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Noticia Extra
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Los precios de transferencia | Sunat adapta el Formulario Virtual 3560 - Declaración Jurada Informativa Reporte Local
Con esta resolución de superintendencia, la Sunat modifica los anexos II, III y IV de la Resolución de Superintendencia N.° 014-2018/Sunat, Normas para la presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local (Formulario Virtual N.° 3560), para incorporar el detalle de la información mínima asociada a los otros métodos de valoración aplicables en el ámbito de precios de transferencia. Según anota la resolución, la finalidad de la medida es adecuar el Formulario Virtual N.° 3560 - Declaración Jurada Informativa Reporte Local, teniendo en cuenta los cambios normativos introducidos por el Decreto Legislativo N.° 1663, que modifica el numeral 7) del inciso e) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta y el Decreto Supremo N.° 302-2025-EF, que incorpora el artículo 113-B al reglamento de dicha ley. La resolución también sustituye la sección datos de la transacción del cuadro del anexo II de la resolución por el texto de la sección de la misma denominación contenido en el anexo que forma parte integrante de la presente norma; además, incorpora el ítem 8 en el numeral 5.2 de la sección 5 Operaciones controladas del anexo III de la resolución. Y, por último, sustituye el cuadro de la sección 2. De la información a considerar según el método de la transacción del anexo IV de la resolución, por el cuadro que figura en el anexo de esta norma.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:10 a. m.)
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Un sistema integral de cuidados podría garantizar el derecho al cuidado como un derecho humano
La diputada Indira Huilca Flores presentó esta iniciativa legislativa que detalla la creación de un sistema integral de cuidados, que se configuraría como una red pública, intersectorial y descentralizada que garantizaría el ejercicio efectivo de este derecho en todas las etapas de la vida. La propuesta busca transformar la realidad del país, donde históricamente las labores de cuidado se han tratado como una responsabilidad privada de los hogares y, en mayor medida, como un trabajo no remunerado asumido casi exclusivamente por las mujeres. Así, el Estado reconocería el cuidado como un derecho humano fundamental que se sostiene en cuatro pilares clave: el derecho a ser cuidado en condiciones adecuadas, el derecho a cuidar bajo condiciones dignas y con apoyo institucional, el derecho al autocuidado para preservar la salud física y mental y el derecho a no asumir cargas de cuidado desproporcionadas. Mediante este enfoque solidario y progresivo, la iniciativa promovería, además, la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y las familias para cerrar las brechas de género en el Perú.
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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+ Ochoa Cardich: "el derecho al cuidado por más que esté relacionado a otros derechos, debe tener autonomía normativa y funcional"
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El TC insiste: establecer un plazo máximo de tres años para que se declare la invalidez o incapacidad genera un obstáculo en la accesibilidad de la prestación de salud
Ha dicho el Tribunal Constitucional (TC), sobre las evaluaciones médicas para efectos de que se declare la invalidez o incapacidad, que el artículo 24 del Decreto Supremo N.° 009-DECCFA, Reglamento del Decreto Ley N.° 19846, prescribe: "'Ningún examen de reconocimiento médico podrá ser solicitado, ordenado ni practicado para la declaración de invalidez o incapacidad, después de tres años de producida la lesión y/o advertida la secuela' (...). Sin embargo, esta disposición reglamentaria desarrolla de manera restrictiva el derecho a la salud. Y es que establecer un plazo máximo de 3 años para que se declare la invalidez o incapacidad genera un obstáculo en la accesibilidad de la prestación de salud para las personas que no solicitaron el reconocimiento de la invalidez en dicho plazo. Esto no se condice con la obligación del Estado de fomentar todas las condiciones que viabilicen la plena efectividad del derecho a la salud. Vale recalcar que este criterio ya ha sido adoptado en la sentencia emitida en el Expediente 03691-2016-PA-TC, de fecha 10 de junio de 2021. Con base en lo expuesto, en el presente caso se está frente a una persona que prestó servicio militar para el Ejército y que solo solicita al Hospital Militar Central ser examinado por una junta médica que determine su real estado de salud. Es decir, en virtud del servicio realizado como sargento segundo en el servicio militar, el recurrente requiere una evaluación médica y que se emita un peritaje médico legal, independientemente de que los resultados puedan dar lugar a prestaciones de salud. Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos e inaplicando el artículo 24 del Decreto Supremo 009-DECCFA, reglamento del Decreto Ley 19846, corresponde estimar en parte la presente demanda (...)" (sic). (V. P. Gutiérrez Ticse)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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+ El TC reitera: "establecer un plazo máximo de tres años para que se declare la invalidez o incapacidad genera un obstáculo en la accesibilidad de la prestación de salud"
