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Noticia Extra
Subsidio extraordinario de 100 soles por cada trabajador para preservar el empleo formal en las microempresas
Con la finalidad de preservar los empleos, el Gobierno aprobó la asignación por única vez de un subsidio extraordinario equivalente a 100 soles por cada trabajador a las microempresas que en determinadas condiciones tengan de dos a diez trabajadores. La medida, oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 017-2026, establece que la asignación del subsidio se aplicará a las empresas privadas que califiquen como microempresas conforme con las condiciones que se estipulan, entre las cuales figura realizar ventas anuales de hasta ciento cincuenta (150) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La microempresa que cumpla con las condiciones establecidas recibirá, de manera excepcional, el citado subsidio por cada trabajador que genere rentas de quinta categoría, de acuerdo con la información declarada en la Planilla Electrónica, correspondiente al periodo agosto de 2026 y que hubiera sido presentada hasta el 30 de setiembre del 2026.

Noticia generada en nov. 18/26 (09:13 a. m.)
 
 

Esta propuesta busca pensiones y tasas administrativas fijas para estudiantes de universidades privadas
Conocer el monto de las pensiones educativas es determinante para adoptar decisiones al momento de elegir una universidad. La planificación económica es necesaria dado el gasto inicial que demanda la inscripción, pago de matrícula, pensiones, pensiones educativas y las tasas administrativas. En este sentido, el grupo parlamentario Juntos Por El Perú propone a través del diputado Juan Amílcar Villanueva Calderón, que se incorpore el numeral 100.15 al artículo 100 y el artículo 100-A y 100-B a la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, con la finalidad de reconocer y regular el derecho del estudiante de universidad privada a contratar una pensión de enseñanza y tasas administrativas fijas durante el periodo regular de estudios de su carrera, a fin de contribuir a la previsibilidad económica de los estudiantes y sus familias y a la continuidad de los estudios universitarios, en armonía con la libertad de empresa y la autonomía universitaria reconocidas por la Constitución Política del Perú. De aprobarse esta iniciativa legislativa, también se modificaría el artículo 75 de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)
Como cualquier ciudadano, el juez tiene derecho a la libertad de expresión, pero cuando actúa como juez debe tomar en cuenta los deberes impuestos por su propia investidura
En esta sentencia del año 2004, el Tribunal Constitucional (TC) precisó que el juez debe ser un sujeto que goce de credibilidad social debido a la importante labor que realiza como garante de la aplicación de las leyes y la Constitución, lo cual implica, obviamente, despojarse de cualquier interés particular o influencia externa. "Por ello, su propio estatuto le exige la observación de una serie de deberes y responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Esto, a su vez, justifica la existencia de un poder disciplinario interno para el logro de la mayor eficacia en el ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas" (sic). En el caso, la defensa del demandante sostiene que el juez, al igual que cualquier otro ciudadano, goza de los derechos a la libertad de expresión y de opinión. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional, "es necesario señalar que el demandante parte de un criterio errado cuando pretende equiparar a un juez con cualquier ciudadano, puesto que (...) algunas personas -como jueces y magistrados-, en razón de su cargo o posición, tienen específicos deberes y responsabilidades que importan el cumplimiento y la protección de bienes constitucionales, como la correcta administración de justicia, en función de lo cual pueden justificarse limitaciones a sus derechos (...). Claro está que tales limitaciones deberán necesariamente respetar el contenido esencial de los derechos en conflicto y ser congruentes con la finalidad y las necesidades argumentadas en la justificación de tales restricciones (...). Conforme a lo señalado en el fundamento precedente, se puede afirmar que el juez, en tanto persona, de la misma manera que cualquier ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión, pero cuando actúa como juez, debe tomar en cuenta los deberes impuestos por su propia investidura (...). En el caso de autos, este tribunal advierte que cuando el juez (...) brindó declaraciones en una emisora radial, las hizo en su calidad de juez, pues fue identificado por los entrevistadores como tal, y, además, su sola participación en la causa de debate puso en evidencia tal status. Por tal motivo, es claro que, para la opinión pública, aquellas declaraciones las dio en tanto miembro del Poder Judicial, y no en calidad de cualquier ciudadano civil (...)" (sic). (S. S. Alva Orlandini)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)

