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Calidad de exportación | Nuevas guías para implementar las normas técnicas sobre cacao y chocolate
A través del proyecto "Fortalecimiento de la calidad del café y el cacao para las exportaciones del Perú", que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la competitividad de las exportaciones de la cadena de valor del café y el cacao en el Perú mediante la implementación de servicios de infraestructura de calidad en regiones piloto, y en el marco del programa Calidad Global y Normas (GQSP) de la Cooperación Suiza-SECO y ONUDI en el Perú; el Gobierno aprobó las siguientes Guías de Implementación Peruanas: (1) GIP 109:2026 Guía de Implementación de la Norma Técnica Peruana NTP 208.040:2026 Cacao y Chocolate. Buenas prácticas para la cosecha y beneficio. 2ª Edición, que reemplaza a la GIP 109:2021, y (2) GIP 112:2026 Guía de Implementación de la Norma Técnica Peruana NTP 107.316:2026 Cacao y Chocolate. Requisitos mínimos para la implementación de laboratorio de control de calidad de cacao. 1ª Edición. Esta decisión deja sin efecto la GIP 109:2021 Guía de Implementación de la Norma Técnica Peruana NTP 208.040:2017 Cacao y Chocolate. Buenas prácticas para la cosecha y beneficio. 1ª Edición

Noticia generada en nov. 20/26 (09:03 a. m.)
 
 

Simplificarían requisitos sanitarios para las micro y pequeñas empresas sin bajar la inocuidad alimentaria
El grupo Fuerza Popular, mediante una iniciativa del congresista Carlos Alberto Zegarra Sánchez, propone incorporar criterios de proporcionalidad y simplificación administrativa en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1290, modificada por la Ley N.° 31842, para vincular las cargas documentales exigibles a las micro y pequeñas empresas con el riesgo sanitario y las características de su proceso productivo, permitir alternativas equivalentes de acreditación y preservar la inocuidad alimentaria y la protección de la salud pública, estableciendo que la clasificación del riesgo considere los peligros del alimento, el proceso productivo, la conservación, la distribución y la población consumidora, y que las diferencias en requisitos documentales respondan a criterios técnicos, sin que el tamaño empresarial justifique por sí solo menores condiciones de inocuidad.

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
El BCRP amplía los límites de inversión generales para los fondos administrados por las AFP
El Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25-D del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por Decreto Supremo N.° 054-97-EF y sus modificatorias (el TUO de la Ley AFP), aprobó elevar el límite de inversión a 51. 5 % que realicen los fondos de pensiones administrados por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) en instrumentos emitidos por Gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica mayoritariamente se realice en el exterior, a fin de promover una mayor diversificación de las inversiones de las AFP. Desde el campo legal, se modifica el literal d. de la sección I., Límites de Inversión Generales, de la Circular N.° 0027-2018-BCRP, que establece los porcentajes operativos máximos para los límites de inversión generales y el sublímite de instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Peruano en el contexto del mencionado artículo 25-D del TUO de la Ley AFP.

