Inicio Sobre Legismóvil Ayuda Solicite demo Contáctenos
Motor de Búsqueda
  Palabras:  
   
  Materia:  
   
  Tipo de documento:  
   
  Entidad:  
   
  No. de documento:  
   
  Fecha de expedición:
Desde:
 
 
 
  Hasta:  
 
 
   
Ver Materias
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticia Extra
El nuevo TUPA de la SBS
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). La medida, oficializada mediante la Resolución SBS N.° 02747-2026, deja sin efecto el TUPA de la SBS, aprobado mediante Resolución SBS N.° 01581-2023 y sus modificatorias. El TUPA contiene los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

Noticia generada en nov. 19/26 (08:57 a. m.)
 
 

Incorporarían a las mascotas en las medidas contra la violencia familiar
El diputado Juan Amílcar Villanueva Calderón, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, propone modificar la Ley N.° 30364 -Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar- mediante la incorporación del numeral 11-A al artículo 22, un párrafo al artículo 22-A y el artículo 28-A, a fin de que las amenazas, el maltrato, la sustracción, el ocultamiento o la muerte de animales de compañía se consideren al momento de valorar el riesgo y como supuesto para dictar medidas de protección específicas. Con esto, el juzgado podría prohibir a la persona denunciada acercarse a los animales, maltratarlos, amenazar con dañarlos, sustraerlos, ocultarlos, trasladarlos, transferirlos o disponer de ellos; así como, disponer la entrega provisional de su cuidado a la víctima o a la persona que esta designe, además de autorizar el retiro de las mascotas del lugar donde se encuentren con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
¿Qué principios constitucionales estructuran el test de competencia?
El test de competencia se estructura bajo determinados principios constitucionales. En tal sentido, determina el Tribunal Constitucional (TC), en este caso/demanda de inconstitucionalidad, "se debe analizar en primer lugar el principio de unidad, compuesto por el principio de cooperación y lealtad regional, así como por el principio de taxatividad y cláusula de residualidad y el principio de control y tutela. Por su parte, el siguiente principio que estructura el referido test es el principio de competencia, conformado por el principio de competencias y el bloque de constitucionalidad. La misma manera, otros principios deben ser tomados en consideración como, el principio de efecto útil y poderes implícitos y el principio de progresividad en la asignación de competencias y transferencia de recursos. Estos principios ha sido desarrollados en permanente jurisprudencia de este tribunal, por lo que nos remitimos a lo ya desarrollado en las STC 0020-2005-PI-TC (fund. 34-79) y otras (0024-2006-PI-TC, 006-2010-PI-TC y 008-2010-PI-TC) (...)" (sic). (S. S. Álvarez Miranda)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)

Información relacionada:

+ Los gobiernos regionales no pueden legislar aspectos relativos a la gran y mediana minería, tampoco deciden qué cabeceras de cuencas se declaran intangibles
En la determinación judicial de la pena, la operación matemática de la regla de tres simple no contiene base legal ni jurisprudencial
Al revisar este caso, la Corte Suprema (CS) advirtió que el Tribunal Superior consideró que el sistema de tercios se aplicó erróneamente; en ese sentido, procedió a calcular la pena teniendo en cuenta la responsabilidad restringida del imputado y utilizando la regla de tres simple. Sobre esto último, la máxima instancia judicial precisa "que la determinación judicial de la pena constituye un procedimiento técnico y valorativo cuya función esencial es la concreción cualitativa, cuantitativa y ejecutiva de la sanción aplicable al autor culpable de un hecho punible, tarea que corresponde a los tribunales como una potestad esencialmente unida a la función constitucional de juzgar (...). En el caso concreto, este Supremo Tribunal verifica que el criterio utilizado por la Sala Penal de Apelaciones al determinar la pena y reformarla bajo la aplicación de la operación matemática denominada 'regla de tres simple' no se ampara en ninguna base normativa penal de nuestro ordenamiento jurídico ni, mucho menos, corresponde a algún criterio jurisprudencial emitido por esta Suprema Corte (...). Si bien la individualización de la sanción es inherente a la función de juzgar, esta potestad no es discrecional ni está exenta de control, sino que se trata de un procedimiento técnico sometido estrictamente al principio de legalidad penal o precedentes de obligatorio cumplimiento. De modo que resulta jurídicamente inviable que el juzgador, bajo criterios subjetivos, subvierta el cálculo de la pena a imponer construyendo libremente marcos punitivos (...). En ese sentido, es evidente que la sentencia de vista adolece de un vicio material insubsanable al determinar la pena a imponer sin sustento normativo ni jurisprudencial alguno; en esos términos, corresponde casar dicha decisión y confirmar la sentencia de primera instancia (...)" (sic). (V. P. Campos Barranzuela)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
La adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva exige una circunstancia de especial complejidad que sobrevenga a la prolongación y sea ajena a la actuación del MP
Al resolver este recurso de apelación, la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció que "la adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva exige una circunstancia de especial complejidad que sobrevenga a la prolongación y sea ajena a la actuación del Ministerio Público. No la configuran la devolución de su requerimiento acusatorio por defectos formales, el sobreseimiento que su superior no amparó ni la complejidad ya conocida del proceso, y la demora que de ellas se deriva no puede trasladarse a los procesados" (sic). (V. P. Alva Navarro)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
Es posible interrogar a la acusada en segunda instancia a fin de valorar una eventual suspensión de la pena
Al resolver este recurso de apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dio cuenta que, en la instancia, no fueron presentados nuevos medios de prueba y, por tanto, no se desarrolló actividad probatoria adicional; asimismo, tampoco se produjo oralización de prueba documental. La defensa técnica de la procesada solicitó someter a interrogatorio y contra interrogatorio a la acusada; sin embargo, el presidente de sala señaló que, dado que no es materia de debate la responsabilidad penal de la procesada, no cabe interrogarla. "El director de debates no comparte la postura y expresa que, como se cuestiona la efectividad de la pena y ella se valora en atención a las cualidades personales del agente, resulta procedente admitir el interrogatorio sobre tales circunstancias (...). Luego de deliberar en privado, la sala emite la resolución treinta y seis: Parte Resolutiva: Tras una deliberación, la Superior Sala Penal Admite el Interrogatorio a la Acusada de Forma Restringida, limitándolo exclusivamente a examinar las variables y circunstancias materiales que sirvan para valorar las circunstancias materiales y personales que, según ley, sirven para valorar la eventual suspensión de ejecución de la pena (...). El interrogatorio y contra interrogatorio a la acusada queda registrado en audio y video (...)" (sic). (V. P. Loyola Florian)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
Salas Arenas y la condena al pago de costas: "quien propone un recurso extraordinario, hace valer una opción altamente técnica"
Con lo establecido en los artículos 497, numeral 3, y 504, numeral 2, del Código Procesal Penal, el magistrado supremo Salas Arenas, en un voto discordante, sostiene que el ejercicio de los recursos impugnativos ordinarios constituye un derecho procesal inherente al encausamiento mismo. "Agotado el ejercicio común, es decir, el ejercicio ordinario de los recursos previstos en la ley, sobreviene la posibilidad del empleo de recursos extraordinarios, que están sujetos a requisitos de distinta naturaleza (...). Así, la condena al pago de costas, se erige en una carga respecto de aquel que intentó el recurso extraordinario, más allá de lo común, sin éxito; por lo que dio movimiento a la maquinaria de la justicia, sin poder conseguir su propósito (...). Sobre esa base, quien propone un recurso extraordinario, hace valer una opción altamente técnica, para una decisión también técnica de quienes deben resolver. Han de quedar, por tanto, desalentados los ejercicios fallidos o insuficientes; porque de lo contrario, lo extraordinario, podría más bien convertirse en ordinario (...). Todo ello, sin perjuicio de decidir, claro está, la exoneración expresa de costas, cuando la situación claramente lo amerite; es decir, cuando exista verosimilitud o apariencia tal en el planteamiento que formula el interesado (...). Cumplido el presupuesto fáctico, esto es, la declaración de improcedencia o infundabilidad de un recurso, corresponde condenar al pago de costas que genera la tramitación de este a quien lo promovió infructuosamente, y dicho mandato no resulta arbitrario, en virtud del principio de legalidad (...)" (sic). (V. P. Terrel Crispín)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
La reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal, pero la actitud del imputado luego de cometido el delito ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso
En la evaluación de la prisión preventiva, la Corte Suprema (CS) anota que el contenido de la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo "sigue siendo confuso, pues se podría entender como una referencia a la forma de realización del ilícito penal, a la especial violencia o gravedad con que se ha cometido, lo que directamente supondría un criterio que quiere evitar el riesgo de una posible reiteración delictiva, lo que es inaceptable en una medida cautelar, que no se orienta en fines preventivos propios de la pena, sino en el peligro procesal. Esto se agravaría si se considerara que a lo que hace referencia es a la reacción que el delito produce en la sociedad, la repulsa ante la comisión de ciertos hechos, pues en este caso la prisión preventiva constituiría una sanción que satisface a la sociedad, a la par de una medida de seguridad de carácter preventivo (...). Tampoco se puede entender como una referencia a la reparación civil, pues la importancia del daño civil, está ligada a la pretensión civil, y su riesgo (periculum in mora) tiene diversos medios de protección de esa naturaleza (embargo, incautación, desalojo preventivo, etc.), que no tiene que ver con el peligro procesal de esta medida cautelar personal (...). En consecuencia, la única forma de interpretación no lesiva a derechos del imputado es la que hace referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que agravarían la pena a imponer (...). La propia redacción de la segunda parte de este criterio 'ausencia de una actitud voluntaria del imputado para reparar el daño', implica que no estamos ante circunstancias del hecho, sino ante un criterio de reparación civil inaceptable (...). La reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal, sin embargo, atendiendo a una correcta interpretación, la actitud del imputado luego de cometido el delito, ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal (...)" (sic). (S. S. Villa Stein)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)