Información relacionada:

+ Opiniones del juez sobre procesos a cargo constituyen un elemento negativo para garantizar la imparcialidad
Si las labores establecidas son predominantemente manuales y requieren supervisión y dirección, resultan incompatibles con la autonomía propia de la locación de servicios
Una vez acreditada la prestación personal de servicios, la Corte Suprema (CS) recuerda que se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Así, por ejemplo, "si las labores establecidas por las instancias de mérito son predominantemente manuales y requieren supervisión y dirección, su ejecución resulta incompatible con la autonomía propia de la locación de servicios, correspondiendo aplicar los artículos 23.2 de la Ley N.° 29497 y 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728" (sic). (V. P. Paredes Infanzón)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)
Si existe pretensión específica de resarcimiento del actor civil, el juez de la etapa intermedia solo puede establecer el cumplimiento de las formalidades de admisibilidad
En la audiencia de control de acusación, la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Puno oralizó los fundamentos de su pretensión civil, identificó los daños producidos y determinó los montos económicos que solicitaba como reparación civil. En los fundamentos se incluyó el extremo de los daños generados por la comisión del delito de omisión de actos funcionales. Sin embargo, en el extremo del hecho que configuraría ese delito, el Juzgado de Investigación Preparatoria no dio el trámite que correspondía a la pretensión civil. Entonces, para la Corte Suprema (CS), actuando en contra del debido proceso, en el auto impugnado, además de que se declaró prescrita la acción penal por el delito de omisión de actos funcionales -más allá del acierto o equívoco de ese extremo penal que por aquiescencia de la Fiscalía ha quedado consolidado-, se emitió un pronunciamiento de fondo que denegó la responsabilidad civil derivada de ese ilícito. Incluso, como sustento de la decisión del objeto civil, se llegó a formular afirmaciones como las siguientes: "'[...] si bien podría evaluarse el comportamiento [omisivo] de los funcionarios en relación a su actuación el día de la intervención, para ello se requiere de una valoración probatoria suficiente y una evidencia plausible, que no se puede estimar con la sola revisión documental de la carpeta fiscal [sic]. [...] en consecuencia, los presupuestos para la imposición de una reparación civil no se presentan en completitud, teniendo en cuenta el análisis de elementos de convicción, la imputación realizada y el estadio procesal [sic]. [Subrayado añadido] (...)'. Tratándose de un asunto en el que existía una pretensión específica de resarcimiento por parte de la actora civil y que exigía la actuación de prueba -como se reconoció en el auto impugnado-, al juez de etapa intermedia solo le competía establecer el cumplimiento de las formalidades de admisibilidad de la pretensión resarcitoria -la vigencia de la acción civil y la admisión o inadmisión de los medios de prueba correspondientes-; superado el saneamiento, debía incorporarse la pretensión civil en el auto de enjuiciamiento. Después, correspondía al órgano jurisdiccional de la etapa de juzgamiento evaluar, partiendo de la pretensión civil y la valoración de la prueba, si concurrían los criterios de imputación de responsabilidad civil y la naturaleza del resarcimiento (...)" (sic). (V. P. Luján Túpez)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)

Información relacionada:

