|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| |
|
Noticia Extra
|
 |
Son 89 temas prioritarios | La agenda legislativa 2026-2027 de la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2026-2027, que establece 89 temas y proyectos de ley prioritarios para el debate parlamentario, los temas se fijaron en concordancia con los objetivos y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Con la Resolución Legislativa de la Cámara de Diputados N.° 001-2026-2027-CD, se establecen los lineamientos para organizar y priorizar el trabajo legislativo durante el presente período anual de sesiones. Así, por ejemplo, figuran el fortalecimiento del sistema bicameral, las reformas constitucionales, la seguridad ciudadana y las modificaciones a los códigos Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal. Además, se consideran iniciativas vinculadas con los derechos laborales, la inspección del trabajo, el acceso a la salud, la reforma magisterial, la educación universitaria, la protección de poblaciones vulnerables y la formalización de las micro y pequeñas empresas. Sobre materia económica y desarrollo, la agenda incorpora propuestas sobre competitividad, inversión, infraestructura, energía, actividad pesquera, desarrollo agrario y protección ambiental. También contempla asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción, la modernización del sistema de justicia, los derechos humanos, la gestión del riesgo de desastres y la inteligencia artificial.
Noticia generada en nov. 10/26 (09:24 a. m.)
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Fuerza Popular propone fortalecer la defensa jurídica de internos de escasos recursos y reducir el hacinamiento penal
Este proyecto desarrolla una propuesta de ley para fortalecer la defensa jurídica de las personas privadas de libertad con escasos recursos económicos, para garantizar los derechos fundamentales a la dignidad, la vida y la salud de la población penitenciaria, además de reducir el hacinamiento en las cárceles del país. Para lograrlo, de acuerdo con el diputado Pier Paolo Figari Mendoza (Fuerza Popular), se tendría que implementar mecanismos complementarios de revisión de casos y fiscalización del sistema penitenciario, respetando la Constitución y los tratados internacionales. Esta medida se aplicaría únicamente a reos cuya situación no represente una amenaza para la seguridad ciudadana ni para el Estado de derecho. En esa línea, la norma excluye expresamente a las personas sentenciadas por delitos de extorsión, sicariato, secuestro, robo agravado, violación sexual, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, y terrorismo.
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
|
Tener derecho a las prestaciones de salud requiere que la evaluación médica determine algún menoscabo de la salud y que este se deba a la prestación del servicio
En el caso, el demandante prestó servicio militar en el período de 1986 a 1988 en el Ejército del Perú. Mediante Resolución Ejecutiva N.° 08949-2010-SEJ-REG-Conadis, del 15 de noviembre del 2010, se incorporó al accionante al Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Conadis), con el diagnóstico de traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado, conforme se acredita con el certificado de discapacidad de fecha 13 de octubre de 2010 del Instituto Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores, la declaración jurada y demás documentación exigida normativamente. Entonces, "cuando el accidente o la enfermedad son declarados durante el periodo en que se realiza la labor en la institución militar, se presume que la configuración de la invalidez no es un hecho controvertido. En cambio, si la enfermedad es declarada luego de culminada dicha labor, la configuración de la invalidez se convierte en un hecho controvertido; pues se debe determinar si esta se produjo en el periodo en que se realizó el servicio militar; máxime si, cuando se finalizó el servicio, no se realizó una evaluación médica a la persona que lo prestó. Así, la enfermedad puede presentarse durante la prestación del servicio o al término de este, ya que existen enfermedades que pueden manifestarse de distintas maneras y que no impiden necesariamente seguir prestando el servicio (...). Lo expresado no implica, prima facie, que el actor tenga derecho a las prestaciones de salud; pues para ello se requiere que la referida evaluación médica determine algún menoscabo de la salud y que este se deba a la prestación del servicio prestado al Ejército. Para ello, se deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante, el tiempo transcurrido entre la fecha de baja y la fecha de determinación de la enfermedad, las condiciones inherentes al lugar donde permaneció, las agresiones o ataques de las que fue víctima en cumplimiento de sus funciones, entre otros. Por lo tanto, la relación de causalidad no se presume, sino que se tiene que probar (...)" (sic). (V. P. Gutiérrez Ticse)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ El TC reitera: "establecer un plazo máximo de tres años para que se declare la invalidez o incapacidad genera un obstáculo en la accesibilidad de la prestación de salud"