Información relacionada:

+ Cómo valorar la magnitud del daño causado al momento de imponer la prisión preventiva sin desnaturalizar la medida coercitiva
La adjudicación es un contrato innominado
Sobre la transferencia por adjudicación, el Tribunal Registral (TR) precisa que la adjudicación no constituye una compraventa -cuyos elementos son la cosa y el precio- ni tampoco una donación -transferencia a título gratuito, sin contraprestación alguna-, sino que se trata de un contrato innominado permitido por nuestro ordenamiento civil. "En caso que los adjudicatarios tengan estado civil de casados y no se encuentre publicitada registralmente su sujeción al régimen de separación de patrimonios, de no precisarse en el contrato que el bien es transferido a título gratuito, se debe aplicar la presunción de ganancialidad establecida en el inciso 1 del artículo 311 del Código Civil, con lo cual el bien adjudicado tiene la calidad de bien social (...)" (sic). (V. P. Beatriz Cruz Peñaherrera)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
Que una persona natural cuente con una autorización a su nombre no le otorga a una empresa el derecho automático de usar esa licencia para operar en el mercado
La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de San Martín recordó que las personas naturales y las personas jurídicas son entes independientes, con sus propios derechos y obligaciones, por lo que el hecho de que una persona natural cuente con una autorización a su nombre no le otorga a una empresa el derecho automático de usar esa licencia para operar en el mercado, aun si la persona natural es socia, gerenta o representante de dicha empresa. En el caso, por ejemplo, para que la institución educativa administrada pueda operar válidamente en el establecimiento supervisado, resultaba jurídicamente indispensable que obtuviera su propia resolución de autorización de funcionamiento o, en su defecto, tramitara y obtuviera formalmente la transferencia/modificación de la titularidad ante la Dirección Regional de Educación de Amazonas. "En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de dicho título habilitante a nombre de la persona jurídica que viene prestando efectivamente el servicio, no se desvirtuaría los hechos inicialmente advertidos durante las acciones de supervisión realizadas por la oficina regional de amazonas (...). En ese contexto, al haberse probado que la administrada presta el servicio educativo de Educación Básica sin contar con la autorización legal correspondiente emitida a su nombre por la autoridad sectorial, esta comisión concluye que se encuentra acreditada la infracción al artículo 73 de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que corresponde recomendar la imposición de la sanción administrativa respectiva en este extremo del procedimiento (...)" (sic). (Pres. Fiorella Melisa Vizcardo Reyes)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
El TF define determinación del costo computable de lotes en proyectos de habilitación urbana
De la lectura del artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, el Tribunal Fiscal (TF) concluye que el legislador tributario estableció una cláusula abierta al referirse a los "gastos necesarios para la puesta en condición de enajenación o aprovechamiento económico" (sic). En consecuencia, todo desembolso o sacrificio patrimonial exigido legal o técnicamente para que un bien resulte apto para su venta integra su costo computable. En un proyecto de habilitación urbana, la segregación y entrega de lotes como aporte al Estado, así como la ejecución de obras de infraestructura sobre ellos, no constituyen actos voluntarios ni liberalidades. Por el contrario, representan condiciones o requisitos legales imperativos para transformar suelo rústico en lotes urbanizados e independizados; por ello, tanto el valor de la tierra destinada a dichos aportes como los costos de habilitación incurridos sobre ella califican jurídicamente como gastos necesarios para colocar a los lotes vendibles en condiciones de ser enajenados. En consecuencia, el contribuyente debe prorratear e incorporar al costo computable de los lotes vendibles el costo del suelo y los desembolsos de habilitación aplicados sobre los lotes aportados obligatoriamente. Para determinar el costo unitario por metro cuadrado, debe distribuir el costo total únicamente entre la totalidad de los lotes destinados a la venta. (V. P. Velásquez López Raygada)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)

