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Noticia Extra
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Edición Extraordinaria: Se fortalece la protección legal de los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia
El Gobierno oficializó un decreto legislativo para fortalecer la protección de las personas frente a la criminalidad. Con la modificación del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, el Gobierno establece disposiciones orientadas a optimizar el ejercicio del derecho a la legítima defensa de los ciudadanos, para dotar de mayor eficacia la aplicación de la causal de exención de responsabilidad penal prevista en el citado numeral 3. El decreto también incorpora el segundo párrafo al numeral 1 del artículo 334 (Calificación de la denuncia) del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.° 957. Se trata del Decreto Legislativo N.° 1743 que, entre otras, precisa que las autoridades correspondientes evalúen la necesidad racional del medio empleado desde la perspectiva de quien ejercita la legítima defensa, valorando la situación apremiante, incierta y de rápida evolución en la que se desarrollan los hechos, desde la percepción del agredido, siempre que se actúe para impedir o repeler una agresión actual, ilegítima y real; que dicha racionalidad se presuma; que el Ministerio Público se encargue de acreditar lo contrario y que toda resolución judicial que descarte esa presunción cuente con motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Asimismo se dictan disposiciones complementarias con el objetivo de articular la referida presunción y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público con la decisión fiscal de calificación de la denuncia, prevista en el numeral 1 del artículo 334 del Código Procesal Penal, de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las normas constitucionales y legales vigentes, además de prever la exigencia de motivación cualificada para desestimar la exención de responsabilidad penal por legítima defensa en aquellos casos que se encuentren en trámite.
Noticia generada en nov. 9/26 (09:10 a. m.)
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El proceso de formalización para la pequeña minería y minería artesanal se ampliaría hasta el 2028
El diputado Raúl Jesús Camargo Porta, integrante del Partido Cívico Obras, presentó un proyecto de ley para extender por dos años adicionales, hasta el 31 de diciembre del 2028, la vigencia del proceso de formalización minera integral. La iniciativa plantea modificar el artículo 6° del Decreto Legislativo N.° 1293 (modificado previamente por la Ley N.° 32537), con el objetivo de mantener la validez del proceso para los pequeños mineros y mineros artesanales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Asimismo, la propuesta busca agilizar los trámites de formalización de manera transitoria mientras el Congreso de la República aprueba un nuevo marco regulatorio especializado para el sector.
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
TC: "la salud se configura como un derecho fundamental indiscutible y, como tal, se convierte en objeto de acciones positivas y negativas por parte del Estado"
Escribe en esta sentencia el Tribunal Constitucional (TC) que los servicios públicos de salud cobran vital importancia en la sociedad, pues de su prestación eficiente depende la vida e integridad de los pacientes. Cabe agregar que la cobertura de dicho atributo no solo abarca el ámbito estrictamente individual, sino que también se extiende al entorno familiar e, incluso, al comunitario, por tratarse de un bien que trasciende la órbita personal. En este contexto, señala el TC, queda fuera de toda duda que "la salud se configura como un derecho fundamental indiscutible y, como tal, se convierte en objeto de acciones positivas y negativas por parte del Estado. En cuanto receptor de acciones positivas, el Estado debe promover condiciones que faciliten el acceso a este derecho de modo progresivo. En cuanto a lo segundo, debe garantizar su protección adecuada en caso de desconocimiento (...)" (sic). (V. P. Gutiérrez Ticse)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ El TC reitera: "establecer un plazo máximo de tres años para que se declare la invalidez o incapacidad genera un obstáculo en la accesibilidad de la prestación de salud"
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No es posible equiparar elementos formales propios de un contrato de locación de servicios altamente especializado con la subordinación laboral
