiendo precisarse, que respecto de esta última causal, en audiencia de juzgamiento (minuto 30;16) el abogado de la demandada centró el análisis a los actos de agresión (minuto 12;56) (...), el demandante ha pretendido justificar y minimizar su conducta y la de sus compañeros que participaron de los actos identificados por la demandada como actos de violencia que derivan de una práctica frecuente y costumbre, al respecto debe señalarse que, la costumbre es el conjunto de prácticas que ha alcanzado uso generalizado y conciencia de obligatoriedad en el seno de una comunidad política; asimismo, la costumbre se aplica en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada por su uso social, su racionalidad del uso o como consecuencia de que al derivar de un comportamiento social sea reconocido como una norma obligatoria (...). Así, habiendo identificado los actos de agresión acaecidos, así como de actos vejatorios, correspondía al empleador tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control en ejercicio para prevenir cualquier acto de violencia que implique una agresión física o psicológica en el centro de trabajo, valorando la magnitud de los hechos y aplicando el principio de razonabilidad y la objetividad al caso concreto, esta potestad tiene sustento en el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, en virtud de la cual tiene expedito su poder de dirección para ejercer el control, organización, reglamentación , supervisión y sanción de sus trabajadores (...)" (sic). (V. P. Rubio Zevallos)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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El juez no puede realizar una aplicación lineal de la ley, sino que debe interpretarla
La máxima instancia judicial precisa en esta jurisprudencia que, "[t]ratándose de la ley, el juez no puede realizar una aplicación lineal, sino que debe interpretarla previamente y solo entonces aplicarla al caso concreto; por ello, tiene vigencia la técnica de la subsunción, en la que concierne verificar si el caso se asimila o incluye dentro de la regla general prevista en la norma (tipicidad). Tratándose de la jurisprudencia, la técnica es la de homologación, vale decir, un juicio de composición o de descomposición entre el caso antecedente y el caso sucesivo (...). En la aplicación de la jurisprudencia vinculante no concierne utilizar la subsunción como en el caso de la ley, donde la regla de derecho (material o procesal) que la contiene se emite por generalidad de las cosas (artículo 103 de la Constitución Política del Perú). Por el contrario, las reglas surgen de modo implícito, en función de la casuística (por la diferencia o semejanza del caso concreto). Por ello, la homologación es la técnica indicada (...). La invocación a la jurisprudencia es eminentemente casuística, los casos, para ser homologables, tienen que compartir las mismas notas características esenciales, no las accidentales (...)" (sic). (V. P. Luján Túpez)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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La pena accesoria de inhabilitación definitiva para conducir vehículos no limita el ejercicio de las garantías de libertad personal o libertad de tránsito
El artículo 40 del Código Penal autoriza su aplicación como accesoria en los delitos culposos de tránsito. Así, por ejemplo, en este caso de homicidio imprudente, la Corte Superior de La Libertad señala que "la sanción impuesta se encuentra dentro del marco legal (...). Por otro lado, debe distinguirse entre la libertad personal, que es un derecho fundamental, y la facultad de conducir vehículos motorizados, que es una prerrogativa sometida a regulación estatal (...). En tal sentido, pena accesoria de inhabilitación definitiva para conducir vehículos no limita el ejercicio de las garantías de libertad personal o libertad de tránsito (...). La libertad individual y de tránsito son derechos fundamentales; conducir vehículos es una facultad administrativa condicionada al cumplimiento de presupuestos legales y materiales, no siendo un derecho fundamental (...). En el caso concreto, la acusada conducía con licencia vencida desde el año 2022, presentaba 1.84 g/L de alcohol en sangre y causó la muerte de una persona (...). Tales circunstancias revelan alto riesgo para la seguridad vial y justifican la inhabilitación definitiva (...). La medida es proporcional al daño causado y necesaria para proteger la vida y la integridad de los demás. No advertimos arbitrariedad ni vulneración del principio de proporcionalidad (...). En consecuencia, este extremo debe declararse infundado y confirmarse la inhabilitación definitiva para conducir cualquier tipo de vehículo (...)" (sic). (V. P. Loyola Florian)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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Al delito de patrocinio ilegal se le aplica la duplicidad del plazo de prescripción