Información relacionada:

+ Para acreditar el costo computable de los bienes del activo fijo, no basta con los registros contables ni los comprobantes de pago
OECE: la expresión "conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo" comprende aquellos conceptos económicos vinculados
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) explica que el alcance de la expresión "conceptos vinculados al periodo que originó la ampliación de plazo" comprende aquellos conceptos económicos que, de manera concurrente, se encuentren temporalmente vinculados al periodo que dio lugar a la ampliación de plazo y guarden relación causal con la circunstancia que la originó, y corresponde al contratista acreditar dichos conceptos considerando el programa de ejecución. "De este modo, no resulta suficiente acreditar que un determinado concepto económico se generó durante el periodo adicional de ejecución contractual, sino que debe demostrarse, además, que este se deriva de la circunstancia que determinó la ampliación de plazo (...)" (sic). (...)" (sic). (Director Técnico Normativo. Héctor Marín Inga Huamán)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
El cargo de recepción de la Oficina de Recursos Humanos fija el inicio de la prescripción disciplinaria
Para fijar el inicio del plazo de prescripción disciplinaria, las entidades públicas no deben equiparar el conocimiento individual de cualquier servidor adscrito a la Oficina de Recursos Humanos -o la que haga sus veces- con el de la unidad orgánica misma ni tampoco exigir que su titular tome conocimiento personal y directo de la presunta infracción; en ese sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisa que las entidades deben verificar la fecha exacta en que dicha oficina, en su condición de unidad orgánica, recibió formalmente el documento que describe los hechos constitutivos de la presunta falta, asegurando así un criterio objetivo y verificable para el cómputo del plazo legal. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil Sixto Joseph Barriga Albis)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)

Información relacionada:

+ La figura de la interrupción de la prescripción resulta inaplicable en los procedimientos disciplinarios del régimen penitenciario
En Colombia, ordenan aviso aclaratorio en la película 'Noviembre', por afectar honra del exmagistrado Manuel Gaona Cruz
La Corte Constitucional de Colombia amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, honra, buen nombre y la faceta individual del derecho a la verdad y a la memoria histórica del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y de sus familiares y, en ese sentido, ordenó incluir un aviso aclaratorio según el cual la película Noviembre "es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Los eventos y diálogos no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales". La decisión, que se dio a conocer a través de 'Flash Informativo', se refiere a la acción de tutela presentada por la familia Gaona Bejarano luego de la producción, publicación, distribución y exhibición de la película Noviembre, que hace referencia a los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, conocidos como la toma y retoma del Palacio de Justicia. Aliado de los miembros del M-19. Según los accionantes, el material audiovisual utiliza el nombre del magistrado Manuel Gaona Cruz de forma inexacta, desconociendo los hechos ocurridos. A su juicio, la película muestra al exmagistrado "como un hombre pusilánime, cobarde y un aliado de los miembros del M-19". Así mismo, cuestionaron la forma en que se publicitó, ya que las piezas difundidas afirmaban que la película mostraba la "verdad" de lo ocurrido. El alto tribunal precisó que la película cuestionada, en sí misma considerada, no vulnera los derechos del exmagistrado Gaona y sus familiares, pues es una película de ficción inspirada o basada en hechos reales, lo que implica que los diálogos no son interpretados como hechos realmente ocurridos. Dialogo ficcional. De otra parte, y contrario a lo argumentado en la tutela, señaló que la escena demandada no señala como una aseveración de hecho que el magistrado Gaona tenía una relación cercana con el M-19. Se trata de un dialogo ficcional, al que tampoco le son aplicables cargas de veracidad e imparcialidad. No obstante, consideró que las accionadas violaron los derechos del exmagistrado Gaona y sus familiares al publicitar la película como una obra que mostraba la "verdad" de lo ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia, ya que esto generaba una confusión sobre la naturaleza de la obra y, en concreto, sobre la escena cuestionada en la tutela. La votación fue 6-3 (M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera)

Noticia generada nov. 19/26 (08:18 a. m.)
Normas publicadas el 19 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 19 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 18 de noviembre del 2026.