+ Si existe una pretensión de resarcimiento, esta ha de someterse a los controles de admisibilidad en el estadio procesal que le es propio: la etapa intermedia
No se puede condenar de manera autónoma por el delito de lavado de activos al autor de un hurto por el simple hecho de poseer u ocultar en su poder el dinero que sustrajo
Sentencia la máxima instancia judicial que, en este caso, sancionar el autolavado vulneraría el principio non bis in ídem (prohibición de doble persecución y sanción por un mismo hecho). Y esto porque, "la mera posesión del dinero del hurto por el agente que lo cometió no cumple con esta finalidad típica de blanqueo o disimulo institucional, sino que representa el disfrute o aprovechamiento del provecho del delito fuente, cosa distinta es que hubiera existido un acto previo de conversión o transferencia para que la posesión se vuelva ilícita en la modalidad de tenencia, pero ello no ha sido materia de acusación, debate ni probanza" (sic). En el razonamiento de la corte, el acusado presenta una línea de tiempo de actividad criminal realizada; así, "su actuar se encuentra dentro del tipo penal de lavado de activos, al ser el delito fuente el de hurto agravado, el cual no está exento de considerarse como tal, pues su nota característica es que tiene la capacidad de generar ganancias ilegales en cuanto actos de conversión y transferencia. En consecuencia, el tipo penal calza con la conducta acreditada del acusado a través de los medios probatorios actuados y valorados adecuadamente por la Sala de Apelaciones (...). Por otro lado, en el caso concreto de los S/ 60 000 (sesenta mil soles), no se puede condenar de manera autónoma por el delito de lavado de activos al autor de un hurto por el simple hecho de poseer u ocultar en su poder el dinero que él mismo sustrajo, ya que dicha conducta constituye un acto posterior (agotamiento del delito) (...)" (sic). (V. P. Peña Farfán)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)
La CS descarta contradicciones en su jurisprudencia y reafirma que el vencimiento del plazo de investigación no genera automáticamente la nulidad de las diligencias fiscales posteriores
Al analizar este recurso de casación, la máxima instancia judicial explicó lo siguiente: sobre la primera propuesta de desarrollo jurisprudencial, la recurrente plantea que existe una contradicción en la jurisprudencia de la Corte Suprema (CS) que requiere ser unificada; sin embargo, su planteamiento se basa en un auto de calificación de recurso de casación, que no ha desarrollado o sentado una nueva postura, sino que, por el contrario, advertimos que existe una postura predominante y pacífica en la corte que deja claro que "lo trascendente es la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria, y en el peor de los casos en que el fiscal incumpla sus deberes funcionales para cumplir su labor en los plazos legales, aquello podría conllevar a una sanción disciplinaria, pero no podría hablarse de una sanción de caducidad para sus actuaciones (...). Respecto a su segundo tópico de desarrollo (...), la recurrente también sostiene que no sería aplicable el criterio de los 'plazos impropios' por cuanto nos encontramos frente a una orden judicial que determinó el vencimiento del plazo; lo cual se encuentra relacionado con el cuarto tópico de desarrollo, donde básicamente propone que las actuaciones fiscales realizadas con posterioridad al vencimiento del plazo de investigación preparatoria deberían ser sancionadas con su nulidad (...). De esta manera, a nivel de la Corte Suprema, ya existe doctrina jurisprudencial que da respuesta a las consecuencias que acarrea que el Ministerio Público incumpla con los plazos legales, cuando estos se traten de plazos impropios (por ejemplo, el de la investigación preparatoria), y será la responsabilidad disciplinaria del fiscal, mas no la caducidad o nulidad de las actuaciones que se hubieren realizado en ese periodo (...). Respecto a su tercer tema de desarrollo jurisprudencial, básicamente solicita que se afirme la jurisprudencia con relación a que el instituto de la tutela de derechos se puede extender a la etapa intermedia, y se justifica en la existencia de jurisprudencia contradictoria al respecto (...). Entonces, resulta claro que será viable discutir estas cuestiones cuando se trata de la excepción, es decir, cuando el proceso provenga de una acusación directa. Pero no se vislumbra una contradicción en la jurisprudencia, sino una complementación a lo ya desarrollado (...). Finalmente, el quinto tópico de desarrollo (...) debemos indicar que en primer lugar no existe interés casacional (...), y en cuanto a su reclamo por el caso concreto, no se observa contradicción alguna en la actuación de la Sala Superior, pues la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema establece que la investigación preparatoria no puede ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal, pues esta facultad le corresponde al Ministerio Público, en ese sentido, mientras el titular de la acción penal no emita la disposición respectiva, sus actuaciones continúan teniendo validez; sin embargo, en el caso concreto, al haberse emitido la decisión de conclusión el 16 de enero de 2024, resulta extemporánea la formulación de tutela de derechos en fecha posterior, es decir, el 29 de mayo de 2024 (...)" (sic). (V. P. Terrel Crispín)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)
Si las imputaciones no derivan de una única acción (incumplimiento), no existirá un concurso ideal de infracciones
En vía de apelación, la empresa aseguradora señaló que (i) ambas conductas sancionadas derivaban de un único hecho referido a la supuesta asesoría deficiente al indicar al denunciante que no era necesario declarar su estado real de salud, por lo que se impuso dos sanciones sobre la base de una misma conducta infractora, pese a haber sido imputada en términos distintos; (ii) las sanciones impuestas carecían de una adecuada motivación, debido a que se omitió señalar los aspectos normativos diferenciados en el presente caso, considerando que ambas conductas fueron sancionadas por infracción de los artículos 18 y 19 del Código y (iii) se debía evaluar las sanciones bajo los principios de concurso de infracciones y non bis in ídem. Sin embargo, para la Sala del Indecopi, "si bien las conductas sancionadas se encuentran vinculadas a la asesoría deficiente brindada por (...) y están referidas a los mismos artículos del Código, estas constituyen hechos distintos ocurridos en momentos diferentes de la relación contractual -por un lado, la asesoría cuestionada ocurrió al momento de la contratación, mientras que el rechazo de la cobertura se dio en un momento posterior- (...). En ese sentido, no derivan de una única acción, sino de incumplimientos independientes que fueron correctamente imputados y analizados de manera separada y ameritan la imposición de sanciones individuales. Por lo que no existe un concurso ideal de infracciones y no se vulneró el principio de non bis in ídem (...)" (sic) (e). (Pres. Hernando Montoya Alberti)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)
La entidad contratante determina el costo de las prestaciones adicionales sobre la base de las especificaciones técnicas del bien, las condiciones y los precios pactados en el contrato
Aclara esta opinión del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que, en los contratos de bienes, conforme con los artículos 64 de la ley y 141 del reglamento, "la entidad contratante determina el costo de las prestaciones adicionales sobre la base de las especificaciones técnicas del bien, las condiciones y los precios pactados en el contrato, y solo en defecto de estos determina el monto a acordar con el contratista considerando la estructura de costos y/o sustento presentado por este. Asimismo, la entidad contratante no requiere del consentimiento, aprobación o permiso previo del contratista para autorizar y ordenar la ejecución de prestaciones adicionales (...). La aprobación de una prestación adicional se circunscribe a la modificación del alcance material de la prestación debida y no conlleva de pleno derecho la modificación del plazo contractual. Si la ejecución del adicional afecta el plazo de ejecución del contrato, el mecanismo idóneo previsto en la normativa es el procedimiento de ampliación de plazo establecido en el artículo 142 del Reglamento, el cual requiere de la solicitud sustentada del contratista y la evaluación y pronunciamiento de la entidad contratante (...)" (sic).
(Director Técnico Normativo. Héctor Marín Huamán)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)
Servir precisa el cómputo del plazo de prescripción disciplinaria y la exigencia de acreditación documental
Para determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción de un (1) año previsto en el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil, las entidades deben identificar a la Oficina de Recursos Humanos o a la dependencia que haga sus veces, así como acreditar documentalmente la fecha en que dicha oficina toma conocimiento de la presunta falta; conforme con el criterio de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), esta toma de conocimiento se configura con la recepción de un documento que contenga los hechos materia de la presunta infracción disciplinaria y que permita establecer una fecha cierta, a partir de la cual se computa el plazo de un (1) año para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, siempre que no haya transcurrido el plazo general de tres (3) años desde la comisión de la falta. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil Sixto Joseph Barriga Albis)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)