|
La diferencia de sueldos es lícita siempre que existan causas objetivas y razonables que justifiquen la diferenciación
En el ordenamiento laboral, el principio de igualdad y no discriminación remunerativa (amparado en la Constitución y tratados internacionales) exige que a trabajo de igual valor corresponda igual salario. Sin embargo, tal y como reafirma la Corte Suprema (CS), "la diferencia de sueldos es lícita siempre que existan causas objetivas y razonables que justifiquen la diferenciación, como son las competencias, el esfuerzo, las funciones desempeñadas y las responsabilidades asumidas que tengan un impacto diferente en el beneficio de la entidad" (sic). En el caso, por ejemplo, analizando los hechos jurídicamente relevantes, la corte advierte tres escenarios legales distintos: "a) Periodo de octubre a diciembre de 2004. Ambos trabajadores ejercieron el cargo de 'docente a tiempo completo' y percibieron exactamente la misma remuneración básica de S/ 500. Y al no existir diferencia salarial de origen, resulta jurídicamente imposible pretender un reintegro por este lapso. b) Periodo de enero de 2005 a diciembre de 2015. Según la sentencia de primera instancia, el recurrente ha ejercido cargos de docente a tiempo completo, miembro de jurado de tesis, jefe del Programa Académico de Formación General y coordinador en la Oficina de Desarrollo Académico, mientras que el trabajador comparativo ha desempeñado los cargos de jefe del Departamento de Formación General, director de Escuela de Educación, jefe de Oficina de Investigación, jefe del Programa Académico Formación General. Asimismo, ambos trabajadores han percibido una remuneración básica de S/ 500; sin embargo, en febrero del 2007 la remuneración del homólogo se incrementa en la suma de S/ 650,00, esto es cuando pasa a ejercer el cargo de director de Escuela; en tanto la remuneración del demandante se incrementa cuando pasa a desempeñar el cargo de jefe de Programa Académico de Formación General, percibiendo desde diciembre del 2010 la suma de S/ 650,00; posteriormente en enero del 2011, la remuneración del homólogo se incrementa en S/ 3 372,00 ejerciendo en dicha fecha el cargo de director de Escuela y el de jefe de la Oficina de Investigación, en tanto la remuneración del recurrente se incrementa en la suma de S/ 2 475,00 y en setiembre del 2013 en la suma de S/ 3 200,00, estando en el mismo cargo de jefe de Programa Académico. En ese sentido, se concluye que durante este periodo de tiempo ambos trabajadores realizaron funciones distintas, y los incrementos de remuneración se otorgaban en atención al desempeño de los cargos (jefe/director/coordinador); por lo tanto existe una causa objetiva válida que justifica la brecha remunerativa en la medida que el homólogo desempeñó cargos de mayor responsabilidad; descartando de esta forma la existencia de actos de discriminación, por el periodo de tiempo que corre desde enero del 2005 a diciembre del 2015 (...)" (sic). (e) (V. P. Rubio Zevallos)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
|
Las normas que rigen la contratación estatal privilegian los controles posteriores por encima de la presentación de la documentación
En esta sentencia, la Corte Suprema (CS) estableció que "las normas que rigen la contratación estatal privilegian los controles posteriores por encima de la presentación de la documentación, pues ello deriva de lo reglado en el literal i) del artículo 4° del Decreto Legislativo número 1017, que contempla el Principio de Economía (...). Paralelo a esta flexibilización normativa, se han establecido también medidas rígidas en los casos en los que se compruebe que el proveedor no ha cumplido con presentar documentación veraz, ya sea porque esta ha sido adulterada (falsedad por su continente), referido a hechos que no corresponden a la realidad (falsedad por su contenido) o se verifican declaraciones inexactas, en