Noticia generada en nov. 20/26 (09:04 a. m.)
El contencioso-administrativo es una vía célere y eficaz respecto del amparo para verificar la nulidad de resoluciones dadas en un procedimiento administrativo sancionador
En el presente caso, para el Tribunal Constitucional (TC), desde una perspectiva objetiva, "tenemos que el proceso especial, previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley 27584, aprobado por el Decreto Supremo 011-2019-JUS, cuenta con una estructura idónea para acoger la pretensión de la demandante (solicita la nulidad de resoluciones emitidas en el marco de un procedimiento administrativo sancionador). Es decir, el proceso contencioso-administrativo se constituye en una vía célere y eficaz respecto del amparo, donde puede resolverse el caso de derecho fundamental propuesto por la demandante (...). Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso se transite la vía ordinaria. De igual manera, tampoco se verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del daño que pudiera ocurrir, pues no basta con alegar la imposibilidad de ejercer función pública para tal fin, al tratarse de una inhabilitación temporal. Por lo expuesto, se concluye que en el caso concreto existe una vía igualmente satisfactoria, que viene a ser el proceso contencioso-administrativo, por lo que la demanda debe ser rechazada por aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional (...). A mayor abundamiento, cabe recordar que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces imparten justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos fundamentales no pasibles de tutela mediante los otros procesos constitucionales de la libertad, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado, máxime si en el presente caso parte de la discusión versa sobre la aplicación de la legislación infraconstitucional sobre la materia (...)" (sic). (V. P. Ramos Núñez)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
No existe sustento legal para que una nulidad de acto jurídico de sucesión intestada notarial se tramite en un proceso contencioso administrativo
En este caso, la máxima instancia judicial advierte que "la conclusión de desestimar la demanda de nulidad de acto jurídico obedeció -según el ad quem- en establecer que el documento de sucesión intestada notarial es un acto administrativo, que debió ser impugnado en un proceso contencioso administrativo; sin embargo, tal proposición que inclusive el órgano de segunda instancia la presenta con una consecuencia jurídica, no se desprende de las normas jurídicas que la propia sala de mérito estableció como marco normativo (artículo 2° del Decreto Legislativo 1049, artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo 1049, T.U.O. de la Ley 27584), así como de la Sentencia del Tribunal Constitucional 0301-2004-HD-TC, las cuales se limitan a establecer que el notario público por delegación del Estado, ejerce una función pública pese a no ser funcionario público; sin establecer que los documentos expedidos por este profesional, se traten de actos administrativos; de ahí que la consecuencia jurídica que el ad quem deriva para concluir que la demanda del presente caso (sobre nulidad de acto jurídico de sucesión intestada notarial) deba ser tramitado en un proceso contencioso administrativo carece de sustento legal; por lo que la sentencia impugnada en este extremo también se encuentra viciada de nulidad (...). Máxime si el proceso civil es el adecuado para seguir los procesos de nulidad de instrumentos públicos notariales, ya que el notario público no actúa como funcionario público al expedir dicha documentación y que si bien ejerce función pública, como lo indica el artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1049, este no conlleva a la emisión de actos administrativos donde intervenga el Estado (...)" (sic). (V. P. Proaño Cueva)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
La teoría del precedente, según la Corte Suprema
Sobre este tema, escribe la Corte Suprema (CS) lo siguiente: "(...) The Case System (teoría del precedente) es el sistema judicial por el cual se resuelve un conflicto jurídico tomando como referencia la resolución judicial histórica y anterior que sobre el mismo asunto se haya emitido. Posee dos supuestos: a) Judicial precedent o antecedente judicial (comúnmente llamado precedente) por el cual cualquier resolución judicial, sin importar la jerarquía o el lugar en que se expida, puede servir para resolver el caso, siempre que las notas esenciales entre ambos casos sean idénticas; y b) Leading case o jurisprudencia vinculante. Son procesos emblemáticos que, en virtud de su uso frecuente y consuetudinario, son admitidos para resolver controversias futuras. Incluso, el writ of certiorari (escrito de certeza) puede llegar a impedir que demandas de ese estilo sean postuladas (...)" (sic). V. P. Luján Túpez)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)