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El informe de resultado de la fiscalización tributaria no se emite ni notifica en el mismo día de la emisión y notificación de las resoluciones de determinación y multa
El informe del resultado de fiscalización tributaria constituye un acto administrativo procedimental que, en el caso, no debió emitirse ni notificarse en el mismo día de la emisión y notificación de las resoluciones de determinación y multa, pues estas últimas finalizaron el procedimiento de fiscalización. Con tal notificación conjunta se vulneró el derecho de defensa y el principio del debido procedimiento del contribuyente, señala la Corte Suprema (CS). Además, "la administración no consideró que el informe de resultado de fiscalización -en calidad de acto administrativo independiente- debía surtir sus efectos de manera previa a la emisión de las resoluciones de determinación y multa -actos administrativos que finalizan el procedimiento de fiscalización-; por lo que la emisión y notificación en el mismo día generó que la administrada no tenga la posibilidad de presentar sus descargos contra las conclusiones a que arribó el referido informe de resultado de fiscalización" (sic) (Cfr., artículo 75 del Código Tributario). (V. P. Bustamante del Castillo)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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La incoación del proceso inmediato suspende los plazos de prescripción
Al analizar este proceso, la Corte Suprema (CS) advierte que los hechos datan del 1 de noviembre del 2019 y se encuadran en el tipo penal que detalla el artículo 122-B del Código Penal, que en su forma agravada sanciona con una pena no menor de dos ni mayor de tres años. "Teniéndose en cuenta el día de consumación del delito antes citado, a la fecha han transcurrido seis años, ocho meses y veinte días. De ahí que, considerándose los plazos de prescripción ordinaria y extraordinaria, así como la suspensión por incoación al proceso inmediato (artículo 84 del Código Penal), este venció el 1 de mayo de 2025, tiempo que ha transcurrido en demasía, lo que implica que la acción penal ha prescrito (...)" (sic). (V. P. Altabás Kajatt)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
Al tratarse de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, los casos deben resolverse teniéndose en cuenta el enfoque de género
La Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Acuerdo de la Sala Plena N.° 141-2016, del 21 de julio del 2016, resolvió instituir el "enfoque de género" como una política a ejecutar por el Sistema de Administración de Justicia en todos sus niveles y estructuras organizacionales. En el caso, por ejemplo, se tiene que "la Sala Superior no analizó la declaración de la agraviada, quien habría señalado que era víctima de agresión verbal delante de su menor hijo, lo que ocasionaba afectación psicológica, como así también se acreditaría con el Protocolo de Pericia Psicológica N.° 015339-2019-PSC-VF. Tales actos habrían sido reiterativos, conforme así también lo habría señalado el hijo menor de ambos en el acta de entrevista única, quien refirió que habría visto dichas escenas en unas seis o siete oportunidades. Tampoco se tuvo en cuenta el Informe Social N.° 331-2019-PNCVFS-CEM, en el que se habrían determinado como factores de riesgo los actos de violencia psicológica y humillaciones en presencia de su hijo que habría sufrido la víctima, concluyendo que el nivel de riesgo era "severo" y recomendando por ello el trámite de las medidas de protección respectivas (...). Dichos medios de prueba debieron ser evaluados bajo un enfoque de género, a fin de determinar si en el caso hubo violencia psicológica, no habiéndose aplicado en todo su contexto el tipo penal materia de imputación. Dicha situación permitiría estimar el presente recurso de casación (...)" (sic). (V. P. Altabás Kajatt)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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Utilizar el término conflictos conyugales no puede servir de pretexto para disimular o precipitar una evidente agresión