cuyo caso, de comprobarse tales supuestos, se aplicarán las sanciones de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado (...). En el marco de la normativa de contrataciones del Estado y conforme a lo actuado en sede administrativa, se trasluce que el denunciado quebrantamiento del Principio de Presunción de Veracidad se configura en el caso de autos, desde que el tribunal de mérito, luego de describir en el séptimo y octavo considerandos la cuestión factual en relación al brochure presentado en la propuesta técnica de la empresa accionante, que hacen alusión a la diferenciación de tiempos de duración de las baterías del equipo requerido en la licitación pública número 20-2012-Minsa, precisa en el noveno considerando que ello se vería desvirtuado atendiendo a que: '(...) el hecho que se haya efectuado una adaptación del brochure, no significa que el mismo se ajuste a la verdad', para luego concluir en el décimo considerando que: '(...). En consecuencia, se concluye nítidamente que la traducción adoptada por un postor, en modo alguno se encontraba tipificada en el primer supuesto de infracción señalado (...) por cuanto se trata de un documento verdadero y auténtico en su forma y origen (no falsificado), (...)'" (sic). (V. P. Yaya Zumaeta)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
|
El principio de presunción de veracidad está estrechamente ligado al procedimiento de fiscalización posterior
El principio de presunción de veracidad está estrechamente ligado al procedimiento de fiscalización posterior (Cfr., numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.° 27444) que plantea que, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Así, la configuración de una eventual sanción por presentar documentos falsos a las entidades debe acreditar la falsedad de los mismos, "esto es, que no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido" (sic). (V. P. Cartolín Pastor)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
La falta de comunicación entre Indecopi y Sunat sobre la vigencia de una cautelar no es causal de nulidad
En el caso, la parte recurrente sostiene que Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tenía el deber de comunicar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la medida cautelar dictada, destinada a la retención de mercadería, para poder hacer efectivas las medidas de inmovilización; al no hacerlo, y habiendo Sunat ordenado el levantamiento de la inmovilización, su empresa no tenía la obligación de retener la mercadería. Para la Corte Suprema (CS), "se aprecia que la sala superior no niega que debe existir coordinación entre Sunat e Indecopi, sin embargo, de la lectura de los artículos alegados no se aprecia que la falta de comunicación entre las referidas entidades, sea causal de nulidad y/u obstáculo para que Indecopi notifique directamente al administrado la medida cautelar emitida por su parte; por lo tanto, una vez conocido por la empresa recurrente el aludido mandato cautelar, debió velar por su cumplimiento (...). En tal contexto, habiéndose notificado válidamente a la empresa demandante con la medida cautelar emitida por Indecopi, no resulta razonable que esta se ampare en la falta de coordinación entre Sunat e Indecopi, pues, ello no la eximía de acatar el mandato de la aludida entidad administrativa, más aún cuando, como se ha establecido por las instancias de mérito, el señor (...), a través del correo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, indicó que verificarían el cumplimiento de la inmovilización señalada (...)" (sic). (V. P. Corante Morales)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
|
Lo requerido en la disposición de investigación preparatoria es la concreción del núcleo esencial de los hechos imputados
A partir del artículo 336, aparado 2, del CPP, la Corte Suprema (CS) recuerda que, como requisito material, la disposición de formalización de la investigación preparatoria contendrá los hechos y la tipificación específica correspondiente tras la previa determinación de los mismos y de su delictuosidad (artículo 330, apartado 1, del CPP). Esta disposición es un presupuesto para la acusación y la procedencia del juicio oral. "Por lo demás, en una línea progresiva, compatible con la dinámica de la acción penal, del ineludible avance de las investigaciones, la acusación debe contener una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores (artículo 349, apartado 1, literal 'b', del CPP) -ha de relatarse el hecho tal y como lo vería un observador