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+ Los casos jurisprudenciales son homologables si comparten las mismas notas características esenciales, no las accidentales
La actuación de prueba ante el tribunal de apelación solo ocurre si se pretende una modificación de la valoración de la prueba personal actuada en segunda instancia
La Corte Suprema (CS) explicó que el proceso judicial que materializa el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva solo posee dos instancias: La instancia de primer grado, "que despliega el juicio de conocimiento o juicio de hechos (juicio cognitivo fáctico) que bajo una estricta, crítica y objetiva aplicación de los principios y técnicas epistemológicas e ineludiblemente dialécticas, permita determinar si la hipótesis de acción (postulativa o requerida) -en el proceso penal, la acusatio hypothesi-; o la hipótesis de contradicción (defensiva o reactiva) -en el proceso penal la innocentia hypothesi o contradictio hypothesi-; es la certera o vencedora, por estar escoltada de prueba suficiente (a veces necesaria) para acreditar sus afirmaciones. De allí que en esta instancia el principio rector sea el de inmediación. La instancia de segundo grado, cuyo rol es el desplegar el juicio de revisión, luego, bajo la rectoría del principio de sindéresis razonable o de justificación (interna, externa y de sentido); salvo que se requiera al tribunal el ejercicio de su potestad rescisoria, es decir cuando se requiere una decisión revocatoria sin reenvío, en cuyo caso, al órgano jurisdiccional de alzada le es imprescindible adentrarse en el juicio fáctico, sin que se elimine la posibilidad de realizar un juicio de revisión (in iudicando o in procedendo) al mismo tiempo (...). Lo cual nos permite vislumbrar las siguientes reglas:
13.1. Si la pretensión impugnatoria (petitum) es revocatoria o rescisoria; o bien, la causa de pedir (causa petendi) incide directa o indirectamente en la modificación del fáctico (quaestio facti) acreditado por inmediación en primera instancia, entonces resulta ineludible la postulación de renovada actuación probatoria, en particular de la prueba personal o incluso volviendo a convocar a la ya actuada, siempre que no se trate de incursionar en revictimización o prueba imposible.
13.2. Si la pretensión impugnatoria (petitum) es anulatoria o rescindente, o bien, la causa de pedir (causa petendi) es únicamente la verificación de vicios o nulidades que exigen el reenvío para un renovado juzgamiento, la actividad epistemológica se rige bajo las reglas de la sana crítica (ex artículo 158.1 del CPP) compuesta por el conocimiento científico contrastable, las reglas y principios de la lógica, las máximas de la experiencia, los principios de ius cogens internacional o el derecho consuetudinario de concordancia práctica con los Derechos Fundamentales.
13.3. En consecuencia, la exigencia de aporte probatorio en segunda instancia, y, por consiguiente, la inexorable actuación de prueba ante el tribunal de apelación solo ocurre cuando se pretende una modificación de la valoración de la prueba personal actuada en segunda instancia, o bien, cuando se pide al ad quem, la (quaestio facti). No es necesaria, por lo contrario, cuando al superior solo se le pide un juicio de revisión (quaestio iuris), bien sea porque se audita documentos, pericias o informes de prueba anticipada, incluso, cuando se aprecia razonamientos defectuosos sobre la prueba (motivación falseada o motivación incoherente), o cuando existen zonas abiertas, que se da cuando el juez asume como probado un hecho a través de la prueba personal: a) Apreciada con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto. b) Oscura, imprecisa, dubitativa, ininteligible, incompleta, incongruente o contradictoria en sí misma. c) Son desvirtuadas por pruebas practicadas en segunda instancia.
13.4. Si el fáctico permanece inmutable (immutabilitas quaestio facti) o el órgano de alzada superior no incursiona en la quaestio facti (juicio de hechos), entonces, la falta de aporte probatorio en segunda instancia es tolerable, aun cuando la pretensión sea revocatoria, por ejemplo, cuando se requiere por legalidad el incremento de la pena impuesta, al haberse impuesto en primera instancia una pena ilegal; o cuando se requiere la absolución del condenado con motivación falseada en la sentencia de primer grado; etcétera (...)" (sic). (V. P. Luján Túpez)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
La gravedad del resultado, por sí sola, no determina la improcedencia de la suspensión de la pena
Para la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la gravedad del resultado, por sí sola, no determina la improcedencia de la suspensión de la pena. Además, "el homicidio culposo no es un delito doloso ni se encuentra entre los delitos excluidos de la suspensión por el artículo 57 del Código Penal (...). La gravedad de la conducta ya fue tomada en cuenta al momento de realizar su tipificación (homicidio culposo agravado por conducción en estado de embriaguez); también ha sido valorada al momento imponer la pena de inhabilitación para conducir vehículos motorizados de forma definitiva (...). En tal sentido, lo que corresponde es evaluar si existen elementos materiales que permitan inferir que la acusada no volverá a cometer un delito de similar naturaleza (...). Así pues, en autos no obra evidencia de fuga. La acusada no tiene denuncias por incumplimiento de reglas de conducta, entregó su pasaporte, compareció a las diligencias y fue encontrada en su domicilio cuando la autoridad la requirió (...). Tampoco se ha acreditado denuncia o imputación por omisión de auxilio o fuga del lugar del accidente vinculada a los hechos (...). La defensa sostuvo que activó el SOAT y solicitó apoyo del SAMU, y aunque el actor civil cuestiona esa versión, lo cierto es que el delito de omisión de auxilio no fue materia de ejercicio de la acción penal. Por otro lado, la personalidad de la agente también favorece el pronóstico, en tanto se trata de una persona con actividad laboral conocida y estable (gerente de una empresa), con estudios superiores y sin antecedentes penales (...). La circunstancia de haber conducido con licencia vencida desde el año 2022 у bajo los efectos del alcohol es grave, pero ya fue considerada al momento de determinar el 'quantum' de la pena y la inhabilitación (precisamente, la inhabilitación definitiva para conducir cualquier tipo de vehículo motorizados neutraliza el riesgo de reiteración) (...). El artículo 57 del Código Penal no exige que concurra una ausencia total de gravedad sino un pronóstico favorable debidamente motivado. En este caso, la conducta de la acusada, su arraigo, el pago a cuenta de significativos montos de reparación parcial, la aceptación de cargos y la imposición de pena de inhabilitación definitiva, permiten arribar válida y razonablemente al pronóstico favorable que requiere el artículo 57 del Código Penal (...)" (sic). (V. P. Loyola Florián)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
La norma exige una entrega física o digital por escrito del reglamento interno del centro educativo a cada usuario
En el presente caso, como resultado de la supervisión llevada a cabo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) imputó al centro educativo que habría incumplido con el deber de brindar oportunamente y por escrito el reglamento interno a los usuarios del servicio educativo, pues, de la revisión integral de la documentación recabada durante las acciones de control, no se identificó constancia o medio probatorio alguno que acredite la entrega previa de dicho documento institucional antes del inicio del proceso de matrícula. Esto vulnera lo establecido en el artículo 74, numeral 74.1, literal a), del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en concordancia con el artículo 14 numeral 14.1 literal a) de la Ley N.° 26549 (modificada por el Decreto de Urgencia N.° 002-2020-Minedu). Ante los descargos del colegio que señaló que se realizó una asamblea para informar del reglamento, el Indecopi determina que este argumento "no hace más que confirmar la comisión de la infracción, toda vez que de acuerdo con el artículo 14 del Decreto de Urgencia N.° 002-2020-Minedu, las instituciones educativas privadas están obligadas a entregar el reglamento interno actualizado a los padres de familia en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario antes del inicio del proceso de matrícula; sin embargo, en este caso se advierte que la norma exige una entrega física o digital por escrito a cada usuario, una mera exposición verbal en asamblea general no sustituye ni cumple con la entrega formal del documento (...)" (sic). (Pres. Fiorella Melisa Vizcardo Reyes)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
El servicio de reserva de alojamiento a través de plataformas tecnológicas de no domiciliados califica como servicio digital sujeto a retención
En el caso, el Tribunal Fiscal (TF) confirmó que los servicios que prestaron los sujetos no domiciliados a la recurrente de acceso a sus plataformas tecnológicas (extranet) [únicamente se accedía por internet] mediante las que promocionaba sus habitaciones de hospedaje para que los usuarios finales pudieran reservarlas (un servicio esencialmente automático) calificó como servicio digital utilizado económicamente en el país, pues sirvió para que la recurrente perceptora desarrollara sus actividades de servicios de habitación de hospedaje en territorio nacional (Iquitos) [Cfr., el inciso b) del artículo 4°-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta]. De esta manera, las retribuciones que recibieron los sujetos no domiciliados por los servicios digitales que prestaron a la recurrente califican como rentas de fuente peruana, según lo establecido en el inciso i) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta; por ello, la recurrente debió efectuar retenciones del Impuesto a la Renta, por los pagos que efectuó por dichos servicios [Cfr., inciso j) del artículo 56 de la citada ley], lo que no hizo, por tanto, el reparo formulado se encuentra arreglado a ley. (V. P. Huertas Lizarzaburu)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)