El delito materia de acusación se habría iniciado el 22 de marzo del 2018, continuó el 22 de mayo de ese año y culminó el 5 de junio del 2018. Ahora, el delito de patrocinio ilegal acusado está conminado, conforme con el artículo 385 del Código Penal, con pena privativa no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario. En estos casos, señala la Corte Suprema (CS), "la acción penal prescribiría en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad, pero corresponde la duplicidad del mismo porque se está ante un delito contra la Administración Pública [concordancia del artículo 80, primer párrafo, del Código Penal, según la Ley 30077, de veinte de agosto de dos mil trece, y el artículo 41 de la Constitución, según la Ley de reforma constitucional 30650, de veinte de agosto de dos mil diecisiete]: el plazo ordinario especial de la prescripción de la acción penal sería, en este caso concreto, de cuatro años. Por ello, tomando como referencia la fecha de culminación del hecho delictivo según la imputación, este plazo especial vencería el cinco de junio de dos mil veintidós. (...). Es de aclarar que el artículo 41 de la Constitución es una norma-regla, cuya aplicación no requiere de la intermediación de una ley ordinaria de desarrollo; la especificidad de su mandato, ante un modelo de Constitución rígida y normativa, obliga a su cumplimiento; es, por tanto, autoaplicativa. (...). A ello se agrega que, como consecuencia de la tramitación del procedimiento, el plazo de prescripción de la acción penal se interrumpió, de suerte que es de aplicación el artículo 83 del Código Penal -la Fiscalía emitió la Disposición una de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve por la que inició y promovió la realización de diligencias preliminares investigativas-. Las actuaciones del Ministerio Público se concretaron en su oportunidad, según así dio cuenta la Disposición dos, de dos de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que debe adicionarse en una mitad el plazo ordinario especial de prescripción. Luego, el plazo de prescripción es de seis años (cinco de junio de dos mil veinticuatro)" (sic). (V. P. San Martín Castro)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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Ante la falta de pago de las pensiones de enseñanza, la entidad educativa puede retener los certificados correspondientes a los periodos no pagados
Sobre el deber de informar la posibilidad de retener los certificados de estudios en caso de deuda, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) explica que el artículo 16.1 de la Ley N.° 26549 establece que, frente a la falta de pago de las pensiones de enseñanza, la entidad educativa puede retener los certificados correspondientes a los periodos no pagados siempre que haya informado a los padres de familia al momento de la matrícula que adoptará dicha medida. Así, dicho dispositivo no contempla que se adopte otra medida frente al incumplimiento de pago de las pensiones. En concordancia con ello, el artículo 4° de la Ley N.° 27665 prohíbe que las instituciones educativas utilicen fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo de los alumnos para procurar el cobro de las pensiones escolares. (Pres. Fiorella Melisa Vizcardo Reyes)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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La emisión individual de CIPRL no impide que un consorcio lleve contabilidad independiente
El Tribunal Fiscal (TF) concluye que la recurrente del caso no acreditó la existencia de una exigencia normativa ni de una circunstancia jurídica u operativa concreta que impidiera el registro independiente de las operaciones derivadas de la ejecución del contrato de consorcio. En consecuencia, no se configuró el supuesto previsto en el artículo 65 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, conforme al cual la excepción a la contabilidad independiente procede únicamente cuando, por la modalidad de la operación, resulta imposible llevarla en forma separada. Respecto a la emisión individual de los certificados de inversión pública del gobierno local (CIPRL), acordada por los propios consorciados, el tribunal señala que no genera una incompatibilidad efectiva con el mantenimiento de una contabilidad independiente. Por ello, la recurrente no demostró que la modalidad de la operación impedía que el consorcio llevara contabilidad propia e independiente. (V. P. Zúñiga Dulanto)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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La norma de contrataciones no trae una relación taxativa de documentos para acreditar los costos directos y/o mayores gastos generales vinculados a una ampliación de plazo
Señala el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que "la normativa de contrataciones públicas no establece una relación taxativa de documentos para acreditar los costos directos y/o mayores gastos generales vinculados a una ampliación de plazo o a una suspensión. Lo relevante no es el tipo de documento, sino que, según la naturaleza de cada concepto económico, de certeza de su efectiva incurrencia y de su vinculación con la ampliación o suspensión, conforme a los términos previstos en los artículos 201 y 202, respectivamente" (sic). De esta manera, el reconocimiento de los conceptos económicos derivados de la ampliación de plazo y el reconocimiento del reajuste correspondiente constituyen supuestos diferenciados, en tanto el primero corresponde a los conceptos previamente acreditados y reconocidos por la entidad contratante, mientras que el segundo responde a la variación que corresponda determinar conforme a la fórmula polinómica y los índices aplicables. En ese sentido, la aplicación del reajuste correspondiente a los conceptos reconocidos no supone un nuevo reconocimiento de estos ni una duplicidad respecto de un mismo concepto o componente de costo, sino el reconocimiento del reajuste (variación) que corresponda conforme con las reglas previstas en el artículo 209. (Director Técnico Normativo Héctor Marín Inga Huamán)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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El cómputo de la licencia sindical se realiza en días naturales