En un caso de lesiones físicas y psicológicas, subtipo agresiones contra los integrantes del grupo familiar-violencia física (conducta prevista en el primer y segundo párrafo del artículo 122-B del Código Penal, concordante con el artículo 108-B, primer párrafo, numeral 1); la Corte Suprema (CS) anota las siguientes consideraciones: "i) en efecto, el ad quem relievó la existencia de una relación interpersonal entre convivientes, pese a que vivían en el mismo inmueble; ii) lesiones leves contra la integridad de la agraviada, acreditadas con el certificado médico-legal actuado en juicio; iii) la agresión fue causada por el procesado al arrojarle las llaves para que pueda abrir la puerta que dejó cerrada con candado al ir a buscarla a su centro laboral (...), lo que pone de relieve una relación asimétrica entre el procesado y la agraviada, y determina que el hecho es típico; más aún si se tiene en cuenta la pericia psicológica que señala que presenta inseguridad, dependencia -emocional- y acostumbramiento al maltrato; en tal sentido, existe una relación de poder, contexto que evidencia el dolo de la conducta. Utilizar el término conflictos conyugales -discusiones generalmente económicas, celotípicas entre parejas de esposos, convivientes o progenitores de alguna prole- no puede servir de pretexto para disimular o precipitar una evidente agresión, cuanto más si, al evidenciarse lesiones leves, es imposible admitir el fáctico solo en tal sentido. Tanto más si, en casos de violencia contra la mujer o cualquier integrante del grupo familiar, el legislador no previó la existencia de causas de justificación o excusas absolutorias, que -se insiste- es imposible apreciar de ese modo cuando se trata de violencia física, pues el mero uso de la fuerza física -lanzar las llaves con violencia y causar lesiones en la agraviada- contra otra persona en el contexto de violencia familiar es patente signo de prevalimiento y de una relación de poder o asimetría (...). A partir de las pruebas recabadas, se alcanza a acreditar que los hechos denunciados se habrían suscitado en un contexto de violencia familiar derivada de una relación de poder; es perfectamente posible que entre convivientes exista una relación de responsabilidad, de confianza o, como en este caso, de poder. Empero, es indispensable que exista una relación de prevalencia, como el hecho de ser convivientes; por ello, contrariamente a lo sostenido por el ad quem, se configura la presencia del elemento típico referido (...). La presencia de una relación de poder para configurar la violencia familiar descarta el escenario o la presencia de un conflicto familiar, como sostiene el ad quem, aspecto que también informa que el pronunciamiento emitido se apartó de la doctrina jurisprudencial (...)" (sic). (V. P. Maita Dorregaray)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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Se configura la infracción del núm. 5 del Art. 174 del Código Tributario si la guía de remisión consigna un conductor distinto al ejecutor material del traslado
La guía de remisión electrónica transportista presentada durante la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a la recurrente del caso consignaba datos del conductor distintos de quien realizaba materialmente el traslado, por lo que no reunía los requisitos exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago para sustentar el traslado de bienes; ese sentido, el Tribunal Fiscal (TF) confirma la comisión de la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 174 del Código Tributario, sancionada con internamiento temporal de vehículo, cuya aplicación fue sustituida por una multa. (V. P. Ezeta Carpio)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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+ La guía de remisión transportista sin guías de remisión remitente imposibilita acreditar gasto por transporte
Cada entidad evaluaba si aplicaba o no la declaratoria de la nulidad de oficio a la relación contractual con el contratista
En principio, según el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), ante la ausencia de regulación de algún hecho o situación en la normativa de contrataciones del Estado que se ocupe de la relación contractual entre entidad y contratista, era necesario recurrir, supletoriamente, a las disposiciones del Código Civil, que resultaban compatibles y no a las disposiciones de la Ley N.° 27444. La aplicación supletoria de las disposiciones compatibles del Código Civil a las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que regulaban la relación jurídica contractual no afectaba ni excluía -cuando hubiese correspondido- la aplicación de las disposiciones de la Ley N.° 27444 a las actuaciones que permitían a las entidades manifestar su voluntad en el marco de una relación contractual bajo el ámbito de la normativa de contrataciones. Así, en el marco de una relación contractual -entre la entidad y el contratista-, los actos que debía realizar la entidad para expresar su voluntad (sea mediante decisiones o declaraciones) a efectos de que tengan validez debían ser emitidos por el órgano facultado para ello -según su competencia-, debían expresar su respectivo objeto (que debía ajustarse al ordenamiento jurídico), debían estar debidamente motivados, debían perseguir las finalidades de interés público, entre otros aspectos, ello conforme al Principio de Legalidad (...). Ante la ausencia o vicio en los elementos de validez antes mencionados, correspondía a la entidad, en tanto responsable de las contrataciones a su cargo, evaluar la pertinencia de aplicar las figuras de control de legalidad de sus actos que contemplaba la Ley N.