La Corte Suprema (CS) precisó que, en este caso, resulta conveniente traer a colación que la sentencia de vista sustentó la desnaturalización del contrato civil alegando que "la provisión de equipos de cómputo en la Planta (...) de la demandada, la prohibición de ceder el contrato a terceros y la presunta continuidad laboral con la posterior contratación en planillas a partir de febrero de 2006, acreditaban la subordinación y los rasgos de laboralidad del actor (...). Lo anotado evidencia que la sentencia de vista ha interpretado erróneamente la norma contenida en el artículo 9° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, al haber equiparado indebidamente elementos formales propios de un contrato de locación de servicios altamente especializado (desarrollo e implementación de programas informáticos y posteriores informes contables) con la subordinación laboral. En efecto, en el caso concreto se encuentra acreditado que: a) El demandante prestó servicios independientes como 'Programador de Cómputo' al amparo de contratos de locación de servicios y órdenes de encargo específicas y el desempeño de actividades especializadas en el rubro contable al amparo de órdenes de servicios. Este supremo tribunal advierte que la provisión de computadoras de la empresa en la Planta (...) para el desarrollo y prueba de los 25 programas contables respondió a la necesidad técnica de salvaguardar la información financiera sensible de (...) y probar los softwares directamente en su red, lo cual no constituye una manifestación de la facultad de dirección del empleador, sino una condición logística legítima autorizada en la contratación civil. b) De la valoración conjunta de los 172 recibos por honorarios obrantes en autos, se comprueba que los montos percibidos por el accionante eran variables y discontinuos, respondiendo a la culminación y entregas de módulos específicos de sistemas (como la automatización de gastos de marketing, costeo ABC, estado de resultados, entre otros), y no al pago de una remuneración fija, periódica e ininterrumpida propia de un contrato de trabajo. c) De lo actuado no obran medios probatorios que demuestren que el demandante haya estado sujeto a control de asistencia, registro de ingreso y salida, horario de trabajo obligatorio, sometimiento al reglamento interno de trabajo, sujeción a órdenes directas sobre cómo ejecutar la programación, o a la imposición de amonestaciones ni sanciones disciplinarias en el periodo de los años dos mil uno y dos mil seis.
8.2. En ese orden de ideas, ante la ausencia del elemento subordinación en los hechos ocurridos entre el uno de enero de dos mil uno y el treinta y uno de enero de dos mil seis, la relación entablada entre el demandante y la empresa demandada reviste una naturaleza estrictamente civil bajo la figura de la locación de servicios; en consecuencia, la denuncia de infracción de la norma contenida en el artículo 9° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, corresponde ser declarada fundada (...)" (sic). (e) (V. P. Pinares Silva)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
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Cualquier acto producido por la administración pública destinado a producir efectos jurídicos es acto administrativo
El numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley N.° 27444 estipula que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. En ese sentido, para la Corte Suprema (CS), "se entiende que cualquier acto producido por la Administración Pública, destinado a producir efectos jurídicos son actos administrativos, estos actos, pueden estar contenidos en medios físicos materiales como documentos, cualquiera sea su nomenclatura o denominación, o en medios inmateriales, como el silencio la inercia o la inacción, en concordancia con el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584" (sic). (V. P. Morales Gonzáles)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
La diferencia entre el acto de administración interna y el acto administrativo
Según tiene desarrollado la máxima instancia judicial, "las entidades que forman parte de la administración pública, realizan una serie de actos conforme a sus competencias y dentro del marco legal, así, por un lado se encuentran los actos de administración interna o material, mediante los cuales regulan su propia administración, su organización o funcionamiento, y sus efectos se dan exclusivamente dentro del ámbito de la Administración Pública, agotándose dentro de tal órbita; incluyéndose en dicho supuesto los actos dirigidos a producir efectos indirectos en el ámbito externo de la entidad, en tal sentido, el numeral 1.2.1 del artículo 1° de la Ley N.° 27444, señala que: 'son actos de administración los destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios' y el artículo 7° de la citada norma establece que 'los actos de administración se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de la entidad, y por otro, se encuentran los actos administrativos, que son las formas jurídicas como se manifiesta la administración pública dentro de su función administrativa y cuyos efectos jurídicos recaen directamente sobre la situación de una persona natural o persona jurídica, el numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley N.° 27444, expresa que: 'son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinados a producir efectos jurídicos, sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta' [...], de lo acotado se infiere, que después de concluido el proceso de selección, que constituyen actos de administración interna, las consecuencias derivadas de ellas y que recaen en personas naturales o jurídicas, constituyen actos administrativos, que escapan al marco normativo, del proceso de selección cuya convocatoria es general, sin embargo, si es factible que el marco normativo del proceso de selección alcance supuestos de nulidad, pero de lo que se ha generado en dicho proceso, con el límite de que dicha nulidad no puede extenderse a situaciones fuera de la esfera del proceso de selección, que afecten derechos fundamentales, pues de ser así, y sólo en ese caso, los actos administrativos dejados sin efecto, vulnerando derechos fundamentales, tendrían vicios de nulidad (...)" (sic). (V. P. Chumpitaz Rivera)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
