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Noticia Extra
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A consulta pública, el procedimiento de Sunat para simplificar y unificar las preferencias arancelarias
El día de hoy, 13 de octubre del 2026, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) oficializó su proyecto de norma que busca simplificar y unificar las reglas para aplicar preferencias arancelarias en las importaciones de mercancías al amparo de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Se trata de la Resolución de Superintendencia N.° 000226-2026/Sunat, que dispone la publicación del proyecto de procedimiento específico denominado "Aplicación de preferencias arancelarias al amparo de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú" DESPA-PE.01.39 (versión 1). Esta propuesta estará disponible en la sede digital de la Sunat durante 15 días calendario, contados desde el 14 de octubre del 2026, para que los operadores de comercio exterior y el público en general puedan presentar su comentarios, aportes y opiniones.
Noticia generada en nov. 13/26 (08:43 a. m.)
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Una votación paritaria entre docentes y estudiantes se realizaría para elegir autoridades en universidades públicas
Esta propuesta pasa por establecer una votación paritaria entre los docentes ordinarios y los estudiantes matriculados en la elección del rector, los vicerrectores y los decanos de las universidades públicas, pues así se podría fortalecer la democracia y la representatividad en el gobierno universitario. El proyecto de ley, firmado por el congresista Juan Amílcar Villanueva Calderón, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, modifica los artículos 66 y 71 de la Ley Universitaria (N.º 30220), lo que implicaría que el rector y los vicerrectores tendrían que asignar el 50 % del peso de la votación a los docentes ordinarios y el 50 % restante a los estudiantes matriculados. Para validar el proceso electoral, la iniciativa exigiría la participación de más del 50 % de los docentes ordinarios y de más del 50 % de los alumnos matriculados. Asimismo, se establecería que la junta electoral declararía ganadora a la lista que hubiese obtenido el 50 % más uno de los votos válidos ponderados.
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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El subprincipio de tipicidad o taxatividad se encuentra vinculado con el principio de legalidad
El Tribunal Constitucional (TC), sobre el subprincipio de tipicidad o taxatividad, como también se le conoce, expresa que se vincula con el principio de legalidad, lo que presupone el encuadramiento de la conducta calificada como delito con el marco descriptivo señalado por la norma, de modo tal que pueda entenderse por el mismo solo aquel supuesto que el legislador expresamente quiso caracterizar. "La tipicidad de esta forma supone proscribir cualquier intento de asumir un delito haciendo uso de la analogía o las interpretaciones extensivas o con mayor razón, apelando a interpretaciones irrazonables o abiertamente arbitrarias respecto de lo que el legislador quiso prohibir y, por ende, sancionar (...)" (sic). (V. P. Ochoa Cardich)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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+ El TC reafirma su competencia para conocer toda vulneración al principio de legalidad penal
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El criterio del órgano fiscal de mayor jerarquía desautoriza la pretensión de aquel de menor nivel, salvo que sea una posición incorrecta
Si bien en la Casación N.° 1773-2018-Lambayeque (ver Información relacionada) la Corte Suprema (CS) explicó que, "en caso de que se encuentren enfrentados los principios de jerarquía, y de legalidad, por la postura jurídica correcta del inferior jerárquico, es de asumir la prevalencia de este último, por su amplitud determinante, que alcanza a todas las personas y, en particular, a todos los órganos del sistema de justicia, incluidos los fiscales, con abstracción de su jerarquía" (sic); la Corte reconoce que ningún derecho, principio o garantía es absoluta. "En ese sentido, el principio de jerarquía se relativiza, restringida y excepcionalmente, a partir del reconocimiento de su aptitud como derrotable, siempre que la opinión del persecutor de inferior jerarquía sostenga una posición correcta frente al superior, lo cual haga prevalecer la vigencia del precepto (constitucional, adjetivo o sustantivo) que, con la opinión contraria, se vería infringido. Se trata de una excepción a la eficacia plena del principio institucional de jerarquía en el ámbito recursal" (sic). (V. P. Baca Cabrera)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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+ No valorar en forma conjunta y razonada todos los medios probatorios infringe el principio de unidad