Información relacionada:

+ La figura de la interrupción de la prescripción resulta inaplicable en los procedimientos disciplinarios del régimen penitenciario
En Colombia, amparan libertad de expresión de hinchas de fútbol frente a directivas y clubes
La Corte Constitucional de Colombia amparó el derecho a la libertad de expresión de un hincha de fútbol al que no se le permitió el ingreso a un partido en julio del 2025 de pancartas o trapos con mensajes que contenían críticas dirigidas a las directivas del club y a los jugadores. Ordenó garantizar que en el desarrollo de partidos de fútbol se eviten medidas que resulten restrictivas. Además, dictó acciones dirigidas a socializar de manera pedagógica el contenido de la decisión y exhortó a las autoridades competentes para que ajusten sus protocolos y reglamentos internos, de manera que estos no limiten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los hinchas y aficionados en los partidos de fútbol. En particular, que se abstengan de medidas tendientes a prohibir, restringir o limitar el ingreso o exhibición de pancartas, trapos u otras manifestaciones amparadas por la libertad de expresión solo por su contenido crítico o desfavorable frente a clubes, directivos, jugadores, organizadores o autoridades deportivas, salvo que lo que se comunica pueda catalogarse como discurso prohibido. Por su parte, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia deberá organizar una jornada abierta en la que se socialice la decisión de manera clara y pedagógica con los hinchas, aficionados y barras de futbol. Así mismo, lo deberá hacer en su calidad de secretaria técnica del PMU, de manera que todos los involucrados en las dinámicas del fútbol conozcan sus derechos y deberes. Se exhortó al Gobierno Nacional, por conducto de los ministerios del Interior y del Deporte, para que presenten un proyecto de ley que incorpore criterios claros, objetivos, precisos y verificables para identificar discursos protegidos y discursos excluidos de protección en los eventos deportivos y, en particular, en los partidos de fútbol. (M. P. Lina Marcela Escobar Martínez)