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La resolución de determinación, la resolución de multa y la orden de pago deben señalar los hechos y fundamentos de derecho que los sustenten
El Código Tributario no regula expresamente los requisitos que deberán contener los actos administrativos que tengan relación directa con la determinación de la obligación tributaria. En esa línea, la Corte Suprema (CS) sentencia que "la resolución de determinación, resolución de multa y orden de pago, dichos actos deberán señalar los hechos y fundamentos de derecho que los sustenten, así como el órgano emisor de los mismos" (sic). (V. P. Salas Villalobos)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
Incluso si celebra un convenio interinstitucional, el titular del banco de datos mantiene la obligación de velar por su adecuado tratamiento
La autoridad de datos personales precisó que los convenios celebrados tanto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) como con la Contraloría General de la República (CGR) tuvieron por finalidad lograr esfuerzos conjuntos a efectos de la colaboración entre las entidades. Entonces, "estos acuerdos en ningún momento implicaron la transferencia de datos personales conforme lo regulado por la LPDP y su Reglamento. Por ende, la administrada, al mantener la condición de titular del banco de datos, tiene la obligación de velar por el adecuado tratamiento de estos; por lo que, ante el incumplimiento de las obligaciones reguladas por la LPDP y su Reglamento, recaerá en ella la responsabilidad. En cuanto a los usuarios del Minem que estuvieron involucrados en la filtración de la información posteriormente utilizada en la aplicación 'Zorrito Run Run' (...). En el caso del Minem, en la cláusula séptima 116 del convenio suscrito con la administrada, se especifica que la administrada realizará fiscalizaciones a efectos de verificar el incumplimiento de alguna de las condiciones del convenio (...). En este sentido, la administrada, como titular del banco de datos que contiene información de las personas, tiene reconocidas las finalidades del tratamiento de datos personales que realiza, así como sus responsabilidades en caso de incumplimiento del Minem (cláusula sétima del convenio), al no solo actuar como propietario de la información, sino también como propietario de los sistemas que emplea para acceder a tales datos personales, así como de los procesos que maneja, en los que intervengan las entidades con quienes posee un vínculo de cooperación interinstitucional que, brinda con el acceso a tal información (...)" (sic). (Directora general (e) de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Marcia Águila Salazar)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
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El registro de entrega de equipos de protección personal con firmas digitales de los trabajadores no acredita su entrega efectiva
En relación con los documentos denominados "Control de EPP - Personal", presentados por la recurrente de este caso para acreditar la entrega de equipos de protección personal a sus trabajadores, el Tribunal Fiscal (TF) señala que, si bien este tipo de documentación podría resultar idóneo para demostrar dicha entrega, los documentos aportados no generan fehaciencia respecto de su efectiva realización. Ello obedece a que, en el espacio destinado a la firma de los trabajadores, se ha insertado una imagen de esta. Asimismo, conforme con las declaraciones de los propios trabajadores contenidas en los documentos presentados durante la fiscalización, ellos autorizaron el uso de sus firmas por períodos de seis meses. En este sentido, la incorporación de dichas imágenes no permite tener certeza de que los trabajadores recibieron efectivamente los equipos en las fechas consignadas en los respectivos documentos de control. Por consiguiente, el colegiado considera que la documentación presentada no acredita fehacientemente la entrega de los equipos de protección personal a los trabajadores. (V. P. Huertas Lizarzaburu)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ El principio de causalidad determina cuándo un gasto es necesario
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Algunos criterios para atender solicitudes de acceso a información clasificada por otras entidades
Afirma la autoridad nacional de datos personales que la normativa de transparencia y acceso a la información pública no ha dispuesto el tratamiento que debe darse a la información que reciba una entidad, cuando previamente haya sido clasificada como secreta o reservada por la entidad remitente. No obstante ello, para la atención de solicitudes de acceso a información clasificada por otras entidades, es preciso tener en cuenta estos criterios:
"a. La información secreta y reservada tiene una protección especial por los bienes constitucionales que les subyacen, como la seguridad nacional, la integridad del territorio y la subsistencia del régimen democrático.