+ El enfrentamiento entre el principio de jerarquía funcional y el de legalidad se resuelve a favor de este último
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El criterio de la antigüedad laboral no justifica un trato remunerativo diferenciado
La Corte Suprema (CS) recuerda que realizó algunas precisiones sobre los alcances de los criterios de la Casación N.° 208-2005-Pasco, como se desprende, por ejemplo, de la Casación N.° 24071-2019-La Libertad, en cuyo fundamento noveno se señala: "(...) del análisis de las boletas de pago, se observa que no se consideró a la antigüedad como factor de diferenciación, esto es, ha quedado acreditado en autos que, pese a ser una práctica empresarial recurrente, en las boletas de pago de las trabajadoras cuya homologación se pretende, no se evidencia que se les otorgue algún concepto o complemento remunerativo que esté referido al criterio de la antigüedad (...) este supremo colegiado concluye que no existe justificación válida en cuanto al trato remunerativo diferenciado de la actora en relación con las trabajadoras comparativas (...)" (sic). También se debe citar la Casación N.° 11210-2020-Piura, en cuyo fundamento noveno se anotó: "(...) la antigüedad para excluir la regla de igualdad implica la acreditación que el trabajador comparativo percibió una remuneración diferenciada en base a la antigüedad, por tanto, no es suficiente hacer referencia a un trabajador más antiguo para justificar la existencia de un trato remunerativo diferenciado, pues se requiere que esa diferencia se haya traducido en una remuneración diferente a través de los complementos remunerativos, por ejemplo, la asignación por antigüedad, quinquenios, etcétera" (sic). Sin embargo, a pesar de estas precisiones, se sigue generando la patología antes descrita. Así, por citar un ejemplo, cuando analizamos el criterio de la antigüedad, advertimos que las instancias de mérito validan, bajo la invocación de la Casación N.° 208-2005-Pasco, el tratamiento remunerativo diferenciado que el empleador efectúa entre el trabajador A y B, porque este último ingresó a prestar servicios antes que A; lo cual, constituye un razonamiento absurdo si tenemos en cuenta que la multiplicidad de relaciones laborales que tienen los empleadores (sea el Estado o los privados), en el mayor de los casos, conlleva a que los trabajadores tengan diferentes fechas de ingresos, que pueden ir desde 1 día hasta diversos años" (sic). (V. P. Ávila Huamán)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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A la impugnación de la condena del absuelto le corresponde un trámite distinto al de casación
Al igual que lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC), la máxima instancia judicial precisa que el recurso de casación no es el idóneo para poder evaluar la sentencia condenatoria impuesta en segundo grado o instancia al favorecido. En este caso, por ejemplo, "se advierte que la Sala Penal de Apelaciones ha admitido el recurso de casación cuando, estando a la naturaleza del proceso, esto es, la impugnación a la condena del absuelto, corresponde un trámite distinto al de casación, esto es, conforme a lo establecido en el artículo 425, inciso 3, del CPP, según la Ley N.° 31592, que regula el recurso de segunda apelación de sentencia (...)" (sic). (S. S. Campos Barranzuela)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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+ Edición Extraordinaria: Se modifica el Código Procesal Penal para garantizar la pluralidad de instancia en la condena del absuelto
La suspensión de la pena debe superar estos requisitos copulativos
En su recurso impugnatorio, el procesado sostiene que, al haber cumplido tres años, siete meses y diez días de detención, en rigor, el saldo pendiente de la pena ascendería a dos años, diez meses y veinte días, por lo que correspondería disponer la suspensión de su ejecución, al ser inferior a cinco años, de conformidad con el numeral 1 del artículo 57 del CP. Añade que dicha medida resulta razonable y proporcional debido a la ausencia de antecedentes penales y conductas dilatorias u obstruccionistas. Sin embargo, para la máxima instancia judicial, sobre la aplicación de la suspensión de la pena, debe tenerse en cuenta que esta procede únicamente cuando se cumplen ciertos requisitos copulativos, "como que: i) la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cinco años; ii) la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito; y iii) el agente no tenga la condición de reincidente o habitual (...). En ese marco, de una interpretación literal y sistemática de la