Noticia generada en nov. 19/26 (08:00 a. m.)

Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19644
Lineamientos para delegar o autorizar a personas naturales o jurídicas para la prestación de servicios en los aspectos de sanidad agraria
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aprobó los Lineamientos específicos para la autorización a personas naturales de los servicios oficiales de inspección fitosanitaria de los procedimientos de 'Certificado fitosanitario' y 'Certificación fitosanitaria de lugares de producción' y ejecución del 'Tratamiento de frío para productos vegetales de exportación' del propio Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Se trata de la Resolución Directoral N.° D000046-2026-Midagri-Senasa-DSV, que precisa que dichos lineamientos contienen los requisitos, obligaciones, condiciones operativas, mecanismos de supervisión y demás disposiciones necesarias para garantizar la idoneidad, legalidad, transparencia, imparcialidad y adecuada prestación de los referidos servicios oficiales.

Noticia generada en nov. 19/26 (08:58 a. m.)
Así vigilará el Minsa el Síndrome de Guillain-Barré en el Perú
Se aprobó la NTS N.° 252-Minsa/CDC2026, Norma Técnica de Salud para la vigilancia en salud pública del Síndrome de Guillain-Barré en el Perú. La medida, dispuesta mediante la Resolución Ministerial N.° 1020-2026/Minsa, deroga la Resolución Ministerial N.° 675-2021/Minsa y se encarga a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General del mencionado portafolio la publicación de la citada norma técnica.

Noticia generada en nov. 19/26 (08:59 a. m.)
Sequía en 2026-2027 | Medidas para atender demandas de uso de agua con fines poblaciones y agrarios
La Autoridad Nacional de Agua estableció, con carácter excepcional y transitorio, medidas destinadas a atender las demandas de uso de agua con fines poblacionales y agrarios, durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM, en varios distritos de diversas provincias por peligro inminente ante déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027 así como durante sus prórrogas, en los distritos que se detallan. Se trata de la Resolución Jefatural N.° 0276-2026-ANA, que establece que en tanto dure la emergencia los administrados que cuenten con la resolución administrativa que apruebe la acreditación de disponibilidad hídrica con fines poblacionales o agrarios, y que cuenten con obras de aprovechamiento hídrico, podrán iniciar de inmediato el ejercicio del derecho de uso de agua, debiendo comunicarlo a la Administración Local de Agua correspondiente en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde el inicio de las actividades. Sin embargo, lo dispuesto no exime al titular de obtener la licencia de uso de agua ni de implementar las medidas que la Administración Local del Agua pudiera dictar para garantizar que el ejercicio del derecho se efectúe conforme a la disponibilidad hídrica aprobada.

Noticia generada en nov. 19/26 (09:01 a. m.)
Actualizados los índices unificados de precios de la construcción para las 13 áreas geográficas - octubre 2026
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) aprueba los índices unificados de precios de la construcción (base: diciembre 2025 = 100) para las trece (13) áreas geográficas correspondientes al mes de octubre del 2026. Estos índices corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por elementos similares y/o afines.

Noticia generada en nov. 19/26 (09:03 a. m.)

Información relacionada:

+ Índices unificados de precios de la construcción para las 13 áreas geográficas - setiembre 2026
Los factores de reajuste para obras producidas en setiembre 2026
Los factores de reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente a las trece (13) áreas geográficas para las obras del sector privado, derivados de la variación de precios de todos los elementos que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en el período del 1 al 31 de octubre del 2026.

Noticia generada en nov. 19/26 (09:04 a. m.)

Información relacionada:

+ Factores de reajuste para obras producidas en setiembre 2026
 
Ultimas Actualizaciones
Indicadores Economicos
Dólar compra - venta S/ 3.710 - S/ 3.717    
Euro compra - venta S/ 3.838 - S/ 4.176    
Libra Esterlina compra - venta S/ -.- . S/ 4.654    
Salario mínimo S/. 1,230    
Asignacion familiar S/. 123.00    
UIT S/. 5,500    

Legis Bogotá - Caracas
COPYRIGHT © 2004 - 2016 LEGIS S.A.
Política de Privacidad - Terminos y Condiciones
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.