imparcial, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la conducta se realizó [Llobet Rodríguez, Javier: Proceso Penal Comentado, 4ta. Edición, Editorial Dominza-Jurídica Continental, San José, 2009, pp. 463-467], así como, en la medida de lo posible, desde una perspectiva evolutiva, los hechos o circunstancias previas, concomitantes y posteriores-. Es la acusación la que requiere de una descripción fáctica completa e individualizada, desde el reconocimiento del desarrollo escalonado del proceso penal, de concebirlo como un proceso de selección en el que la notitia criminis se va destilando hasta hacer llegar al juicio oral tan solo aquellos hechos punibles, con autor conocido, y respecto al cual no resulta evidente la existencia de alguna causa de extinción, o incluso, de determinadas causas de exención de la responsabilidad [Gimeno Sendra, Vicente: Lecciones de Derecho Procesal Penal, 2da. Edición, Editorial Colex, Madrid, 2003, p. 30] (...). No es preciso que la disposición de formalización contenga una descripción acabada de los hechos de los que luego se puede acusar al investigado. De un lado, porque las diligencias que puedan llevarse a cabo luego de su emisión y registro resulten aspectos fácticos complementarios relevantes, que puedan ser incluidos por la acusación escrita, y que no quedan excluidos de su valoración. De otro lado, porque lo requerido en la disposición es la plasmación del núcleo esencial de los hechos imputados, de forma que permita su correcta identificación al objeto de que el imputado, durante la investigación, sepa qué es lo que se le imputa y pueda organizar su defensa. Ello sin perjuicio que sea la acusación la que proceda a un paso más en la cristalización progresiva del objeto del proceso [cfr.: en lo pertinente, ATSE de 26 de marzo de 2018]" (sic). (V. P. San Martín Castro)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La disposición de formalización no necesariamente debe cumplir con llevar una descripción acabada de los hechos
|
La realización de los actos de investigación no basta para declarar el cese de la prisión preventiva
En el presente caso, la prolongación de la prisión preventiva tuvo, además, como finalidad el que se realicen determinados actos de investigación, los que, según la fiscalía, se realizaron y, considera la defensa, con ello debe cesar la prisión preventiva; pero no es así, "toda vez que la prisión preventiva es una medida coercitiva autónoma, mientras que su prolongación es una que depende de ella; en ese sentido, no cabe el cese de la prolongación invocado por la defensa (...). En cuanto al cese de prisión preventiva es estricto, cabe señalar que no es una figura novedosa, dado que el CPP de 1991, establecía en su artículo 135 que el juez podía revocar de oficio o por petición de parte, el mandato de detención cuando nuevos actos de investigación demostraran que ya no concurrían los motivos que determinaron su imposición. Posteriormente, con la entrada en vigencia del CPP, se reguló expresamente mediante el artículo 283 como una institución autónoma el cese de la prisión preventiva; la que procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestran que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su imposición, resultando necesario sustituirla por una medida de menor intensidad (...). Conforme la evolución de nuestro catálogo procesal penal, la figura siempre fue la de cesación de prisión preventiva, no previéndose una de cese de la prolongación de la misma (...). En consecuencia, la evaluación para el cese de la prisión preventiva se realiza sobre la base de la prisión preventiva impuesta como medida coercitiva autónoma y no a partir de la justificación por la cual se prolongó dicha medida coercitiva; así, la realización de los actos de investigación no basta para declarar el cese de la medida, como tampoco lo es el que la fiscalía requiera, ya en etapa intermedia, el sobreseimiento de determinados delitos a favor de los hoy acusados por hechos específicos; la evaluación en estricto es la existencia de nuevos elementos de convicción que derroten los que fueron presentados por la fiscalía y evaluados por el juzgado al momento de conceder la medida de prisión preventiva. En consecuencia, la solicitud planteada debe ser desestimada en dicho extremo (...)" (sic). (Juez de Investigación Preparatoria Checkley Soria)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
|
¿Cuándo constituye acto previo para inscribir la regularización de fábrica la inscripción del reglamento interno general?