norma se desprende que el presupuesto relativo al quantum de la pena para la procedencia de la suspensión de su ejecución debe examinarse con relación a la pena impuesta en la sentencia, y no respecto de la pena efectiva. En efecto, el numeral 1 del primer párrafo del artículo 57 del CP alude expresamente a la condena, expresión que remite a la pena fijada como resultado del proceso de individualización judicial, mas no a aquella que resulta tras el descuento del tiempo de privación de libertad sufrido por efecto de medidas cautelares, ya que esta como tal solo afecta el saldo por ejecutar, no la pena en sí. Luego, el accionante excede el máximo de la pena requerida para suspensión. El agravio se rechaza (...)" (sic). (S. S. Báscones Gómez Velásquez)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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La azotea y los aires son conceptos equivalentes, salvo estipulación en contrario
El Tribunal Registral (TR) precisa que la azotea y los aires son conceptos equivalentes, salvo estipulación en contrario del reglamento interno. De esta manera, "el titular de la azotea atribuida como sección de propiedad exclusiva cuenta con la facultad de sobreelevar la edificación, sin que para ello se requiera la desafectación de bienes comunes" (sic). (V. P. Morgan Plaza)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
Se validará el pago realizado a favor de un tercero si se acredita la autorización expresa del emisor del comprobante de pago
El Tribunal Fiscal (TF) recuerda que en las RTF 16405-4-2013 y 00557-3-2016 ha establecido que la Ley N.° 28194 no exige como condición para la validez del uso de medios de pago que el desembolso se efectúe directamente al emisor del comprobante de pago. En consecuencia, resulta plenamente válido que el pago sea canalizado a través de un tercero siempre y cuando se acredite que el emisor del comprobante otorgó la debida autorización para dicha cancelación. (V. P. Flores Talavera)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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+ El pago a un tercero sustenta el uso de medios de pago siempre que el emisor del comprobante otorgue autorización para ello
Los contratos de ejecución de obra bajo el sistema de diseño y construcción contaban con dos obligaciones con prestaciones diferenciables entre sí
Entiende el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que, como un contrato bajo el sistema "diseño u construcción" contiene dos prestaciones diferenciables entre sí, correspondía anotar que los incumplimientos pasibles de aplicación "otras penalidades" debían ser analizados en el marco de la ejecución de cada prestación que conformaba a un contrato bajo dicho sistema. En ese marco, de haberse aplicado otras penalidades en la elaboración del expediente técnico, el monto máximo que se podía acumular por estas era del 10 % del monto contractual vigente correspondiente a la prestación consistente en la elaboración del expediente técnico. "Los contratos de ejecución de obra bajo el sistema de diseño y construcción contaban con dos obligaciones con prestaciones diferenciables entre sí. En esa medida, dado que el retraso injustificado o la mora se analizaba de manera independiente por cada una de las prestaciones, el monto máximo que podía alcanzar cada penalidad debía determinarse siguiendo la misma lógica. En consecuencia, cuando se hubiese configurado un retraso injustificado en la prestación consistente en la ejecución de la obra, el monto máximo que se podía acumular por concepto de penalidad por mora correspondía al diez por ciento (10 %) del monto vigente contractual correspondiente a la prestación consistente en la ejecución de la obra. 3.5. Los incumplimientos pasibles de aplicación "otras penalidades" debían ser analizados en el marco de la ejecución de cada prestación que conformaba a un contrato bajo el sistema de diseño y construcción. En ese marco, de haberse aplicado otras penalidades en la ejecución de la obra, el monto máximo que se podía acumular por estas penalidades era de diez por ciento (10 %) del monto contractual vigente correspondiente a la prestación consistente en la ejecución de la obra (...)" (sic). (Director Técnico Normativo Marín Huamán)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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Los requisitos legales obligatorios para integrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Todo empleador público con veinte o más trabajadores a su cargo debe constituir obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de estructura bipartita y paritaria, es decir, por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. En ese sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) advierte que, conforme