° 27444, tales como la declaratoria de la nulidad de oficio, de acuerdo con el caso concreto y en lo que hubiese correspondido, debiendo haber cautelado que dicha aplicación no hubiese implicado una transgresión a la normativa de contrataciones del Estado (...)" (sic). (Director Técnico Normativo Héctor Marín Huamán)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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El MEF mantiene competencia exclusiva para emitir opinión sobre los ingresos del personal del sector público
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisa que, si bien mantiene la facultad para emitir opinión técnica sobre las normas y el funcionamiento del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, carece de competencia para pronunciarse sobre los ingresos del personal del sector público. En efecto, en virtud del Decreto de Urgencia N.° 044-2021 y del artículo 159 del ROF del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) del MEF, a través de su Dirección de Política Fiscal en Ingresos del Personal, ejerce la competencia exclusiva y excluyente para emitir opiniones técnicas e interpretaciones vinculantes en materia de ingresos, aportes del Estado y gastos por encargo del personal activo. Las entidades públicas deben dirigir sus consultas sobre esta materia de manera directa a dicha cartera ministerial. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil Sixto Joseph Barriga Albis)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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+ Servir no puede emitir opinión sobre las remuneraciones del personal del sector público
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Corte Constitucional de Colombia adopta medidas cautelares urgentes para proteger la salud y vida digna de la niñez Wayuu
La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302/07, por la cual se declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez Wayuu, adoptó medidas cautelares urgentes para proteger la salud y la vida digna de esta población de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia en La Guajira. La decisión obedece a los hallazgos de la inspección judicial realizada entre los pasados 26 y 28 de agosto. Durante la mencionada visita, se identificaron tres problemas que requieren respuesta inmediata:
1. Falta de coordinación entre las EPS que atienden a integrantes de una misma comunidad.
2. Ausencia o insuficiente periodicidad de equipos extramurales e interculturales en comunidades dispersas.
3. Riesgos graves para la salud mental de la niñez Wayuu en comunidades de Maicao.
Las órdenes tienen carácter cautelar, transitorio y revisable. Su finalidad es atender de manera inmediata los riesgos encontrados en territorio, sin remplazar las soluciones estructurales que deben implementarse para superar el estado de cosas inconstitucional. Entre otras medidas, están las siguientes:
Atención y seguimiento de casos prioritarios: El Ministerio de Salud, las secretarías de salud correspondientes, las EPS y EPSI responsables, así como las IPS y ESE que operan equipos extramurales, deberán implementar una estrategia temporal para identificar y hacer seguimiento individual. Las entidades deberán presentar un informe de cumplimiento en 45 días.
Atención extramural para por lo menos 60 comunidades: Las entidades responsables deberán identificar, en 15 días, las comunidades que presentan ausencia, discontinuidad o insuficiencia en la atención. En un plazo de 30 días, deberán poner en funcionamiento un esquema transitorio de cobertura y en un plazo máximo de seis meses deberá consolidarse un plan que garantice, como mínimo, una visita mensual a las comunidades priorizadas.
Respuesta urgente frente a riesgos de salud mental: Se deberá activar, en un plazo máximo de ocho días hábiles, una respuesta sicosocial de urgencia para los menores de las comunidades Cantawamana y Majayupana (Maicao) y para sus familias. Dicha intervención deberá incluir valoración inmediata del riesgo, atención individual de casos identificados, respuesta ante situaciones de crisis, seguimiento, prevención comunitaria y personal con formación intercultural y conocimiento del wayuunaiki.
Caracterización de la salud mental de la niñez Wayuu: Se deberá realizar en tres meses una caracterización intercultural de la situación de salud mental de los menores Wayuu. El estudio deberá identificar la magnitud de la problemática, barreras de acceso, riesgos y rutas disponibles, así como formular recomendaciones de acción inmediata y estructural.