b. La naturaleza de acceso restringido no lo otorga el procedimiento mismo de la clasificación -que es declarativo-, sino su reconocimiento como tal por la Constitución (inciso 5 del artículo 2°), la Ley 27806 (artículos 15, 16 y 17 de su TUO), o la norma con rango de ley (inciso 6 del artículo 17 de su TUO) que así lo precise.
c. La clasificación de la información debe ajustarse a lo dispuesto en las normas arriba citadas. De lo contrario, podría restringirse irrazonablemente el derecho de acceso a la información pública. Constituye infracción grave clasificar información incumpliendo lo dispuesto en la Ley 27806.
d. La Ley 27806 y su reglamento establecen una formalidad para la clasificación de la información, la cual debe cumplirse por las entidades remitentes, toda vez que son ellas las que se encuentran en una posición privilegiada para evaluar si su información tiene carácter secreto o reservado.
e. Para que la entidad receptora otorgue a la información recibida el carácter de restringido y la deniegue cuando sea solicitada en el marco de la Ley 27806, la entidad remitente debe acreditar que ha cumplido con el procedimiento de clasificación dispuesto en la normativa. No es suficiente que coloque en los documentos remitidos el rótulo de información clasificada (...)" (sic). (Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Eduardo Luna Cervantes)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
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El personal contratado bajo el D. Leg. 276 que pasa a la condición de nombrado podrá acumular el tiempo de servicios que tuvo como contratado para efectos de beneficios y/o derechos
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisa que los servidores contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 276 que adquieran la condición de nombrados sin solución de continuidad acumulan todo el tiempo de servicios prestado en su etapa previa para el cómputo de los derechos y beneficios que corresponden a la carrera administrativa. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la referida norma, las oficinas de recursos humanos deben reconocer dicha antigüedad acumulada para el goce de derechos laborales, como el descanso vacacional remunerado, para garantizar de esta forma la continuidad de la relación laboral y la correcta liquidación de los beneficios de los servidores públicos. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil Sixto Joseph Barriga Albis)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
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+ No es posible acumular los beneficios laborales cuando un servidor se incorpora voluntariamente a la carrera especial penitenciaria
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Texto del fallo que declaró en Colombia exequible sobretasa al impuesto de renta para sectores asegurador y bursátil
La Corte Constitucional de Colombia publicó el texto del fallo mediante el cual declaró exequible el parágrafo 2 (parcial) del artículo 240 del Estatuto Tributario, que extendió la sobretasa al impuesto de renta, que inicialmente recaía solo sobre instituciones financieras, a un nuevo grupo de sujetos compuesto por entidades y sociedades de los sectores asegurador, bursátil y del mercado de valores. El alto tribunal explicó que la ampliación de la sobretasa buscó, en general, incrementar el recaudo para financiar el gasto público y, en particular, la red vial terciaria. Con esa finalidad, el legislador consideró que los sujetos en cuestión, al igual que las entidades financieras, tienen capacidad económica significativa y pueden asumir una carga fiscal mayor a la del resto de los contribuyentes. Según los accionantes, la extensión era contraria a la equidad horizontal, pues los nuevos sujetos incluidos tenían una capacidad contributiva menor, debido a que sus tasas efectivas de tributación son más altas que las de las instituciones financieras. No obstante, la sala precisó que los dos grupos comparados se asimilan en términos de capacidad contributiva, por lo que la disposición acusada no otorga un trato igual entre desiguales. Agregó que la capacidad contributiva se refiere a la aptitud económica real del contribuyente para soportar cargas fiscales, la cual no se agota en un único indicador. Por el contrario, se trata de un criterio abierto que se construye a través de múltiples elementos y cuya concreción depende del diseño específico del tributo. Por último, aclaró que la tasa efectiva de tributación mide la proporción de las utilidades destinada al pago de impuestos y que, aunque puede constituir un indicador de la capacidad contributiva, no puede equiparse con ella. Decidió no continuar con la aplicación del juicio de igualdad y procedió a declarar exequible la disposición acusada. (M. P. Natalia Ángel Cabo)
Noticia generada nov. 9/26 (08:18 a. m.)