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) considera que los treinta (30) días anteriores a la presentación del proyecto de convenio colectivo y los treinta (30) días posteriores a la suscripción del convenio colectivo o a la expedición del laudo arbitral, previstos en el artículo 11 de la Ley N.° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, se computan en días naturales o calendario, conforme con el numeral 1 del artículo 183 y el artículo 184 del Código Civil. Este cómputo delimita el inicio y la culminación del período legal de la licencia sindical con goce de remuneraciones, sin perjuicio de que las partes puedan pactar, mediante convenio colectivo, condiciones más favorables para los representantes de los trabajadores que integran la comisión negociadora. (Ejecutivo (a) de Soporte y Orientación Legal (e) Dirección de Políticas de Gestión del Servicio Civil Ivana Javier Cuba)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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Inexequible norma del Estatuto de Protección Animal que permitía sacrificios por “vejez extrema”
La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el literal c) del artículo 17 de la Ley 84/89 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales). Esta norma indica las causales de sacrificio de un animal no destinado al consumo humano, considerando que no entrañen crueldad, sufrimiento o prolongación de la agonía. Una de ellas, la del literal c), indica como causa la "vejez extrema". La totalidad de magistrados consideró que esa expresión era un concepto jurídico indeterminado que no satisface las exigencias de determinación normativa constitucionalmente requeridas. Además, afirman que la edad avanzada no constituye una justificación constitucionalmente suficiente para poner fin a la vida de un ser sintiente. Agregaron que el deber de protección animal en la ancianidad intensifica los deberes de protección. "La lógica de la Constitución ecológica exige que el aumento de la dependencia y fragilidad del animal refuerce las obligaciones de asistencia, cuidado y solidaridad que tienen los seres humanos frente a él", dice la decisión. En ese sentido, la disposición acusada producía el efecto contrario, pues transforma una condición de vulnerabilidad en una razón jurídicamente suficiente para poner fin a la vida del animal. (M. P. Héctor Alfonso Carvajal Londoño)
Noticia generada nov. 21/26 (08:18 a. m.)
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Normas publicadas el 21 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 21 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 20 de noviembre del 2026.
Noticia generada en nov. 21/26 (08:00 a. m.)
Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19648
El Mindef se encargará de programar, formular y evaluar las inversiones en infraestructura penitenciaria a nivel nacional
El Poder Ejecutivo (PE) incorpora el artículo 3°-A (Formulación y ejecución de inversiones en infraestructura penitenciaria) al Decreto Legislativo N.° 1229, Decreto Legislativo que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios, para la asignación de competencias al Ministerio de Defensa (Mindef) en la formulación y ejecución de inversiones destinadas a infraestructura penitenciaria a nivel nacional. Para ejecutar las acciones indicadas el Mindef aprueba los lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de las indicadas tipologías, conforme con las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. La norma también establece que en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto legislativo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y el Mindef, a través de sus órganos competentes, conforman una comisión a cargo de coordinar y ejecutar el Plan de Transferencia de funciones en inversiones de infraestructura penitenciaria del Minjus al Mindef.
Noticia generada nov. 21/26 (05:05 p. m.)
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+ Gobierno impulsa participación privada en la gestión penitenciaria
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El INPE se moderniza para fortalecer la seguridad penitenciaria y la lucha contra la corrupción
El Gobierno dicta pautas para modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mediante un nuevo modelo organizacional, orientado a optimizar el ejercicio de sus competencias y funciones en los ámbitos de internamiento y medio abierto, fortalecer la seguridad y la inteligencia penitenciaria, prevenir y combatir la corrupción, y garantizar una gestión eficiente, articulada y orientada a resultados. La norma deroga el Decreto Legislativo N.° 1328, que fortaleció el Sistema Penitenciario Nacional y el INPE, así como el Decreto Legislativo N.° 1710, que creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), sin embargo, deja subsistentes las modificaciones al literal i) del artículo 4° y al literal e) del artículo 7° de la Ley N.° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esta medida, el Estado impulsa una reestructuración institucional del sistema penitenciario para mejorar el control de los establecimientos penales y responder de manera más eficaz al crimen organizado.