Identificación y registro civil: Se deberá realizar dentro de los dos meses siguientes una jornada de identificación y registro civil para los menores Wayuu del asentamiento de La Pista que carezcan de documentos. La Corte Constitucional advirtió que la ausencia de un documento de identidad no puede ser utilizada para negar o retrasar atención inicial, urgencias, salud pública o salud mental. (M. P. Carlos Camargo Assis)
Noticia generada nov. 11/26 (08:18 a. m.)
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Normas publicadas el 11 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 11 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 10 de noviembre del 2026.
Noticia generada en nov. 11/26 (08:00 a. m.)
Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19629
El MTPE saca a consulta pública su proyecto de decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley del Teletrabajo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2023-TR, y de su exposición de motivos, por el plazo de quince (15) días calendario, a efectos de recibir los comentarios, aportes u opiniones de las entidades públicas o privadas, los empleadores y trabajadores, o sus respectivas organizaciones, y la ciudadanía en general. El proyecto plantea optimizar las disposiciones relativas a las restricciones de teletrabajo total en el sector público, garantizando el equilibrio entre la razonabilidad de la medida, y la continuidad operativa de las entidades.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:15 a. m.)
El Ejecutivo convoca a la segunda elección en el proceso de elecciones regionales 2026
Mediante la dación de este decreto supremo, el Poder Ejecutivo convocó a la Segunda Elección en el proceso de Elecciones Regionales 2026 para elegir a los gobernadores y vicegobernadores de los gobiernos regionales en las circunscripciones de la República donde ninguna fórmula ha alcanzado el treinta por ciento (30 %) de los votos válidos de acuerdo con los cómputos oficiales del proceso electoral llevado a cabo el domingo 4 de octubre del 2026, para el domingo 6 de diciembre del 2026. Se trata del Decreto Supremo N.° 150-2026-PCM que se enmarca dentro de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 5° de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:16 a. m.)
Sutran oficializa el acta de control para el servicio de colectivo
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobó el formato de Acta de Control para el Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo y encargó a la Gerencia de Articulación Territorial y a la Oficina de Tecnología de Información realizar, en el ámbito de sus competencias, las acciones de coordinación tecnológica necesarias para garantizar la inmediata incorporación e implementación del formato aprobado, así como de la tabla de infracciones y sanciones correspondientes, en el aplicativo electrónico Fiscamóvil. Lo dispuesto se realiza en razón de que la estructura punitiva y las variables operativas del Decreto Supremo N.° 003-2022-MTC difieren sustancialmente del Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:17 a. m.)
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El protocolo para la protección y defensa del turista durante la visita apostólica del papa León XIV
Se aprobó el "Protocolo Especial de Actuación para la Protección y Defensa del Turista durante la visita apostólica de su Santidad el Papa León XIV al Perú 2026". La Resolución Ministerial N.° 419-2026-Mincetur establece que la Dirección de Facilitación y Cultura Turística de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico comunica el protocolo aprobado a las entidades integrantes de la Red de Protección al Turista, así como a las Redes Regionales de Protección al Turista, para conocimiento y fines correspondientes, en el marco de sus respectivas competencias.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:18 a. m.)
Los procesos de reajuste integral de zonificación y de cambios específicos de los planos de zonificación no pueden disminuir los niveles de uso del suelo previamente aprobados
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró que constituyen barreras burocráticas declaradas ilegales impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima la prohibición de desarrollar el giro de albergue para jóvenes, el giro de casa de huéspedes y el giro de pensiones en los inmuebles del distrito de Lince que cuentan con zonificación Residencial de Densidad Media (RDM) y que no se encuentran frente a vía expresa, colectora, arterial o avenida. Según detalla la Sala, el artículo 21 de la Ordenanza N.° 1862, modificado por la Ordenanza N.° 2586, establece que los procesos de reajuste integral de zonificación y de cambios específicos de los esquemas o planos de zonificación no pueden disminuir los niveles de uso del suelo previamente aprobados, salvo que la reducción se efectúe mediante un plan específico, plan maestro, plan de desarrollo urbano o el Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima. La Sala señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima es competente para regular la zonificación y aprobar los índices de usos; no obstante, verificó que la Resolución N.° 182-95/MLM-AM-SMDU permitía desarrollar los giros de albergue para jóvenes, casa de huéspedes y pensiones sin restricciones en las zonas residenciales, mientras que la Ordenanza N.° 1017 condicionó su desarrollo en inmuebles con zonificación Residencial de Densidad Media (RDM) a que estuvieran ubicados frente a una vía expresa, colectora, arterial o avenida. En consecuencia, al haber reducido los niveles de uso previamente aprobados sin emplear alguno de los instrumentos de planificación previstos, la Municipalidad Metropolitana de Lima contravino el artículo 21 de la Ordenanza N.° 1862, por lo que la Sala confirmó la ilegalidad de las tres prohibiciones.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:19 a. m.)