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Normas publicadas el 9 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 9 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 8 de noviembre del 2026.
Noticia generada en nov. 9/26 (08:00 a. m.)
Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19625
Edición Extraordinaria: múltiples modificaciones e incorporaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Delitos Informáticos
Ante la consolidación de nuevas modalidades de criminalidad violenta, organizada e informática, el Gobierno dicta este decreto legislativo para modificar los artículos 52 (Conversión de la pena privativa de libertad), 52-B (Conversión de la pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica personal), 108-D (La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato), 200 (Extorsión), 279-G (Fabricación, comercialización, uso o porte de armas), 303-C (Reingreso Clandestino o Ilegal), 317-B (Banda criminal), 368-A (Ingreso indebido de equipos o sistema de comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o reclusión) y 411 (Falsa declaración en procedimiento administrativo) e incorporar los artículos 428-C (Falsedad en la declaración de pérdida o sustracción de armas de fuego y bienes relacionados) y 438-B (Suplantación en los trámites de adquisición, registro, transferencia o autorización de porte o tenencia de armas de fuego y bienes relacionados) del Código Penal, así como; para modificar los artículos 2° (Acceso ilícito) y 11 (Agravantes) de la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos; modificar el artículo 266 (Detención judicial en caso de flagrancia) e incorporar el artículo 221-A (Incautación, comunicación, custodia e internamiento de armas de fuego, municiones y materiales relacionados) al Nuevo Código Procesal Penal; y modificar los artículos 2° (Finalidad) y 3° (Procedencia) del Decreto Legislativo N.° 1182, Decreto Legislativo que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Así, el Ejecutivo busca, por ejemplo, actualizar los tipos penales y agravantes frente a las nuevas modalidades de ciberdelincuencia, fortalecer la respuesta penal frente al acceso ilícito a sistemas y datos, fraude informático, suplantación de identidad y utilización de tecnologías digitales como instrumentos para la comisión de delitos; adecuar la legislación frente al empleo de medios informáticos por organizaciones criminales y en la comisión de delitos de extorsión, pluriofensivos, criminalidad organizada, bandas criminales y delitos violentos, y, actualizar las disposiciones necesarias para facilitar su investigación y persecución penal frente a las nuevas modalidades tecnológicas.
Noticia generada en nov. 9/26 (09:14 a. m.)
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La Central de Compras Públicas modifica 41 fichas técnicas de medicamentos, anticonceptivos y vacunas
El día de hoy, la Central de Compras Públicas (Perú Compras) oficializó la modificación de 41 fichas técnicas correspondientes al rubro de productos farmacéuticos, incluidos anticonceptivos y vacunas, incorporados en el Listado de Fichas Técnicas (LFT). Según refiere la parte expositiva de la resolución, la medida busca actualizar la información de estos bienes y uniformizar las especificaciones utilizadas por las entidades públicas en sus procesos de contratación. La Resolución Jefatural N.° 000146-2026-Perú Compras-Jefatura también dispone mantener la obligatoriedad del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica para adquirir los productos comprendidos en las fichas técnicas modificadas.
Noticia generada en nov. 9/26 (09:15 a. m.)
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09/07/2026
Resolución del Tribunal Fiscal
8/27/2026
Resolución Indecopi
10/30/2025
Jurisprudencia
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Dólar compra - venta
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S/ 3.710 - S/ 3.717
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Euro compra - venta
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S/ 3.838 - S/ 4.176
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Libra Esterlina compra - venta
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S/ -.- . S/ 4.654
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Salario mínimo
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S/. 1,230
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Asignacion familiar
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S/. 123.00
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UIT
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S/. 5,500
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