En un caso de acto previo en conjuntos inmobiliarios sin reglamento interno inscrito, el Tribunal Registral (TR) explicó que, "[c]uando una sección de propiedad exclusiva -de facto- forma parte de un conjunto sujeto al régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, la inscripción del reglamento interno general constituye acto previo para inscribir la regularización de fábrica, la independización de nuevas unidades y el reglamento interno particular de dicha sección. La sujeción al régimen opera por mandato legal y no se enerva por la falta de otorgamiento del reglamento interno en el título constitutivo del bien común". (V. P. Morgan Plaza)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
No se pierde el crédito fiscal por el uso del código 9 en el Registro de Compras Electrónico para rectificar operaciones registradas en períodos anteriores
En este caso, la administración tributaria formuló un reparo al crédito fiscal del IGV correspondiente al período marzo de 2017 de la recurrente, al cuestionar la oportunidad de la anotación de los comprobantes de pago en el Registro de Compras Electrónico, bajo el argumento de que su registro se realizó en abril de 2018 mediante el código 9, lo que excedería el plazo legal de doce (12) meses. Sin embargo, el Tribunal Fiscal (TF) advierte que, si bien la referida anotación se efectuó materialmente en el marco de la presentación del Registro de Compras Electrónico del período abril de 2018, en dicha oportunidad se consignó expresamente el período marzo de 2017 y el código 9 para rectificar la información del registro de este último período. Dicho procedimiento obedeció a la imposibilidad técnica de modificar directamente el Registro de Compras Electrónico de marzo de 2017 debido a las restricciones operativas del propio sistema de la Sunat, circunstancia que ha sido reconocida por la propia administración. (V. P. Falconí Sinche)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ Uso del código "9" en el RCE para anotar comprobantes de periodos anteriores no genera la pérdida del crédito fiscal
|
Si no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro
Señala este informe del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que, cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro, de conformidad con el numeral 91.3 del artículo 91 del reglamento. La Directiva N.° 007-2025-OECE-CD y el Manual de Usuario del Módulo de Selección del Seace para Entidades versión 1.6 exigen el registro de la pérdida de la buena pro de forma manual en el Seace; para ello, se debe completar información como el nombre o razón social del postor que pierde la buena pro y la causal de pérdida de buena pro; asimismo, los datos del servidor o funcionario público que realiza el asiento en el Seace como mecanismo de control operativo; por eso, no se requiere la aprobación de la pérdida automática de la buena pro. Y, "cuando el postor ganador pierde la buena pro por la causal prevista en el numeral 91.3 del artículo 91 del reglamento, el plazo máximo de dos (2) días hábiles con los que cuenta la DEC para notificar al siguiente en el lugar de prelación se computa a partir del día hábil siguiente de haber quedado debidamente consentida o administrativamente firme la pérdida de la buena pro del primer lugar y registrado en el Seace el consentimiento de la buena pro del segundo lugar -o que esta haya quedado administrativamente firme-. Dentro de dicho plazo límite de dos (2) días hábiles, la DEC notifica el requerimiento al segundo lugar para que éste, en el plazo legal de ocho (8) o cinco (5) días hábiles, según corresponda, presente los requisitos para el perfeccionamiento del contrato" (sic). (Director Técnico Normativo Marín Huamán)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
|
Toda entidad está obligada a ejecutar los mandatos judiciales sin modificarlos
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) ratifica que las entidades públicas deben ejecutar las resoluciones judiciales en sus propios términos sin calificar su contenido, restringir sus efectos ni interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa, conforme con el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, ante sentencias que ordenen el reconocimiento del tiempo de servicios o el pago de beneficios laborales a favor de un servidor, las oficinas de recursos humanos deben acatar estrictamente lo dispuesto por el juez y, de existir dudas sobre el alcance o la ejecución de la orden, la entidad debe acudir formalmente ante el mismo órgano jurisdiccional mediante los mecanismos procesales correspondientes para solicitar la aclaración del fallo. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil Sixto Joseph Barriga Albis)
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
Información relacionada:
+ La entidad debe cumplir con los mandatos judiciales de manera fidedigna
|
Colombia: un abogado intentó cobrar con documentos falsos acciones de una empresa, lo condenaron, pero rebajaron su inhabilidad
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia modificó la condena a un abogado que intentó cobrar con documentos falsos acciones de una empresa privada. Mantuvo la condena de 48 meses de prisión, por falsedad en documento privado y uso de documento público falso (en concurso homogéneo), fraude procesal y estafa agravada por la cuantía, pero redujo el tiempo de inhabilidad para ejercer la profesión. Si bien se negó la solicitud de nulidad, por considerar que invalidar un primer acuerdo entre el procesado y la Fiscalía no desmejoró las condiciones del condenado, el alto tribunal señaló que esa decisión se sustentó en que no hubo claridad en los términos consignados en el preacuerdo ni en el monto de la pena que acordaron las partes. Y es que el procesado firmó luego un segundo preacuerdo de forma libre, voluntaria y con la debida asistencia técnica, aceptando la nueva pena que se le impuso. En la sentencia se describe que el abogado reclamó el pago de unas acciones de una importante empresa del país por más de $ 371 millones, aportando documentos que posteriormente fueron considerados falsos para acreditar la representación de una accionista residente fuera del país. La defensa alegó que, tras la anulación de una primera sentencia condenatoria, se impuso una sanción adicional de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la Corte rechazó ese argumento. El alto tribunal explicó que la nulidad decretada por el Tribunal Superior de Bogotá eliminó los efectos jurídicos de la primera decisión y buscó proteger garantías fundamentales del procesado relacionadas con la validez del preacuerdo suscrito con la Fiscalía. Por ello, concluyó que no existió agravación indebida de la situación del apelante único. No obstante, la Sala encontró fundado un segundo cuestionamiento, relacionado con la dosificación de la pena accesoria de inhabilitación profesional. Según la sentencia, los jueces aplicaron una modificación introducida por la Ley 1762/15, pese a que los hechos ocurrieron en 2009. La Corte recordó que el principio de legalidad penal impide aplicar retroactivamente normas más gravosas y señaló que debía utilizarse la versión original de los artículos 46 y 51 de la Ley 599/00, vigentes al momento de la conducta investigada. La Corte casó parcialmente la sentencia y redujo la pena de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado de 48 meses a 4 meses. Las demás sanciones impuestas, incluida la condena principal de prisión y la multa, permanecieron sin modificaciones.