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Es ilegal limitar el giro de "oficina administrativa o uso comercial" solo al primer piso de edificaciones multifamiliares ubicadas en la Av. Dos de Mayo (San Isidro)
El Indecopi declaró como barrera burocrática declarada ilegal la medida impuesta por el segundo párrafo del literal a) del artículo 4 de la Ordenanza N.° 1067, que aprobó el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas del Distrito de San Isidro, modificado por la Ordenanza N.° 1328-MML, que actualizó el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro. Esto es la limitación de desarrollar el giro de "oficina administrativa o uso comercial" únicamente en el primer piso de las edificaciones multifamiliares ubicadas en la Av. Dos de Mayo, entre la avenida Arenales y la avenida Guillermo Prescot, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, materializada en el segundo párrafo del literal a) del artículo 4° de la Ordenanza N.° 1067, que aprobó el Índice para la Ubicación de Actividades Urbanas del Distrito de San Isidro, modificado por la Ordenanza 1328-MML, que actualizó el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de San Isidro. Según la Sala, el artículo 21 de la Ordenanza 1862, modificado por la Ordenanza 2586, establece que los procesos de reajuste integral de zonificación y de cambios específicos de los esquemas o planos de zonificación no pueden disminuir los niveles de uso previamente aprobados, salvo que la reducción se efectúe mediante un plan específico, plan maestro, plan de desarrollo urbano o el Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima. La Sala verificó que la Ordenanza 950 permitía desarrollar actividades de oficinas administrativas o comerciales hasta en dos pisos de los predios comprendidos en el ámbito geográfico examinado. Sin embargo, mediante la Ordenanza 1067, modificada por la Ordenanza 1328-MML, la Municipalidad Metropolitana de Lima limitó dichos usos al primer piso de las edificaciones multifamiliares ubicadas en la Av. Dos de Mayo, entre la avenida Arenales y la avenida Guillermo Prescot, distrito de San Isidro. Al encontrarse la barrera materializada en una disposición administrativa, la Sala evaluó su legalidad conforme al marco normativo vigente al momento de resolver. De la revisión de las Ordenanzas 1067 y 1328, no verificó que la reducción del nivel de usos se hubiera realizado mediante alguno de los instrumentos de planificación previstos en el artículo 21 de la Ordenanza 1862. Por tanto, la Sala confirmó que la limitación cuestionada constituye una barrera burocrática ilegal, al disminuir el nivel de usos del suelo previamente aprobado sin observar la excepción contemplada en el artículo 21 de la Ordenanza 1862.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:20 a. m.)
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La importación de grano de trigo (Brasil) y de granos de achiote (Filipinas) deberán superar requisitos fitosanitarios
Con dos resoluciones, el Senasa impuso requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de grano de trigo (Triticum spp.) de origen y procedencia de la República Federativa de Brasil y para la importación de granos de achiote (Bixa orellana L.) de origen y procedencia de la República de Filipinas.
Noticia generada en nov. 11/26 (09:21 a. m.)
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09/07/2026
Resolución del Tribunal Fiscal
8/27/2026
Resolución Indecopi
10/30/2025
Jurisprudencia
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Dólar compra - venta
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S/ 3.710 - S/ 3.717
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Euro compra - venta
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S/ 3.838 - S/ 4.176
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Libra Esterlina compra - venta
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S/ -.- . S/ 4.654
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Salario mínimo
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S/. 1,230
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Asignacion familiar
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S/. 123.00
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UIT
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S/. 5,500
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