Noticia generada nov. 18/26 (08:18 a. m.)
Normas publicadas el 18 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 18 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 17 de noviembre del 2026.

Noticia generada en nov. 18/26 (08:00 a. m.)

Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19642
Bonificación extraordinaria de 200 soles para los pensionistas del Decreto Ley 19990
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorgará de manera excepcional y por única vez, una bonificación extraordinaria ascendente a 200 soles a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990. La medida fue autorizada por el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, que precisa que dicha bonificación extraordinaria se entregará al pensionista cuya pensión haya sido otorgada con carácter definitivo y que se encuentre registrada en la planilla de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre del 2026. Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorga una sola bonificación extraordinaria, teniendo en cuenta que la percepción de la bonificación extraordinaria es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

Noticia generada en nov. 18/26 (09:15 a. m.)
Entran en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional
El Ministerio de Energía y Minas declara en situación de emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles a nivel nacional; desde el procesamiento, refinación y almacenamiento hasta la comercialización; debido al alto riesgo estructural y sistémico en el suministro de combustibles líquidos y GLP como fuente de energía, como consecuencia de los eventos climáticos anómalos derivados del fenómeno del Niño 2026-2027, por un periodo de hasta ocho (8) meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N.° 063-2010-EM, modificado por el Decreto Supremo N.° 002-2026-EM. Lo dispuesto fue oficializado a través de la Resolución Ministerial N.° 490-2026-Minem/DM.

Noticia generada en nov. 18/26 (09:18 a. m.)
El proceso de modernización y reorganización el MIMP y sus programas nacionales durará sesenta días
El Gobierno declaró en proceso de modernización y reorganización el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y sus programas nacionales, por el plazo de sesenta (60) días calendarios, con el objeto de evaluar integralmente su situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer, sobre la base de dicha evaluación, las acciones y medidas de modernización y reorganización que correspondan, orientadas al fortalecimiento de su capacidad institucional y a la mejora de la articulación, gestión y cumplimiento de sus competencias. Según el Decreto Supremo N.° 006-2026-MIMP, la finalidad es fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales.

Noticia generada en nov. 18/26 (09:19 a. m.)
El formato simplificado para elaborar y presentar los Planes de Mantenimiento de Infraestructura de Riego Menor
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó el "Formato Simplificado para la Elaboración y Presentación de los Planes de Mantenimiento de Infraestructura de Riego Menor (PMIRM)", en cumplimiento de lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria final del Decreto Supremo N.° 014-2026-Midagri. Así, la Resolución Jefatural N.° 0275-2026-ANA establece que las Organizaciones de Usuarios de Agua formularán y presentarán los PMIRM utilizando el citado formato.

Noticia generada en nov. 18/26 (09:20 a. m.)
Edición Extraordinaria: Manual de Traductores Públicos Juramentados
En una Edición Extraordinaria de la Separata de Normas Legales del Diario Oficial "El Peruano", publicada el 17 de noviembre del 2026, se oficializó el Manual de Traductores Públicos Juramentados. El Manual de Traductores Públicos Juramentados sistematiza la naturaleza personalísima de la función de los Traductores Públicos Juramentados, el uso del Sistema de Registro de Traducciones Oficiales (Sirto), las modalidades de traducción física y digital, los mecanismos de verificación tecnológica y la gestión documental del acervo.

Noticia generada en nov. 18/26 (09:22 a. m.)
 
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