Noticia generada nov. 21/26 (05:06 p. m.)
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+ Medidas para fortalecer el Sistema Nacional Penitenciario y el INPE
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Pescadores artesanales afectados por fenómeno El Niño recibirán bono de S/ 1.500
El Poder Ejecutivo (PE) aprueba un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y temporales en materia económica y financiera para facilitar el acceso al financiamiento de los trabajadores dependientes de empresas con embarcaciones pesqueras de mayor escala y otorgar, de manera excepcional, el "Bono Extraordinario del Pescador Artesanal 2026-2027" a los pescadores artesanales afectados temporalmente por eventos asociados al Fenómeno "El Niño" 2026-2027. La autorización corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), que otorgará una subvención económica extraordinaria de S/ 1,500.00 por beneficiario, pagadera en dos armadas de S/ 750.00 cada una. Asimismo, la norma dispone medidas excepcionales vinculadas con la intervención de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, en el marco de las acciones para atender los efectos de dicho fenómeno.
Noticia generada nov. 21/26 (05:08 p. m.)
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El MTPE aprueba la directiva para el pago del subsidio extraordinario a microempresas
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprueba la Directiva N.° 007-2026-MTPE/4, denominada "Directiva para la implementación del subsidio extraordinario destinado a la preservación del empleo formal en las microempresas que tengan de dos (2) a diez (10) trabajadores, regulado en el Decreto de Urgencia N.° 017-2026". La directiva establece las disposiciones para la implementación de este subsidio, que consiste en un apoyo económico de S/ 100 por cada trabajador que genere rentas de quinta categoría, conforme con la información declarada en la Planilla Electrónica correspondiente al periodo de agosto de 2026 y presentada hasta el 30 de septiembre de 2026. Asimismo, se dispuso la publicación de la resolución y de su anexo en el portal institucional del MTPE.
Noticia generada nov. 21/26 (05:09 p. m.)
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El Gobierno impulsa el saneamiento de locales educativos para proteger a la comunidad escolar ante El Niño
Mediante un decreto de urgencia, el Gobierno establece medidas extraordinarias y temporales para garantizar la continuidad del servicio educativo público y proteger la vida e integridad de la comunidad educativa frente a los riesgos y daños asociados al Fenómeno "El Niño" 2026-2027. La norma facilita la ejecución oportuna de intervenciones urgentes de prevención, reducción del riesgo, rehabilitación, reubicación y recuperación de la infraestructura educativa, mediante el saneamiento físico-legal de los predios y bienes inmuebles destinados a la prestación del servicio educativo público o requeridos para tales fines. La medida se aplica en los distritos declarados en estado de emergencia por causas vinculadas al Fenómeno "El Niño" 2026-2027, cuando el saneamiento resulte necesario para ejecutar las intervenciones urgentes en la infraestructura educativa. El decreto de urgencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Noticia generada nov. 21/26 (05:11 p. m.)
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+ Separata Especial: Criterios para el Diseño de Mobiliario Educativo de la Educación Básica Regular
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El MIdagri aprueba lineamientos para implementar una plataforma digital de evaluación ambiental agraria
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIdagri) aprueba los Lineamientos de alcance sectorial, LI N.° 0013-2026-Midagri/DVDAFIR-DGAAA-DGAA, denominados "Lineamientos y Cronograma para la Implementación de la Plataforma Digital para los Procedimientos Administrativos de Evaluación Ambiental del Sector Agrario y de Riego", Versión 1. La medida establece el marco para implementar una plataforma digital destinada a gestionar los trámites vinculados a la evaluación y aprobación de Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios bajo competencia del sector, así como sus modificaciones, actualizaciones, subsanaciones y otros procedimientos ambientales sectoriales. Asimismo, el MIdagri dispuso la publicación de la resolución ministerial y de los lineamientos y cronograma en su sede digital.
Noticia generada nov. 21/26 (05:13 p. m.)
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09/07/2026
Resolución del Tribunal Fiscal
8/27/2026
Resolución Indecopi
10/30/2025
Jurisprudencia
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Dólar compra - venta
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S/ 3.710 - S/ 3.717
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Euro compra - venta
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S/ 3.838 - S/ 4.176
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Libra Esterlina compra - venta
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S/ -.- . S/ 4.654
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Salario mínimo
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S/. 1,230
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Asignacion familiar
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S/. 123.00
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UIT
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S/. 5,500
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