Noticia generada nov. 10/26 (08:18 a. m.)
|
Normas publicadas el 10 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 10 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 9 de noviembre del 2026.
Noticia generada en nov. 10/26 (08:00 a. m.)
Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19627
Separata Especial: la optimización del TLC con China rige desde noviembre del 2026
El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China entró en vigor el 1 de noviembre del 2026. Este acuerdo fue firmado en Lima el 14 de noviembre del 2024. La entrada en vigor del protocolo se produce luego de su ratificación mediante el Decreto Supremo N.° 035-2026-RE, publicado el 24 de julio del 2026.
Descargue aquí el documento completo
Noticia generada en nov. 10/26 (09:26 a. m.)
Información relacionada:
+ Perú ratifica el protocolo de optimización del TLC con China
Interior adecua el marco reglamentario de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
La tercera disposición complementaria final de la Ley N.° 32487 establece que el Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento de la Ley N.° 29701 a las modificaciones dispuestas en la Ley N.° 32487 en un plazo no mayor de noventa días calendario, contados a partir de su entrada en vigor. En ese contexto, el Ministerio del Interior adecua el marco reglamentario, a fin de garantizar la correcta implementación de las medidas de identificación y apoyo a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, como mecanismos de participación de la población en materia de seguridad ciudadana. Desde el campo legal, se modifica el artículo 1° (Objeto) y se incorporan los artículos 11 (Registro Nacional de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana), 12 (Asignación temporal de bienes afines a la seguridad ciudadana), 13 (Mecanismos de participación comunitaria), 14 (Incentivos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para los integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana) y 15 (Beneficios educativos), así como la primera (Aprobación del procedimiento de supervisión sobre el correcto uso de los bienes afines a la seguridad ciudadana) y segunda (Adecuación del Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú) disposición complementaria final y la tercera (Implementación progresiva del Registro Nacional de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana), cuarta (Registro digital provisional de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana) y quinta (Custodia y almacenamiento de la información de los registros digitales de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana) disposición complementaria transitoria al Reglamento de la Ley N.° 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas Vecinales y establece el Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 002-2013-IN.
Noticia generada en nov. 10/26 (09:28 a. m.)
Información relacionada:
+ Edición Extraordinaria: Juntas vecinales recibirán bienes afines a la seguridad ciudadana
|
|
|
|
| |
09/07/2026
Resolución del Tribunal Fiscal
8/27/2026
Resolución Indecopi
10/30/2025
Jurisprudencia
|
|
|
Dólar compra - venta
|
S/ 3.710 - S/ 3.717
| |
 |
|
|
Euro compra - venta
|
S/ 3.838 - S/ 4.176
| |
|
|
|
Libra Esterlina compra - venta
|
S/ -.- . S/ 4.654
| |
|
|
|
Salario mínimo
|
S/. 1,230
| |
 |
|
|
Asignacion familiar
|
S/. 123.00
| |
|
|
|
UIT
|
S/. 5,500
| |
|
|
|
|
|
|