con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto los representantes del empleador como los de los trabajadores deben cumplir indistintamente con tres requisitos esenciales: mantener vínculo laboral directo con la entidad, contar con un mínimo de dieciocho años de edad y poseer, preferentemente, capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o desempeñarse en puestos que brinden conocimiento sobre prevención de riesgos laborales. (Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal de Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil Sixto Joseph Barriga Albis)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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+ Para elegir al presidente y secretario del CSST se requiere de consenso entre sus miembros
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Protegen a mujer declarada "interdicta" cuyo proceso de autonomía se frenó por destrucción de expediente
La Corte Constitucional de Colombia amparó los derechos a la justicia, debido proceso, autonomía y dignidad humana de una mujer con discapacidad que había sido declarada en "interdicción" antes de la Ley 1996/19, que garantiza autonomía a todas las personas. Su hermano, quien alegó ser su apoyo legal, intentó un trámite notarial para proteger la vivienda. Sin embargo, se rechazó por falta de revisión del fallo de interdicción. El juzgado encargado perdió el expediente por acto vandálico en 2021. El alto tribunal concluyó que la notaría no vulneró ningún derecho porque actuó conforme al ordenamiento jurídico al no equiparar automáticamente la antigua calidad de guardador del hermano con la nueva figura de apoyo. De otra parte, el juzgado encargado de revisar la interdicción sí incumplió el deber legal de adelantar oportunamente ese trámite, lo que prolongó barreras que afectaron el ejercicio pleno de la capacidad de la agenciada. Aunque se negó la protección directa sobre la vivienda de la mujer, porque el trámite notarial estuvo mal planteado, la verdadera urgencia era resolver la falta de atención del juzgado, lo que vulneró el derecho de la mujer a acceder a la justicia y a tomar sus propias decisiones. El retraso de la justicia en actualizar su situación legal bajo el nuevo modelo de discapacidad era la causa para mantener suspendidos sus derechos económicos y personales. Se ordenó al juzgado accionado reconstruir el expediente del proceso de interdicción y adelantar de oficio todas las actuaciones necesarias para ello, lo cual deberá ser definido en un plazo máximo de dos meses. Si no es posible la reconstrucción total, se deberá dejar constancia de las actuaciones realizadas y adoptar medidas para que esa situación no impida indefinidamente la revisión de la situación jurídica de la mujer, en los términos de la Ley 1996/19. (M. P. Juan Carlos Cortés González)
Noticia generada nov. 13/26 (08:18 a. m.)
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Normas publicadas el 13 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 13 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 12 de noviembre del 2026.
Noticia generada en nov. 13/26 (08:00 a. m.)
Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19633
Edición Extraordinaria: hasta el 31 de diciembre del 2026 rige la emergencia sanitaria por el sarampión
Mediante este decreto supremo, el Gobierno decidió prorrogar desde el 13 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2026 la emergencia sanitaria por brote de sarampión con transmisión local confirmada en el departamento de Puno. La norma también dispone lo mismo en Lima Metropolitana y en los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de la Provincia Constitucional del Callao.
Noticia generada en nov. 13/26 (08:46 a. m.)
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09/07/2026
Resolución del Tribunal Fiscal
8/27/2026
Resolución Indecopi
10/30/2025
Jurisprudencia
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Dólar compra - venta
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S/ 3.710 - S/ 3.717
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Euro compra - venta
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S/ 3.838 - S/ 4.176
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Libra Esterlina compra - venta
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S/ -.- . S/ 4.654
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Salario mínimo
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S/. 1,230
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Asignacion familiar
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S/. 123.00
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UIT
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S/. 5,500
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