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"Conceptos reconocidos por la entidad contratante" aluden a los conceptos temporalmente vinculados al periodo que dio lugar a la ampliación de plazo
Según opina el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), la expresión "conceptos reconocidos por la entidad contratante" alude a aquellos conceptos -que, de manera concurrente, se encuentren temporalmente vinculados al periodo que dio lugar a la ampliación de plazo y guarden relación causal con la circunstancia que la originó- cuya procedencia ha sido determinada por la entidad contratante, sobre la base de su acreditación por el contratista y de la evaluación correspondiente. Esta expresión comprende los conceptos económicos acreditados por el contratista que, luego de la evaluación efectuada por la entidad contratante, son reconocidos para su presentación en las valorizaciones. Además, tratándose de la ampliación de plazo prevista en el numeral 201.1 del artículo 201 del reglamento, la acreditación consiste en que el contratista sustente la certeza de los conceptos cuyo reconocimiento pretende, los cuales deben estar vinculados al periodo que originó la ampliación y guardar relación causal con la circunstancia que la originó. "Por su parte, en el supuesto de suspensión de plazo previsto en el numeral 202.3 del artículo 202 del reglamento, la vinculación exige que los costos directos y/o mayores gastos generales correspondan al periodo en que se mantuvo suspendida la ejecución; mientras que la acreditación consiste en que el contratista presente el sustento que de certeza de dichos costos y/o gastos y permita sustentar su correspondencia con la suspensión invocada y el periodo en que esta se mantuvo. Para efectos de la acreditación prevista en los numerales 201.1 y 202.3 del reglamento se requiere que el contratista presente el sustento que dé certeza de que el costo o gasto fue efectivamente incurrido y de que ello se vincule con la ampliación o suspensión bajo los términos previstos en los referidos artículos, según corresponda (...)" (sic). (Director Técnico Normativo Héctor Marín Inga Huamán)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
La licencia sindical garantiza una negociación colectiva efectiva
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisa que la licencia sindical con goce de remuneraciones, regulada en el artículo 11 de la Ley N.° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, garantiza el ejercicio efectivo de la negociación colectiva en el sector público, alineándose con el Convenio N.° 151 y la Recomendación N.° 143 de la OIT. De acuerdo con el criterio de Servir, los miembros de la comisión negociadora pueden ejercer esta facilidad en una o varias oportunidades según lo exija el trámite, abarcando tanto la etapa previa a la presentación del pliego, para elaborar el proyecto de convenio, como el período posterior a la firma del acuerdo o emisión del laudo arbitral, facilitando así la difusión y ejecución de los beneficios obtenidos. (Ejecutivo (a) de Soporte y Orientación Legal (e) Dirección de Políticas de Gestión del Servicio Civil Ivana Javier Cuba)

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)

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El consumidor solo está obligado a pagar el precio anunciado
El Estatuto del Consumidor (Ley 1480/11) de Colombia regula el derecho que le asiste a los consumidores a recibir información completa, clara, veraz, suficiente, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los bienes y servicios que se les ofrecen, con el fin de que cuenten con los elementos de juicio necesarios para elegir y adoptar decisiones de consumo razonables. En ese sentido, precisó la Superintendencia de Industria y Comercio, productores y/o proveedores responden por el suministro de información inadecuada o insuficiente o por la publicidad engañosa bajo criterios de responsabilidad objetiva y solo pueden exonerarse cuando demuestran fuerza mayor, caso fortuito o que la información fue adulterada o suplantada sin que se haya podido evitar. El artículo 26 de dicha normativa, sobre información pública de precios, dispone que el proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos. El precio debe informarse visualmente y el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado. En el caso bajo análisis, se acreditó que el demandante pagó un mayor valor al informado por la demandada respecto de los productos que adquirió, al haberlos pagado dos veces, una en efectivo y otra mediante tarjeta débito, lo que motivó la reclamación directa del consumidor, solicitando la devolución del dinero. Al momento de pasar la tarjeta el datáfono generó error, por lo que se recibió el pago en efectivo. En el banco le informaron al consumidor que el dinero se debitó de su cuenta. A pesar de que el demandado en la respuesta entregada alegó en todo momento que el dinero nunca fue recibido, de las pruebas aportadas se logró evidenciar que el dinero sí fue descontado de la tarjeta débito. Se ordenó reintegrar, mediante consignación o transferencia, el dinero pagado de más, es decir, $ 290.066.

Noticia generada nov. 20/26 (08:18 a. m.)
Normas publicadas el 20 de noviembre del 2026
A continuación, acceda a las normas legales publicadas en la edición del Diario Oficial "El Peruano" correspondiente al día 20 de noviembre del 2026. Y en el enlace inferior encontrará la edición extraordinaria del día 19 de noviembre del 2026.

Noticia generada en nov. 20/26 (08:00 a. m.)

Edicion Extraordinaria de Normas Legales 19646
 
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